Mujeres Munduruku se han movilizado para detener la construcción de la hidroeléctrica Teles Pires, que afecta a sus comunidades y a la Amazonía brasileña. Foto: Juliana Pesqueira.
Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, es la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su vigésima octava edición (COP28). La ONU, su principal promotor, plantea estas reuniones donde se negocian políticas entre Estados e industrias con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global.
En contraste, organizaciones ambientalistas del mundo denuncian que la COP28 está encaminada a convertirse en el mayor evento de promoción de los mercados de carbono, estrategia señalada como falsa solución al cambio climático, promovida principalmente por compañías petroleras en su discurso de “carbono neutral”.
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Como muestra de la participación del lobby petrolero este año, la organización Kick Big Polluters Out (Fuera los grandes contaminadores) encontró 2,456 participantes de la COP28 quienes están vinculados a los intereses de la industria de los combustibles fósiles. Esta cifra cuadruplica su presencia con la conferencia del año pasado realizada en Egipto.
“Los gobiernos decidirán si van a poner en marcha estos mercados como parte de la política internacional sobre el clima y la presidencia, en manos de los Emiratos Árabes Unidos, realizará varios eventos temáticos para promocionarlos”, sostienen organizaciones como GRAIN, Global Justice Ecology Project, World Rainforest Movement e Indigenous Environmental Network, entre otras.
Las organizaciones denuncian que durante los últimos 20 años los mercados de carbono han actuado como barrera para llevar a cabo acciones reales contra el cambio climático, además, aseguran que “han dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios provocando daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”.
Fracaso
“En la COP 28, los líderes mundiales y los negociadores necesitan reconocer de una vez por todas que los mercados de carbono son un fracaso” , detalló Anuradha Mittal, del Instituto Oakland.
Según Mittal, estos mecanismos financieros son volátiles e inestables, fraudulentos e incapaces de reducir las emisiones contaminantes. “El mundo necesita de manera urgente maneras alternativas de impulsar la acción contra el cambio climático, porque los mercados de carbono han fracasado”, sostiene.
En septiembre de este año, una investigación de The Guardian y la organización Corporate Accountability analizó los 50 principales proyectos de compensación de emisiones, los cuales han vendido la mayor cantidad de bonos de carbono en el mercado mundial. “El 78% de ellos se clasificaron como probablemente basura o sin valor debido a uno o más fallos fundamentales que socavan su prometida reducción de emisiones”, concluyeron.
En su mayoría, estos proyectos se desarrollan en Latinoamérica, África y Asia, en países que han contribuido poco en la crisis climática. De los proyectos analizados, 32 fueron certificados por la norteamericana Verra, que opera la norma de carbono más importante del mundo, así como proyectos de compensación forestal conocidos como REDD+. 28 de sus proyectos fueron clasificados como probablemente basura.
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Otros esquemas de certificación tuvieron resultados similares. Dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), dirigido por la ONU, cinco proyectos de compensación se clasificaron como probablemente basura, entre ellos la presa hidroeléctrica de Teles Pires, en Brasil, que ha perjudicado a comunidades indígenas y tradicionales, ha dañado la biodiversidad y la pesca, y también es probable que emita importantes cantidades de carbono.
“En la COP28, los gobiernos decidirán si van a expandir el alcance de los mercados de carbono e incluir nuevas tierras, nuevos mares y nuevos tipos de riesgosas actividades de compensación. Esto sería un desastre para el clima y para las comunidades más afectadas por el cambio climático”, señaló Kirtana Chandra de Amigos de la Tierra Internacional.
“Quienes han elaborado los proyectos de compensación de carbono, los grupos que definen los estándares, los auditores y quienes comercializan los créditos se han embolsado millones emitiendo bonos de carbono que no han reducido las emisiones, pero sí han exacerbado la crisis climática”, denuncian en comunicado estas organizaciones.
Nuevas fronteras
En el discurso de la compensación de carbono también han cobrado relevancia los proyectos de
“soluciones basadas en la naturaleza” , los cuales se han expandido de los bosques hacia zonas marinas y costeras. “Denominados como ‘carbono azul’, han obligado a las comunidades locales a involucrarse en costosas y complicadas batallas legales por reafirmar sus derechos, recuperar sus territorios y resistirse a los proyectos”, señalan las organizaciones.
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Según Shalmali Guttal, de Global South, pescadores y comunidades costeras han rechazado la denominada Economía Azul y “han señalado que los conceptos de sustentabilidad y resiliencia están siendo deformados para permitir el avance de la ‘colonización climática’ y expandir las fronteras de la extracción y explotación de la naturaleza”.
Por su parte, Laura Dunn, del Grupo ETC, destacó los hallazgos de un reciente informe el cual analiza el cultivo de algas marinas que se presenta como el nuevo “petróleo verde”. Acorde al estudio llamado El engaño de las algas marinas, el cultivo industrial de algas marinas no salvará el clima ni la naturaleza. Por el contrario “la geoingeniería del planeta mediante inmensas plantaciones de algas marinas destruirá los ecosistemas y pondrá en peligro a las comunidades costeras”, detalla el estudio.
Un mapa publicado por Carbon Brief muestra que el 72% de proyectos de compensación de carbono a nivel global han causado daño a comunidades y pueblos originarios.
Algunos ejemplos son los casos de las comunidades dentro del área de los proyectos REDD+ del Alto Mayo en Perú, quienes fueron violentamente expulsadas de sus territorios por las autoridades del área protegida en la cuenca alta del río Mayo, departamento de San Martín.
En África, con el financiamiento de instituciones europeas, compañías petroleras japoneses y una empresa de inversión australiana, la Plataforma Africana de Impacto Forestal adquirió Green Resources, una empresa noruega de plantaciones forestales y créditos de carbono con una historia de acaparamiento de tierras, violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en Uganda, Mozambique y Tanzania.
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