En portada: Un campesino limpia el suelo para evitar que el fuego llegue a su parcela en la Amazonía brasileña.
Ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas del estado del Pará, en la Amazonía brasileña, en la región del río Tapajós, han denunciado los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos provocados por la empresa multinacional de Estados Unidos Cargill, una de las líderes mundiales en la exportación de commodities agrícolas.
La empresa es responsable por la construcción de infraestructura, como puertos, para dinamizar la exportación de granos, como la soya, en expansión en las regiones norte y centro de Brasil para el mercado exterior, principalmente Europa y Estados Unidos.
Cargill llegó a la región hace 20 años. Primero en el municipio de Santarém, después expandió su actuación en otra parte del río, en el municipio de Itaituba, distrito de Miritituba, donde construyó una estación de transbordo de cargas. La empresa opera entre 650 y 700 embarcaciones en el mundo, según declaró el presidente de la empresa en Brasil para la Revista Forbes.
De acuerdo con el estudio Sin Licencia para Destrucción: Cargill y Violación de Derechos en el Tapajós, realizado por Tierra de Derechos Brasil, la empresa debe ser responsabilizada por el avance de la producción de monocultivos de granos en la región. “La cuenta es muy simple: si existe un puerto – o un complejo de puertos en el caso de Miritituba – para fluir la producción hacia el mercado exterior con bajo costo, eso significa que poseer haciendas de monocultivo en la región resulta en alta rentabilidad”.
El avance de la producción de soya y maíz en el Tapajós ha provocado altos índices de deforestación. Alrededor de 18 mil campos de futbol fueron deforestados en Itaituba solamente en 2013, inicio de la instalación de la empresa, señala el estudio. Altos índices de deforestación también fueron registrados en asentamientos rurales, áreas protegidas, tierras indígenas y unidades de conservación en los últimos años.
Hoy, la región representa para el agronegocio la nueva frontera de producción de commodities agrícolas en Brasil y eso posee estrecha relación con la actuación de la Cargill en la región, alerta el estudio. El propio sector reconoce este nuevo estatus de la región al albergar en Santarém, en 2023, el evento que marcó el inicio de la cosecha anual de soya en el país.
Cambio en las dinámicas territoriales
El estudio señala la modificación del paisaje y de diversas dinámicas territoriales, además de violaciones de los derechos de comunidades indígenas, quilombolas, ribereñas y de pescadores.
Un ejemplo de estas violaciones es que las reservas indígenas Munduruku de Itaituba están ubicadas exactamente enfrente al complejo de puertos de la Cargill – en la otra orilla del río Tapajós en Miritituba. En los estudios de impacto ambiental, los territorios son totalmente desconsiderados. Entre tantas otras violaciones, no se cumple el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, señala el estudio. “Sin la consulta a los Munduruku, la Cargill y otras empresas obtuvieron sus licencias ambientales de forma ilegal”, sostiene Tierra de Derechos en el documento.
Además, los Munduruku, que utilizan la pesca en el Tapajós como forma de existir, ya no pueden pescar en las orillas del río y en áreas próximas a las aldeas. Para pescar es necesario recorrer largas distancias de barco.
El flujo de embarcaciones de grande porte interfiere en los ambientes de pesca y en los locales de reproducción de los pescados. Incluso, señala el estudio, ese factor genera conflictos, ya que al disminuir los espacios de pesca se genera disputas entre moradores por los espacios que fueron reducidos para la actividad pesquera.
El estudio apunta también que la instalación del puerto de la Cargill en Itaituba ha contribuido para el aumento de la explotación sexual de niñas y adolescentes y para la expansión de redes de prostitución de mujeres.
