El pasado 4 de julio fue sin duda una fecha histórica para Chile, ya que por primera vez en su historia republicana, se entrega una propuesta constitucional para el país, redactada por un grupo de personas elegidas democráticamente, de manera paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios y con la presencia de listas de independientes.
De ahí que sea difícil dimensionar lo que está viviendo Chile actualmente con este inédito proceso constituyente en el país, en donde si uno volviera a antes de octubre del año 2019, sería totalmente impensado e improbable un escenario así, luego de 30 años de instalación de una cultura política neutralizada por la constitución de 1980 y los grandes poderes fácticos.
En otras palabras, una clase política subordinada a lo que el abogado y ex constituyente, Fernando Atria, ha denominado como constitución tramposa, refiriéndose a la constitución de Augusto Pinochet, la cual en el año 2005 fuera ratificada por Ricardo Lagos, quien le pusiera su firma durante su gobierno.
En consecuencia, la constitución de 1980 ha tenido trampas no solo porque fue elaborada por un pequeño grupo de juristas hombres conservadores, dentro de un marco dictatorial, sino también porque fue capaz de instalar un modelo económico neoliberal extremo que generó tanta concentración económica, que la política institucional, a la vuelta de la democracia, quedó relegada a un mero rol administrador de lo existente.
Por eso que a pesar de las reformas al sistema político que ocurrieron en el año 2005 (fin de los senadores designados y poder remover a comandantes de las fuerzas armadas) y del 2015 (fin del sistema binominal), no ha tenido ninguna gran reforma estructural todos estos años, a excepción de la reforma procesal penal del año 2000.
En otras palabras, cualquier intento de impulsar una política transformadora, en beneficio de los ciudadanos y contra los abusos, ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, como ha pasado de manera reiterada, con los intentos de reforma al sistema de salud, al sistema de aguas, al sistema educacional e incluso al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).
No hay que sorprenderse por tanto, que los grandes poderes económicos en Chile (isapres, afps, retail, mineras, forestales, bancos, grandes grupos educacionales y grandes grupos de medios) hayan abusado impunemente, ya que la constitución se los ha permitido y se los ha amparado por 30 años.
Ante esto, es bastante ridículo de parte de quienes plantean una similitud entre la constitución de Pinochet con la actual propuesta de constitución recién presentada, ya que ambas tendrían altos quórum para ser reformada, omitiendo así todo lo anteriormente señalado.
Además, el paralelo entre los quórum es falso y malintencionado, ya que para reformar la constitución de 1980 en materias importantes, se necesitan de 2/3 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, mientras que la nueva constitución necesita 4/7 de los parlamentarios, y un plebiscito ciudadano para ratificar, cuando la reforma es significativa.
Es decir, la nueva constitución, que se votará el próximo 4 de septiembre, de aprobarse no podrá tener a un pequeño grupo vetando constantemente lo que se vota, como ha pasado con la derecha en Chile en las últimas décadas, haciendo que finalmente las reformas se hagan cuando los sectores más conservadores lo quieran.
No hay que olvidar, que el Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019, fue empujado por una revuelta social gigantesca, sin precedentes en la historia de Chile, en donde el poder constituido, y la derecha en particular, no le quedó otra opción que abrirse al cambio de constitución.
Por lo mismo, la nueva constitución no será tramposa esta vez, sino democrática, ya que ha sido construida desde su origen por un plebiscito de entrada y por convencionales que han sido elegidos en las urnas, aprobando las normas constitucionales con grandes mayorías, por sobre los 2/3 incluso, lo que evidencia su carácter legítimo y fuertemente participativo.
Por último, la nueva propuesta de constitución democrática, a diferencia de la constitución tramposa de 1980, plantea que si se quiere cambiar nuevamente la constitución en un futuro, sólo se podrá hacer a través de una asamblea constituyente, por medio de un referéndum, devolviéndole el poder al pueblo de Chile, como siempre debió ser.
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