El Estado brasileño y las empresas transnacionales buscan ocupar tierras ancestrales para dar paso a una nueva oleada de proyectos de inversión y se dispara la violencia contra las comunidades indígenas en Brasil.
De acuerdo con el informe de Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado recientemente por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), señala que los asesinatos de indígenas en este país aumentaron en un 42% –en el año 2014 con relación al año 2013– un registro de 138 casos. En su mayoría son asesinatos provocados por pistoleros contratados por quienes tienen interés en sus tierras.
Los estados de Mato Grosso del Sur, Amazonas y Bahía figuran entra las principales estadísticas. Un caso emblemático fue el brutal homicidio de la indígena Marinalva Kaiowá, en noviembre del año 2014, en el estado do Mato Grosso del Sur. Ella vivía en tierras recuperadas, un territorio que por más de 40 años los indígenas guaraní han reivindicado como la tierra de sus ancestros. Marinalva fue asesinada con 35 puñaladas dos semanas después de haber acudido con otros líderes indígenas a protestar ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en el Distrito Federal de Brasilia, contra una determinación de la Corte que anuló el proceso de demarcación de la tierra indígena guyraroká.
A esto se suman las aglomeraciones en pequeños territorios a donde han sido empujados a vivir aquellos pueblos desplazados por los proyectos de desarrollo económico, como el caso del estado de Mato Grosso do Sul, donde la mayoría de la población –más de 40 mil personas– vive concentrada en pequeñas reservas. Comunidades que son expuestas a la violencia de asesinos a sueldo, sin educación ni los elementos más básicos y en condiciones deplorables de salud, otro motivo que ha provocado un aumento también en las cifras de mortandad infantil. De acuerdo con los datos oficiales, son 785 muertes de niños de 0 a 5 años.
«Nosotros los Guaraní, principalmente de Mato Grosso del Sur, somos los más masacrados y violentados. Ya han matado a muchos de nuestros jefes indígenas, se ha derramado mucha sangre porque luchamos por el respeto y demarcación de lo que queda de nuestras tierras que el gobierno no ha querido reconocer», afirmó el jefe indígena Araqueraju del pueblo guaraní kaiowá de Mato Grosso del Sur.
El aumento de los índices de violencia está relacionado en gran medida con la política desarrollista del gobierno federal brasileño, denunciado por la misma organización CIMI que trabaja en todo el territorio brasileño con cuestiones indígenas. En otro Informe llamado Emprendimientos que Impactan Tierras Indígenas, lanzado por el CIMI en el año 2014, muestra que por los menos 519 proyectos han impactado 437 tierras ancestrales, afectando directamente a 204 pueblos indígenas.
El sector energético es el que más ha afectado a los pueblos indígenas, ya que de los 519 proyectos documentados, 267 están relacionados con la generación de energía. En segundo lugar está el sector de infraestructura con 196 proyectos. La minería esta en la tercera posición, con 21 proyectos, y en la cuarta posición con 19 proyectos expansivos está la agroindustria. Enseguida esta el ecoturismo con 9 emprendimientos, entre otros más.
«En la región de la Amazonia, región del rio Tapajós, estamos siendo cercados. Está siendo construida la hidrovía Teles Pires-Tapajós y la autopista BR 163 la están ampliando. Todo para transportar granos y minerales de las transnacionales. Vivimos con el ataque constante del agronegocio y de las empresas madereras. Existe un proyecto de construcción de 5 hidroeléctricas en este mismo río. Para colmo, nuestra región esta sufriendo un proceso de prospección para la explotación de minerales, por las empresas Alcoa y Vale do Rio Doce. Sabemos que la energía que va ser producida no es para las regiones locales, será usada para la explotación de minerales», sostuvo João Tapajó, del pueblo arimun, uno de los coordinadores del movimiento indígena de la región Bajo Tapajós, en el estado de Pará.
De la misma forma, el informe producido por el Ministerio Público Federal (MPF), realizado por las antropólogas María Fernanda Paranhos y Deborah Stucchi –a partir de las evaluaciones hechas, por el propio órgano, de procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental junto a los órganos federales y estatales–, demuestra que los procesos de cambios sociales generados por estos proyectos afectan principalmente al medio rural, incluyendo a distintas colectividades relativamente invisibilizadas en la dinámica sociopolítica de Brasil.
«Las evaluaciones realizadas evidencian que los intensos cambios sociales, la posibilidad de desarticulación de circuitos productivos, desaparición de áreas agrícolas, forestales y pesqueras, reducción de empleos, de empobrecimiento y degradación de condiciones materiales e inmateriales de vida (…) han provocando fuertes reacciones y una avalancha de conflictos sociales», consta el documento producido por el MPF.
23 hidroeléctricas en la Amazonia brasileña
El Plan Decenal de Expansión de Energía 2023 del gobierno, que proyecta para el periodo 2014-2023 una expansión de más de 28 mil megawats de capacidad de generación de energía a partir de la entrada de operación de grandes megaproyectos hidroeléctricos, considera que ninguna de las 30 hidroeléctricas proyectadas en este país durante este periodo tiene alguna interferencia directa en territorio indígena.
