Defensores y Protectores del Futuro de IXIL
La comunidad maya de Ixil, en el estado de Yucatán, obtuvo en la justicia la suspensión provisional, dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que deja sin efecto una orden de la Fiscalía General del Estado, implementada el 17 de agosto mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas y campesinas.
Te puede interesar – Yucatán: Tras represión, indígenas de Ixil se mantienen en resistencia
De acuerdo a un comunicado de prensa de la comunidad, miembros de las familias Abimerhi y Millet, con vínculos políticos y personales con el gobernador Mauricio Vila Dosal y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, han intentado apropiarse de estas tierras comunitarias desde agosto de 2022.
La orden de la Fiscalía, emitida en el marco de una “supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, está siendo utilizada para despojar a la comunidad”, sostienen. Las familias “están marcando lotes en las tierras comunitarias para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario”.
Te puede interesar – Indígenas mayas de Ixil encaran al sector inmobiliario en Yucatán
La orden emitida por la Fiscalía impidió la ampliación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico planeado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), dado que su implementación estaba planeada para los meses de septiembre y octubre, informan.
En el ámbito del proyecto ya existen tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico instalados, además de otras acciones implementadas con grupos de productores de hortalizas y de mujeres y jóvenes que comparten el uso de un vivero tecnificado. “Todas estas instalaciones se encuentran en las tierras aseguradas por la Fiscalía, de las que pretenden apropiarse las familias Abimerhi y Millet”, señalan.
Además, informan que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene hasta la fecha unidades de manera permanente en las tierras de Ixil para impedir que la comunidad retire los alambres de púas que impiden el acceso con vehículos a caminos cosecheros y tierras de cultivo. “Esto dificulta la producción agrícola en el área asegurada, al tener que transportar a pie tanto las herramientas de trabajo como los productos agrícolas de Ixil que venden diariamente en el mercado local y de Mérida”.
La suspensión provisional ordena a las autoridades responsables que “giren las instrucciones pertinentes a fin de que se permita acceso a los pobladores a dicho territorio que poseen”. De manera que la comunidad de Ixil podrá nuevamente abrir los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo y a los proyectos comunitarios que se ejecutan en su territorio.
La Asamblea Comunitaria de Ixil hace un llamado al Poder Judicial de la Federación para que en sus resoluciones aplique los estándares que en materia de protección de Pueblos Indígenas y territorio han emitido tanto los tribunales nacionales como los internacionales, “implementando también las medidas y criterios que consideren la situación de discriminación, exclusión y asimetría que vive la comunidad de Ixil, como integrante del Pueblo maya”.
