Las demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y Caribe se han multiplicado en las últimas dos décadas. Eso es lo que revela la séptima edición del informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe, realizado por TNI (Transnational Institute).
En 1996 fueron registrados seis casos de demandas bajo tratados comerciales en todo el mundo. A finales de 2023 llegó a 1,332 casos. De ese total, los países de América Latina y Caribe fueron demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.
De los 42 países de América Latina y Caribe, 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. México, Argentina, Venezuela, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan lo que representa casi dos tercios del total de las demandas.
El 2023 fue el año con más demandas en la historia del arbitraje en América Latina y Caribe, con 28 demandas registradas, de las cuales 11 corresponden a México.
La organización alerta que los Estados han sido los grandes perdedores en los sistemas de arbitraje de inversiones a nivel mundial. De las 380 demandas conocidas contra países de América Latina y Caribe, en 239 ocasiones existió una resolución del caso. De las 239 demandas resueltas, el inversor salió beneficiado en casi el 60% de los casos. Las demandas relacionadas con minería, gas y petróleo suman el 22,4% del total de los casos.
Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de dólares. Esa cifra es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron juntos los seis países de Centroamérica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador en 2022.
Los países de América Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales, a partir de la década de 1990. Estos tratados protegen a la inversión extranjera y “otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos”, contextualiza el informe, ya sean por leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado.
Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones fuera decisiva en la atracción de inversión extranjera, sostiene. Sin embargo, 30 años después, “la evidencia muestra que los tratados han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región”, señala.
La organización subraya que los impactos negativos de estos tratados son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.
Argentina
El monto más alto ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5,000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes.
Argentina es un caso emblemático. Solamente seis de las 30 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 se decidieron a favor del inversor, y solo una a favor de ninguno de los dos. Si se suma a estos 23, los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, “concluimos que el 85% de las demandas contra Argentina tuvieron un resultado favorable para el inversor”, dice el informe.
Los tratados más utilizados
Empresas europeas (principalmente de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia) y de América del Norte (sin considerar a México) son responsables por 47% y 38% respectivamente de las demandas. Inversores de Estados Unidos son quienes han iniciado la mayor cantidad de ellas. Los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones de este país junto con los tratados comerciales TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), incluso en su versión actualizada el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana) son los más usados por los inversores.
Centros de arbitraje
Existen diversos centros de arbitraje donde se pueden resolver diferencias relativas a inversiones. El centro de arbitraje más concurrido es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. El CIADI fue utilizado 294 veces por los inversores para sus demandas contra países de la región. Esto significa que el 77,4% de todas las demandas fueron llevadas a este centro de arbitraje.
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Otros centros arbitrales son la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya, Países Bajos, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).
