En portada: Resistencia antiminera en la comunidad de la Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador.
El día de ayer (29), la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. pretendió ingresar una plataforma cargada de madera sin guía de transporte a la concesión minera Imba1, localizada en la Comunidad de la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. La empresa, propiedad de la australiana Hancock Prospecting, tampoco contaba con procedencia debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente.
La denuncia fue hecha por el Frente Antiminero de Ecuador y por el colectivo Buproe, una organización local en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires.
La empresa viene operando en total ilegalidad desde el 28 de marzo de 2023, sostiene el Frente en un comunicado, fecha en que la Agencia de Regulación Minera emitió la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM que suspendía sus actividades.
Sin embargo, desde entonces la comunidad ha denunciado constante actividad por parte de la empresa que incumple la resolución.
En el comunicado, preguntan “¿por qué las autoridades permiten las actividades de la empresa aun cuando tiene orden de suspensión?”.
Otro ejemplo de omisión por parte del gobierno es que el viceministerio de Minas “omitió” inscribir en el Registro Minero la Resolución de Suspensión, “por lo cual la empresa sigue operando a discreción, junto a mineros ilegales y grupos terroristas que se encuentran en el territorio, dentro de las concesiones mineras ‘legales’”.
El gobierno utiliza la no inscripción como justificación para permitir la operación de la empresa. “Sobre el estado de las áreas suspendidas por el Viceministerio de Minas mediante Resolución MEM-VM-2023-0004-RM de 28 de marzo de 2023, la misma no ha sido inscrita en el Registro Minero de la Coordinación Zonal Imbabura - ARCERNNR, por tanto, dicha suspensión no tiene efecto ni valor legal alguno, y bajo este contexto el titular minero está facultado para realizar actividades mineras”, así justificó el Estado ecuatoriano.
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“En lugar de cumplir sus obligaciones las autoridades invierten su tiempo y dinero en organizar formas de corrupción minera, a su vez que amedrentan y amenazan a las defensoras y defensores del territorio, tal como ocurre en Buenos Aires, contra nuestras compañeras y compañeros”, dicen en el comunicado.
Concesiones
Hanrine tiene seis concesiones mineras en Imbabura, todas en etapa de exploración. Cuatro de ellas están ubicadas en la parroquia La Merced de Buenos Aires: Imba 1, Imba 2, Imba 5 e Imba 6. Mientras que dos concesiones están ubicadas en la parroquia Carolina, en el cantón Ibarra.
“Ilegales” y “legales”
La comunidad de Buenos Aires estuvo invadida durante tres años, entre 2017 y 2019, por mineros ilegales que se instalaron en una de las áreas concedidas a la minera Hanrine.
En 2019, por decreto presidencial, se ordenó el desalojo de los mineros ilegales que estaban acabando con la zona. A finales de ese mismo año, Hanrine ingresó a la comunidad para iniciar actividades en su concesión. Según informe de la Contraloría General del Estado (2020), la concesión fue otorgada a la minera de oro y cobre.
La conflictividad en la zona ha ido escalando progresivamente a niveles sin precedentes de violencia. De acuerdo con la organización Salva la Selva, desde el aparato estatal, junto los medios de comunicación tradicionales y las empresas mineras se emprendió una campaña para deslegitimar la defensa del territorio. El estado ecuatoriano instaló un campamento militar y policial para controlar la zona.
