En portada: Ejidatarios y pobladores del Ejido Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla.
La Secretaría de Economía (SE) declaró, a finales de febrero de 2023, que “no es factible” otorgar nuevamente los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, las cuales abarcan los territorios de por lo menos 20 comunidades.
La comunidad nahua Tecoltemi logró, en febrero de 2022, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que canceló las concesiones que pertenecían a la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. La comunidad había interpuesto un juicio de amparo en 2015 para la impugnación de las concesiones.
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En dicha sentencia el juez ordenó, primero, que se dejara “insubsistentes
las concesiones mineras”, explica la abogada del caso Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali. Segundo, que se “analizara por parte de la SE la factibilidad de nuevas emisiones de las concesiones”.
La SE señala, según la abogada, que no es factible otorgar concesión en el municipio de Ixtacamaxtitlán por cuestiones ambientales, sociales y culturales.
De manera que, con la decisión de la SE, la empresa Almaden Minerals no cuenta, definitivamente, con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y ya no le serán otorgadas nuevamente. “Lo que queremos es que se vaya definitivamente de nuestro territorio. En ningún lugar los queremos”, sostiene Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, y quien vive a 300 metros de donde se pretendía hacer las excavaciones.
Un tercer punto que dicta la sentencia judicial es la necesidad de que se lleve a cabo una consulta a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la empresa, por medio de comunicados ha anunciado que es necesario hacerla, Pérez sostiene que solamente en el caso de que se señalara factible la emisión de nuevas concesiones habría la necesidad de un proceso de consulta. “Al no ser factible la emisión de concesiones, es improcedente la realización de cualquier consulta”, explica la abogada.
“No queremos la consulta, queremos que se respete el dictamen de la Secretaría de Economía”, señala Zamora.
La asamblea ejidal de Tecoltemi ya tomó su decisión. Aprobó un acta que declara la comunidad territorio libre de minería. “Ya hemos decidido. Queremos que respeten nuestra decisión”, dijo el inspector de vigilancia de la comunidad, Raimundo Romano, quién inició el litigio en el año 2015.
“Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre. Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura, cosechamos maíz, frijol, habas, cebada, trigo. Nosotros vivimos de la tierra. Donde querían construir el proyecto se encuentra un manto acuífero muy importante, que abastece a cuatro municipios y que es fundamental para la vida de los pueblos”, señala Zamora contrarrestando la argumentación de la empresa de que llevará empleos a la comunidad.
Los ejidatarios también rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, sostuvieron.
La comunidad Tecoltemi y la Unión de Ejidos exigen que, con la decisión de la SE, la justicia federal de por terminada, definitivamente, la ejecución de la sentencia dictada en febrero de 2022.
Pendiente
Tecoltemi también había reclamado, en el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, entre ellos, los que determinan que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y que el titular de las concesiones tiene el derecho de obtener expropiación de terrenos, así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.
Sin embargo, la Suprema Corte dejó intacta la legislación, reafirmando su constitucionalidad. “Queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones”, dijo Jorge Peláez, de la Colectiva “Cambiémosla Ya”.
“Hay un marco regulatorio que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. (Las comunidades) Se enteran que hay concesiones en su territorio cuando lo ven en la Gaceta Ecológica.”, añade.
Según datos actualizados del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, se han entregado 25, 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21 millones de hectáreas del territorio nacional.