A partir de los datos del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) en el ámbito de la iniciativa llamada Inversiones y Derechos en la Amazonia, investigación realizada por Ricardo Verdum, doctor en Antropología Social e integrante del Núcleo de Estudios de Poblaciones Indígenas de la Universidad Federal del estado de Santa Catarina, consta que, de las 23 hidroeléctricas que serán construidas en la Amazonia, por lo menos 16 de estos proyectos afectan socioambientalmente a territorio indígena, es decir, que rompen con las condiciones ambientales de las cuales dependen estos pueblos indígenas para vivir y para reproducir su forma de vida.
«Una diferencia en el resultado se debe a la forma en que es constituida conceptual y materialmente la idea de impacto o de interferencia. Según la legislación vigente, interferencia en tierra indígena es considerada cuando una parcela de esta tierra es afectada directamente por el eje o embalse de la central hidroeléctrica. Los criterios territoriales y ambientales no consideran los aspectos humanos y sociales de interferencia (o influencia) del proyecto sobre la población», afirma el investigador Ricardo Verdum.
La lógica de la economía militar
El modelo de desarrollo brasileño sigue la antigua división internacional del trabajo, donde se ha especializado en exportar materias primas o productos básicos a un costo muy bajo en relación a sus importaciones de productos finales, que regresan a Brasil con precios muy elevados. Un lógica que viene desde la colonia, sostiene Clovis Brighenti, profesor de Historia de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. «Es una inserción al mundo globalizado a partir de una intensa explotación del medio ambiente con pocos resultados. Es más, son pocos resultados a un alto costo de inversión con recursos públicos (siendo 1877 mil millones de reales para la agroindustria 2015/2016) con tasas de interés subsidiadas, concentrado en un grupo económico minúsculo. Es un modelo agotado por sí mismo, pero que al agotarse provoca males irreversibles para el medio ambiente y para las personas que más dependen de estos ecosistemas», dice el profesor.
El diseño de este modelo de desarrollo, de acuerdo con el profesor, está relacionado con el mito moderno de que la economía necesita crecer rápida y continuamente para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. «Sin embargo, detrás de este mito, se oculta la esencia del sistema capitalista: la necesidad de garantizar la continuidad de una lógica basada en el consumismo y así garantizar la acumulación y el beneficio de las elites y los sectores privilegiados de la sociedad», explica.
En Brasil el mito de la felicidad material está asociado a la búsqueda de nuevos espacios para la expansión de desarrollo. «En otras palabras, se busca avanzar constantemente a ‘nuevos’ territorios, donde aún existe naturaleza para ser explorada y apropiada. Por tanto, el intereses del capital gira en torno a los territorios indígenas y tradicionales, como espacios idóneos para la ejecución de esos proyectos», agrega Brighenti.
Para el profesor, en Brasil se vive una continuidad de la mentalidad militarista, considerando que este país ha marcado su contexto histórico con la dictadura militar de los años 1964 a 1985, donde hubo la participación de los Estado Unidos de América a través de la Operación Brother Sam.
El objetivo era despojar a pequeños campesinos y a los indígenas de sus tierras, para concentrar la tierra en manos de las empresas que actualmente producen soja, caña y eucalipto, entre otras. Las empresas son Monsanto, ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Coca-Cola, Nestlé, Ford, entre otras. En ese sentido, los gobiernos actuales no sólo heredaron la estructura militar, sino una plataforma de empresas que dominan la producción y el mercado de materias primas. «La principal similitud entre el gobierno militar con el que ahora vivimos, es la perspectiva de desarrollo, que implica pensar que los recursos naturales son infinitos y que están a disposición. Hacer que el país crezca económicamente aumentado el territorio ocupado por proyectos económicos», dice Brighenti.
Otra similitud es la relación que establecen con las comunidades. «Se puede decir que no hay diálogo. La decisión del gobierno esta determinada y a las comunidades sólo les queda ceder sus territorios para esas iniciativas. Callar a los pueblos indígenas es una acción recurrente en el sentido de que esas poblaciones vistas como barreras para la realización de tales proyectos», afirma el profesor, de la misma forma asegura que, «por tanto, la continuidad de la mentalidad militarista es explicita –proceder con el desarrollismo e impedir las manifestaciones de los afectados».
Un punto esencial que distingue los periodos de la dictadura con los gobiernos progresistas es la fuente de financiamiento para los proyectos. «Hoy las obras son financiadas con recursos públicos, siendo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, siglas en portugués) el principal financiador de los megaproyectos, mientras que con los gobiernos militares las obras eran financiadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)», explica.
Militarización
En el año 2013, el gobierno de Brasil publicó un decreto que permite la intervención de las Fuerzas Armadas siempre que haya alguna manifestación contra los proyectos de desarrollo. En este mismo año la policía militar en el sur de Brasil dio muerte a un indígena de la etnia terena e hirió a otros más en cumplimiento de una orden para retomar las tierras que los terena habían retomado como parte de su territorio ancestral, reclamado por Ricardo Bacha, ex diputado del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), afirmando que estas tierras le pertenecen a su familia desde el año 1927.
