En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.
Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.
Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero - Diciembre 2020, presentado la semana pasada.
El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.
Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.
El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.
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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.
Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).
“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.
Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.
“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.
De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.
Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.
No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.
Las agresiones
Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.
“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.
Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.
Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.
Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.
Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.
También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.
“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.
Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.
