En el sur de Tanzania, con el argumento de la conservación de la naturaleza y el financiamiento del Banco Mundial, más de 20 mil personas del pueblo Maasai se enfrentan a la amenaza de desplazamiento forzado debido a la expansión del Parque Nacional Ruaha (RUNAPA, por sus siglas en inglés).
Fue en octubre 2022 cuando Angeline Mabula, del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo de Asentamientos Humanos del país africano, anunció que las aldeas de Luhanga, Madundasi, Msanga, Iyala y Kalambo, sumando una población de 21,252 personas, junto con 47 subaldeas dentro de la región de Mbeya, serían dadas de baja y sus residentes desalojados para la expansión del RUNAPA.
Los intentos de desalojo en dicha área se dispararon como consecuencia del programa Gestión Resiliente de Recursos Naturales para el Turismo y Crecimiento (REGROW, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, un proyecto de 150 millones de dólares que tiene como objetivo la financiación de infraestructura y gestión para el desarrollo de cuatro parques nacionales en el país africano.
El informe Irresponsable y cómplice: El Banco Mundial financia los desalojos y los abusos de los derechos humanos en Tanzania, elaborado por el Instituto Oakland, acusa al ente financiero por “consentir” los desalojos, violaciones y asesinatos que se han registrado para la expansión del RUNAPA, el cual el gobierno pretende ampliar de uno a más dos millones de hectáreas.
“La violencia perpetrada por los guardabosques de la vida silvestre y las incautaciones desenfrenadas de ganado se están llevando a cabo para obligar a la gente a salir de sus tierras”, denuncia el Instituto quien también señala casos de violencia sexual y otras prácticas de crueldad por parte de los guardabosques financiados por REGROW.
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Entre los testimonios recopilados para el informe, destacan la actuación de los guardabosques armados, quienes han sido involucrados en asesinatos. “Los tratan con crueldad, incluso los matan sin razón. No hay estado de derecho. RUNAPA está arrebatando tierras a agricultores y pastores y nos vemos obligados a abandonar nuestras tierras ancestrales”, comparte un poblador Maasai.
Según una alerta de la organización Salva la Selva, “estas estrategias de violencia y desplazamiento no son nuevas para los pueblos indígenas de Tanzania: más de 100,000 Maasai luchan por sus tierras y medios de subsistencia en el cráter del Ngorongoro y en el Serengeti”.
La alarma ante el desplazamiento de 80,000 habitantes de Ngorongoro, al norte del país africano, se disparó cuando en enero de este 2024 el gobierno de Tanzania anunció el cambio del estatus legal del Área de Conservación del Ngorongoro para no permitir ningún asentamiento humano. Tras el posicionamiento, las autoridades fijaron el objetivo de evacuar a 20,000 personas antes de marzo del presente año.
Estos desplazamientos se suman al caso del parque Ruahua, donde el gobierno de Tanzania afirma que, desde 2008, los límites del RUNAPA abarcan los territorios de las aldeas que busca desalojar en la actualidad. Sin embargo, los pobladores locales aseguran que dicha demarcación se limitó a un anuncio del gobierno que nunca fue implementado y, las aldeas que se ubican en dicho lugar que han permanecido durante generaciones, nunca otorgaron su consentimiento para la expansión del área protegida. Por ello, 852 pobladores mantienen una lucha legal ante el Tribunal Superior de Tanzania para detener los desalojos.
Acorde al informe del Instituto Oakland, las amenazas de desplazamiento repercuten negativamente en la cotidianidad de las poblaciones africanas. Esto debido a que grandes extensiones de arrozales no se han cultivado ante el temor de que los desalojos masivos sucedan en cualquier momento.
“En varias comunidades ya se han señalado casas para su demolición. Las obras de construcción de una escuela secundaria en la villa de Luhanga se han paralizado. En el pueblo de Iyala, el número de alumnos que pasan de la escuela primaria a la secundaria ha disminuido drásticamente. Los padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela debido a la amenaza de desalojo”, detalla el documento.
Turismo y conservación a costa de las personas
A pesar de que el informe del Instituto Oakland revela las violaciones del gobierno de Tanzania, producto del financiamiento del Banco Mundial, éste informó que su “mandato no se extiende a supervisar el comportamiento de organismos de los gobiernos de los países miembros” y se excusó de la violencia debido a que “en la medida en que el gobierno lleve a cabo desalojos con el fin de ampliar los límites del parque, tales actividades quedarían fuera del ámbito del proyecto”.
Ante las declaraciones del banco, Anuradha Mittal, directora del Instituto Oakland, acusó que el proyecto REGROW, que argumenta enfocarse en proteger la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, por el contrario, financia un modelo represivo y violento de crecimiento económico con base en el aumento de los ingresos por turismo.
Cabe resaltar que el sector turístico en Tanzania representa uno de los mayores generadores de divisas, por lo que el gobierno del país africano se basó en estudios del Banco Mundial que busca aumentar la llegada de uno a ocho millones de turistas para 2025, principalmente de aquellos provenientes de China, India y Rusia.
“En vista de la condena internacional de los desalojos forzosos de los Maasai en Ngorongoro y Loliondo, resulta asombroso que el banco sea cómplice de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar la ampliación de otro parque nacional para el turismo”, condenó Mittal.
El programa REGROW se ejecuta desde el año 2017 y está previsto para implementarse hasta 2025. El proyecto abarca cuatro zonas protegidas: Parque Nacional de Mikumi, Parque Nacional Nyerere, Parque Nacional de las Montañas Udzungwa y Parque Nacional Ruaha, todos ubicados en lo que el Banco Mundial considera zonas turísticas prioritarias en el sur de Tanzania.
De un presupuesto total de 150 millones de dólares, 106 se destinarán a la ampliación de infraestructuras en áreas protegidas para con ello construir carreteras para mejorar el acceso a lugares turísticos, pistas de aterrizaje y centros de visitantes. También se encamina a la consolidación de puestos de seguridad y para el equipamiento de los guardaparques para evitar el uso “ilegal” de los recursos con actividades como la agricultura y el pastoreo.
Para octubre de 2023, el Banco Mundial había desembolsado ya 92 millones de dólares del programa, de los cuales 28 millones se entregaron tras efectuarse la queja oficial de los miembros de la comunidad Maasai en junio de 2023.
Para organizaciones como Salva la Selva, la situación en Tanzania es una muestra del peligro que representa la implementación de modelos de conservación como los que promueve la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad COP 15. Esto debido a que en 2022, casi 200 países acordaron colocar bajo protección el 30% de sus tierras y aguas para el año 2030.
“Si esta propuesta se implementa de mala manera, hasta 300 millones de personas podrían llegar a perder sus tierras y sus medios de subsistencia. Sin embargo, la expansión indiscriminada de las zonas protegidas no detendrá la destrucción del medio ambiente y la extinción masiva de especies”, sostiene la organización ambientalista.
