Por Cindy Vargas, del territorio indígena brörán de Térraba y Heylin Figueroa, del territorio indígena bribri de Salitre. En portada: Pueblos originarios de Costa Rica exigen justicia por los asesinatos de Sergio Ortiz y Jhery Rivera que se mantienen en la impunidad.
En la década de 1970 se crearon las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) en Costa Rica. El Estado impuso esta figura en nuestros territorios indígenas para administrar conflictos respecto a la tenencia de tierra y para la implementación de programas sociales y proyectos de desarrollo rural.
A pesar de que el Estado ha promovido las ADI como figuras legítimas en los territorios indígenas, lo cierto es que para nuestros pueblos esta es una forma de organización impuesta, creada por el Estado para dirigir, manejar y manipular los territorios indígenas. En repetidas ocasiones ha violentado nuestra autonomía y no coincide con nuestras tradiciones y cosmovisión.
Además, las ADI se han prestado para entorpecer procesos de recuperación de tierras y han dado pie a la corrupción, a la acumulación de poder por parte de personas y familias no indígenas y han desencadenado conflictos violentos que han resultado en los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, de Salitre y Térraba respectivamente.
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Las ADI en territorios indígenas, al tener la administración de la tierras, pueden realizar traspasos, ventas, inscribir tierras a nombre de personas no indígenas e incluso certificar como poseedores de buena fe a quienes no lo han sido.
En Térraba la ADI ha comprado fincas a personas que no son poseedoras de buena fe con dinero de Pagos de Servicios Ambientales, ha impulsado al Ministerio de la Vivienda, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, al Ministerio de Educación Pública, a la misma Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y a la Caja Costarricense de Seguro Social a invertir recursos en personas a las que había que expropiar.
Por ejemplo, en tierra que ha sido pagada por instituciones, la ADI permite que personas terratenientes que ya han recibido su pago sigan haciendo uso de la tierra para sus actividades extensivas. Entonces vemos el EBASI (Equipos Basicos de Atención Integral de Salud), el Acueducto, el Liceo y el salón comunal de Térraba con ganadería a la par.
Y, por otro lado, vemos como la ADI bloquea apoyos a personas indígenas. Cuando se trató de familias San Andrés, no reconocieron su derecho a la tierra y les llamaron invasores (caso que perdieron y tuvieron que reconocer que sí son familias indígenas), además han impedido que el Instituto Costarricense de Electricidad ponga electricidad en recuperaciones o que den bonos de vivienda a familias indígenas que lo necesitan.
En el caso de Salitre, cuando Sergio Rojas era presidente de la ADI, encabezó la recuperación de tierras desde el 2010 y por esta última razón fue asesinado. Después de su muerte, las recuperaciones se detuvieron y la ADI dejó de dar seguimiento a los procesos de recuperación iniciados por Sergio. Actualmente, el Consejo de Salitre, órgano de determinación autónomo del territorio, está asumiendo las recuperaciones nuevamente.
Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses.
Ante este panorama, el pueblo indígena brörán se ha organizado para crear mecanismos de gobernanza propios que han puesto en evidencia la ilegitimidad de la ADI en su territorio. En el año 2010 lograron que la Sala IV resolviera que todas las personas brörán tuvieran derecho a afiliarse a la ADI, puesto que únicamente el Consejo de Mayores (autoridad tradicional del territorio) como autoridad consultiva puede reconocer su identidad indígena, no la ADI.
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Como consecuencia, también se logró elaborar una base de datos a petición del Consejo de Mayores que consistió en un estudio histórico de las familias que desde un inicio formaron el territorio. A partir del estudio se obtuvieron 12 troncos genealógicos que son los que dan estructura al territorio: si una persona pertenece a alguno de esos troncos, entonces es reconocida como indígena bröran, tanto por el mismo pueblo de Térraba como por las instituciones del Estado.
Desde Salitre y Térraba estamos construyendo y tenemos otras formas de organización representativas de nuestras tradiciones y cosmovisiones como los consejos de mayores y territoriales, y más espacios que se han construido bajo la opinión, conceptos y criterios de diferentes personas. Dentro de nuestros territorios hay grupos que se organizan alrededor de temas de espiritualidad, vivienda, agua, ambiente, educación. Tenemos la capacidad de análisis y diálogo político con las instituciones y de tomar decisiones territoriales consensuadas en beneficio de la comunidad, por lo que reclamamos nuestro derecho al reconocimiento de nuestras estructuras de gobernanza autónomas.
