En portada: Miembros del pueblo tribal Jenu Kuruba sostienen pancartas durante su protesta en el Parque Nacional de Nagarhole, en la India, donde han sido desalojados en nombre de la “conservación”.
Mientras representantes de casi 200 países y miembros de la ONU celebran la finalización de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), realizada en Canadá del 7 al 19 de diciembre, con la adopción del pacto Kunming-Montreal, organizaciones aseveran que éste representa un peligro para los derechos de los pueblos indígenas.
El acuerdo final, cuyo objetivo es convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030, ha sido criticado por pueblos indígenas y organizaciones como Survival International, quien ha alertado que, de adoptarse esta política, se convertirá en el mayor acaparamiento de tierras en la historia.
Actualmente, 17% de la tierra y aproximadamente el 8% de los océanos del planeta se gestionan bajo esquemas de áreas protegidas, las cuales cuentan con restricciones a actividades como la pesca, la agricultura y la minería.
“No conseguimos detener la adopción del 30%, impulsado como estaba por las fuerzas más poderosas del mundo: incluidos los gobiernos del Norte Global y la industria de la conservación”, detalla la organización mediante comunicado.
En su posicionamiento, establece que el modelo de “conservación fortaleza” implementado en áreas protegidas ha demostrado ser un peligro para los pueblos indígenas del mundo. Como evidencia se registra la expulsión de al menos 14 millones de personas sólo en África debido a la promoción de desalojos de comunidades y abusos de los derechos humanos con el pretexto de la conservación de la naturaleza.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoce que el acuerdo derivado de la COP15, pese a contar con una serie de objetivos medioambientales y salvaguardas de derechos humanos, “no protege ni defiende plenamente los derechos de los pueblos indígenas”, como ha manifestado Chris Chapman, integrante de la organización.
Para Chapman, el problema radica en que, dentro del acuerdo Kunming-Montreal, los Estados no reconocen explícitamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas como una categoría separada de zona conservada, lo que coloca sus territorios en peligro ante las depredaciones que a menudo sufren en zonas como los parques nacionales gestionados por el Estado.
En específico, este objetivo desde la propuesta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad fue rechazada principalmente por los países europeos. La incorporación de los territorios indígenas como categoría propia habría incluido la soberanía indígena al plan, facultando a las naciones indígenas para autodeterminarse en sus propios territorios. Sin esa categoría adicional, los esfuerzos de conservación dirigidos por los indígenas se consideran áreas protegidas, sobre las que los Estados tienen el control en última instancia.
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“En consecuencia, los Estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, exponiéndolos a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos”, afirmó Chapman.
A pesar de constituir sólo el 5% de la población mundial, las tierras de los pueblos indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta.
Otras organizaciones indígenas como Indigenous Climate Action, a través de su director ejecutivo, Eriel Tchekwie Deranger, expresaron preocupación debido a que, sin normas sólidas tras el acuerdo, peligre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios tradicionales y sus formas de preservar la naturaleza.
Impulso a SBN
Por su parte, Survival International manifestó el peligro de que el acuerdo Kunming-Montreal incluye la promoción de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).
Específicamente, los objetivos 8 y 11 del pacto promueven la implementación de las SBN para minimizar el impacto del cambio climático en cuestiones como la acidificación de los océanos, así como para restaurar ecosistemas y reducir el riesgo de desastres.
Para la organización, el impulso a las SBN que proviene principalmente de países europeos representa más acaparamientos de tierras y abusos de los derechos humanos sin que se materialicen acciones para contrarrestar el cambio climático.
“El Norte Global, como de costumbre, no ha asumido ninguna responsabilidad por la destrucción del medio ambiente y ha hecho recaer la carga sobre el Sur Global, ayudado en esto por la industria de la conservación que tiene todo que ganar con el dinero desplegado para ‘más Áreas Protegidas y falsas soluciones basadas en la Naturaleza’”, acusa Survival International.
Horas después de la adopción del acuerdo Kunming-Montreal, la “Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas” (HAC, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de un plan conjunto para alcanzar el objetivo de convertir el 30% del planeta en áreas protegidas, popularmente conocido como 30 x 30.
La coalición, que integra 116 países, difundió su compromiso para apoyar a los países con acciones concretas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas y otras medidas de conservación.
Para ello The Bezos Earth Fund, propiedad de Jeff Bezos, dueño de la empresa Amazon – responsable por la generación anual de más de 200 mil toneladas de residuos plásticos que amenazan principalmente ecosistemas marinos –, junto a Bloomberg Philanthropies y Rainforest Trust, se comprometió a aportar 3 millones de dólares en los próximos tres años para apoyar los objetivos de HAC.
“Con ello se pondrá en marcha una nueva fase crítica de implementación de la coalición para ayudar a mantener el compromiso político, implementar planes de conservación, apoyar el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, organizar la asistencia técnica y movilizar recursos para alcanzar los objetivos 30x30 en todo el mundo”, anuncio la coalición.
Esta inversión se suma al financiamiento acordado por los países que acordaron el pacto Kunming-Montreal, cuyo objetivo es duplicar la inversión hasta los 200,000 millones de dólares anuales; aunque dichos compromisos financieros no son jurídicamente vinculantes.
