Cinco observadores de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) se retiraron de la comunidad tsotsil Nuevo San Gregorio, en Chiapas, ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista.
Al parecer, las agresiones vienen de personas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre que buscan desplazar a los zapatistas y apropiarse del territorio.
Los ataques iniciaron en 2019 y, desde entonces, son constantes, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Por ello, el 3 de marzo de 2021, se instaló en la comunidad el campamento de las BriCo.
Sólo en 2022, las brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de cinco familias –27 personas- que habitan Nuevo San Gregorio, localidad perteneciente al territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, del Caracol 10 "Floreciendo la Semilla Rebelde", de la Junta de Buen Gobierno "Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad".
En las videograbaciones del trabajo de observación, una joven denunció que fue amenazada con ser secuestrada por uno de los ‘invasores’. “Sentí miedo, sentí mucho miedo. Antes podíamos salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos y mis papás, pero desde que empezó el problema ya da miedo. Regresé temblando”.
Los más pequeños plasmaron en dibujos el contexto de la comunidad. “No hay días que no vengan, así como se ve en los dibujos vienen con palos y machetes”, dijo una adolescente. Mientras un niño dijo sentirse muy triste por todo lo que están viviendo.
A pesar de los tres años de denuncia pública y directamente al Estado mexicano, no existe atención ni avances, mientras las violencias no cesan y van desde intimidaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y de tortura; agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes; cortes de agua, vigilancia; obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas.
Propuestas de solución
Las 155 hectáreas de Nuevo San Gregorio se localizan en Hixtán, Chiapas. Son parte de los territorios recuperados en 1995 tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Vimos una presencia diaria de los invasores. Pusieron alambre en todas partes; los habitantes están prácticamente secuestrados en su propio pueblo, no pueden vivir libremente: las mujeres tienen que quedarse en casa, la niñez no puede ir a la escuela normalmente y está atrasada; tampoco pueden cultivar”, señalaron los brigadistas que salieron de la comunidad el pasado 28 de junio tras recibir amenazas directas.
El 10, 15 y 19 de junio de 2022, las brigadas registraron nuevamente agresiones que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de las BAEZLN (Base de Apoyo del EZLN), así como el riesgo de desplazamiento forzado de toda la comunidad y violaciones graves contra el derecho al libre tránsito en la región.
Los habitantes conjuntamente con la Junta del Buen Gobierno intentaron dialogar con los invasores, entonces se entregaron tres propuestas: trabajo en común, una hectárea por cada persona invasora o la mitad de la tierra recuperada.
“Ellos nunca aceptaron y la intención es adueñarse y quieren que nos vayamos a pesar de que somos habitantes. Nosotros no nos estamos adueñando, somos guardianes y guardianas”; “la tierra es para trabajarla no es para hacerla un negocio”, dijeron los habitantes.
Se dicen afectados psicológicamente, pues detienen todas sus actividades para estar alerta cuando llegan los invasores atacando la autonomía y libre determinación de los pueblos.
La preocupación incrementa junto con las agresiones y la obstaculización del trabajo de los observadores al ser parte fundamental de la documentación y denuncia de lo que sucede en esta comunidad.
“Sería imposible saber lo que ocurre. Son personas que quieren vivir en paz y tienen una filosofía colectiva”, son defensores de la tierra, agregaron dos brigadistas franceses que dieron parte de los hechos al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU.
Al respecto, Frayba reconoció que no es la única comunidad atacada de los 110 campamentos de observación instalados en comunidades que están documentando 11 mil personas de diferentes continentes.
“Esperamos que el estado mexicano sea llamado por otras instancias para que cumpla con sus obligaciones”, agregó Frayba.
