Activistas en pro de la defensa de maíces nativos y contra el uso del glifosato, quienes sostienen la campaña Sin maíz no hay país, han logrado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la de la Ciudad de México aplazara la propuesta de resolución del magistrado Ricardo Gallardo Vara, que iba en contra del decreto presidencial para restringir gradualmente el uso del glifosato y prohibir el maíz transgénico.
Los activistas quienes interpusieron una demanda colectiva, una fuerza activa en la defensa de los maíces nativos en México, habían alertado que, desde el 15 de noviembre pasado, el juez Gallardo y su secretario, Eric Castillo, “ya tenían preparada una resolución” a favor del amparo interpuesto por la empresa de biotecnología Bayer-Monsanto quienes pretenden derogar la ley actual que ha establecido un tiempo límite para retirar el uso del glifosato así como la prohibición del maíz genéticamente modificado.
Por ello, los defensores del maíz, celebran la decisión obtenida a razón de los magistrados Patricio González Loyola y Jean Claude Tron Petit, quienes argumentaron en favor del decreto presidencial.
Tron Petit señaló aspectos del proyecto de resolución que necesitan revisión, como el riesgo del glifosato y su impacto en la biodiversidad, subrayando evidencias científicas que cuestionan la seguridad de los maíces transgénicos y el glifosato. González Loyola se enfocó en el principio precautorio, defendiendo el decreto como una medida preventiva para limitar el uso del glifosato y proteger la salud y la biodiversidad.
Además, se mencionaron casos legales y restricciones en otros países, incluidas demandas contra Bayer-Monsanto por vínculos con cáncer y la limitación del uso del glifosato en espacios públicos en la Unión Europea. Enfatizaron la polémica sobre el glifosato, dada su clasificación como agente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta postura llevó al Cuarto Tribunal Colegiado a retirar la propuesta promovida por la transnacional, provocando resistencia por parte del magistrado Gallardo, quien deberá replantearla.
Los magistrados recalcaron la importancia de considerar el contexto mexicano, donde el maíz es fundamental en la dieta y la cultura. Subrayaron la necesidad de revisar a fondo los impactos del glifosato en la población, especialmente en un país con un alto consumo de productos de maíz como México.
Este aplazamiento marca una victoria para los defensores del maíz tradicional, que insisten en poner los derechos humanos y la preservación de la biodiversidad por encima de los intereses económicos de las corporaciones. La colectividad demandante permanece vigilante, determinada a proteger la riqueza de los maíces nativos ante cualquier resolución que favorezca a empresas en detrimento de la vida, el ambiente y la diversidad de México.