Otro ejemplo es con el ex gobernador de Bahía Jaques Wagner y actual ministro de la defensa de Brasil. A petición de él, la presidenta Dilma Rousseff en el año 2014 firmó una autorización del gobierno federal para que enviara cerca de 500 militares al territorio tupinambá, alegando como objetivo «garantizar la ley y el orden» y «pacificar» la región. Hasta el día de hoy la región tupinambá se encuentra militarizada.
Violencia institucional
Los asesinos son simplemente la punta del iceberg. Entre los diversos proyectos de enmienda constitucional que se debaten en el congresos de Brasil, esta la PEC-215 que transfiere el poder para decidir sobre la demarcación de tierras indígenas al poder legislativo, que hasta el momento esta en manos del poder ejecutivo, es decir, de la presidenta Dilma Rousseff. El proyecto deja a los pueblos indígenas en las manos de los diputados y senadores brasileños que, en su mayoría, son familiares de empresarios o los denominados hacendados –dueños de grandes extensiones de tierra.
«Estos proyectos de enmiendas constitucionales favorece a los latitudinarios del país, un grupo de 264 parlamentarios en el congreso brasileño, quienes han recibido financiamiento para sus campañas electorales de las multinacionales, como la Monsanto, Cargils, Bungue, Singenta. La PEC-215 favorece la expansión agrícola, usando el discurso de la producción de alimentos, pero los alimentos de Brasil son producidos por los pequeños agricultores», dijo Lindomar del Pueblo terena.
Los conflictos podrían ser evitados
La principal causa de los conflictos, defiende CIMI, es la negación por parte del gobierno brasileño de reconocer y demarcar los territorios indígenas. En el año 2014, de las casi 600 tierras indígenas reivindicadas actualmente por los pueblos, apenas dos tierras fueron reconocidas (Xeta Herarekã, en el estado de Paraná, y Xakriabá, en el estado de Minas Gerais) y una fue aprobada (Paquiçamba, del estado de Pará). El actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), dirigido por Dilma Rousseff, es el que menos ha demarcado las tierras indígenas desde el fin de la dictadura militar en Brasil.
En el estado de Mato Grosso del Sul, el estado más violento contra los pueblos indígenas, por ejemplo, las comunidades viven a orilla de las carreteras, en condiciones de vida realmente precarias. El reconocimiento de los territorios indígenas estaba previsto mediante un acuerdo firmado en el año 2007 por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), un órgano de gobierno, quien rompió el acuerdo. Si la demarcación se hubiera hecho efectiva, los indígenas ocuparían solo 2% de este estado, una de las regiones de Brasil con mayor cantidad de población indígena.
Resistencia al viejo modelo de desarrollo
Los indígenas, desde el comienzo de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), indicaron al gobierno que querían aportar sus conocimientos y prácticas para un nuevo gobierno, evalúa el profesor Brighenti. «Pero el gobierno los ignoró, y peor aún, Lula se manifestó en el sentido de que Brasil necesitaba superar tres grandes dificultades para permitir el desarrollo, entre ellos a los pueblos indígenas, la legislación ambiental y el Ministerio Público Federal. Por tanto, desde un inicio dejó claro para el movimiento indígena y a sus aliados que el gobierno eligió otro modelo y se alió con otros sectores infelizmente los principales enemigos de los pueblos indígenas, el modelo de la agroindustria», afirma.
Los pueblos indígenas se dieron cuenta que necesitaban unirse con fuerza para no perder sus derechos. «En la articulación indígena, pocos movimientos sociales y sindicales los apoyaron. Cada movimiento social definió su relación con el gobierno y los pueblos indígenas muchas veces fueron criticados por su radicalidad», sustenta el profesor.
Las tierras indígenas en Brasil, reconocidas por el gobierno federal, son bienes del gobierno. Los indígenas cuentan con la posesión y usufructo, excepto del subsuelo y de los recursos hídricos. «Es necesario avanzar en el sentido de construir comunidades autónomas, lo que no significa independizarse, pero si libres para decidir sus rumbos», evalúa Brighenti.
Aún con la demarcación del territorio indígena no hay seguridad de no intervención en las tierras de los pueblos indígenas, ya que es un concepto jurídico que permite en cualquier momento la intervención del gobierno federal, porque son tierras consideradas propiedad del gobierno.
«Todos los proyectos del gobierno nos están amenazando y a toda la Amazonia. No aceptamos ninguna negociación con el gobierno, porque no podemos negociar nuestra madre y porque no aceptamos ninguno de estos proyectos que nos van afectar. Nosotros siempre estuvimos aquí, están son las tierras de nuestros antepasados y hoy continuamos luchando para que respeten nuestra forma de vida, porque los gobiernos nunca han respetado nuestra forma de vida, hoy están devastando lo que queda de nuestras tierras para continuar con sus proyectos», sostuvo María Leus, indígena munduruku.
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