En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura
Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.
En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.
Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.
Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.
Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.
Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.
Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.
Resistencias
Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica.
Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.
Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.
Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro", sostuvo.
En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería" la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.
El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño.
Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.