La dirigencia de la Sub Central de Pueblos Indígenas Mojeños, Yuracaré-Chimane del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) denunció la “ejecución de proyectos fantasmas” por más de 20 millones de bolivianos, así como el acoso permanente del gobierno a través de agentes políticos en las comunidades que resisten a la construcción de un proyecto carretero que pretende atravesar el corazón del territorio indígena entre los departamentos de Cochabamba y Beni, en Bolivia.
En un comunicado, denunciaron que las comunidades indígenas “están siendo asimiladas como objeto de uso por campañas políticas, prebendas, cooptación y la desinformación sobre el proyecto carretero”; además, advirtieron la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) para evitar el arribo de una comisión del Tribunal Internacional de Derecho de la Madre Naturaleza a Bolivia, donde atestiguarían las estrategias implementadas por los funcionarios oficiales para dividir a las comunidades afectadas por la construcción de la carretera.
“De acuerdo a la inspección ocular realizada en la zona central del TIPNIS entre el 27 de noviembre al 21 de diciembre de 2017, se evidenció que las comunidades indígenas viven en una situación vulnerable donde no existen servicios básicos como la salud, educación y desarrollo, es más, las comunidades manifiestan que son amenazadas por el gobierno central a través de sus agentes políticos partidarios con violencia de poder político económico, cultural y lingüístico si se oponen a la construcción de la carretera por el territorio”, señala el documento.
Según la Sub Central del TIPNIS, similar situación se encontró en la zona alta del río Sécure, donde las comunidades están abandonadas, sin servicios básicos necesarios, pero que contrariamente se tiene la información con documentos que se ejecutaron proyectos por más de 20 millones de bolivianos para tanques elevados de agua potable, módulos ganaderos, postas sanitarias, poyectos productivos y otros. “Son discursos engañosos para distraer a las comunidades y acepten la construcción de la carretera”, afirman los pueblos indígenas.
La carretera no va
En el año 2012, el MAS pretendió renunciar al proyecto debido a la presión de las comunidades indígenas bolivianas y tras la pérdida de un crédito de 332 millones de dólares otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) brasileño, el cual allanaría el camino para la construcción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con una extensión de 306 kilómetros.
El 15 de agosto de 2011, ante las obras iniciadas por la constructora brasileña OAS, en los tramos I y III, sin previa consulta, aproximadamente 1,500 indígenas de tierras bajas decidieron iniciar una marcha desde Trinidad, Beni, hasta La Paz, en rechazo a la construcción de la carretera, porque atravesaba por el corazón del área protegida. El 25 de septiembre, cerca de 500 efectivos policiales intervinieron violentamente la marcha. Tras los hechos y debido a la presión social el gobierno del MAS se vio forzado a promulgar una ley para declarar la zona como intangible lo cual vetó la construcción de la carretera.
Pese a que Bolivia promulgó las leyes 249 y 273 para la ampliación de la consulta libre, previa e informada sobre el proyecto carretero, las comunidades indígenas aseveraron que nunca existió dicho procedimiento.
De igual manera en 2017, en el proceso de legislación más rápido de la historia de Bolivia, diputados del MAS suspendieron la ley de protección especial del TIPNIS, reiniciando con ello la intención oficial de concretar la construcción de la vía carretera.
La vía Villa Tunari - San Ignacio de Moxos es parte de los 22 proyectos camineros que propone asfaltar el MAS entre el 2015 – 2020 mediante la Administradora Boliviana de Carreteras.
