En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.
La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.
Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.
Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).
La defensa no pidió perdón, sostiene el abogado de López Vega, Juan Carlos Flores Solís. La CEA declaró perdón y “siquiera nos dejaron margen para decir cualquier cosa, si aceptáramos o no. Fue la jueza que aceptó la decisión”.
Flores Solís alerta sobre el hecho de que el caso no está totalmente solucionado. El Ministerio Público analizará, en un período de 10 días, el “perdón” que se otorgó. Solamente después de este análisis el indígena quedará, o no, libre de los dos cargos que lo acusan.
Además, está el tercer cargo contra López Vega, ataque a las vías de comunicación. Éste “ya no ha sido tocado”, y López Vega sigue teniendo que presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. “La Unidad de Medidas Cautelares hace análisis de riesgo que son criminalizadores y con poca ética. Para el día de hoy, este análisis de riesgo que tenían para Miguel decía que era de alta peligrosidad”, explicó el abogado. “Pedimos seguir atentos, seguir empujando para que Miguel tenga completa libertad”.
Delito: organizarse
La profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Magdalena Gómez, enfatiza que la estrategia del Estado para debilitar los procesos organizativos, en el caso de López Vega así como en otras partes de México, es individualizar una acusación penal con base a hechos que fueron decididos por la comunidad, bajo su derecho a la autodeterminación.
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“En el día que detuvieron a Miguel, él salía con otros compañeros a entregar al gobierno del Estado el documento con los acuerdos de la comunidad en torno al rechazo de ese proyecto que contaminaría el río Metlapanapa. Entonces aquí hay una distorsión, una individualización de una acusación a alguien que es representante y parte de la comunidad, pero es la comunidad la que está defendiendo su territorio, su río sus recursos”.
Proceso: situaciones “atípicas”
La causa penal, la “criminalización”, como define el abogado, deriva de los hechos acontecidos el 30 de octubre del 2019, cuando la Guardia Nacional y la Policía Estatal quisieron reprimir a la comunidad de Santa María de Zacatepec, que ha hecho oposición al parque industrial, compuesto por más de 12 empresas, principalmente de los sectores automotriz y textil.
Quienes acusan a López Vega, cuenta Flores Solís, son trabajadores de las empresas y un trabajador de la Comisión Estatal del Agua, personas que “tienen un interés” en este proceso. Acusan al indígena “mediante testimonios falsos”.
López Vega fue detenido en enero de 2020, y puesto en libertad condicionada tras una audiencia en la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, realizada el 29 de enero, en la cual se decidió retirar dos de los tres cargos en su contra por “falta de elementos suficientes”.
Todavía quedaba un tercer cargo. La defensa de López Vega solicitó la suspensión condicional del proceso en los años 2021 y 2022. “Hicimos las solicitudes en cuatro ocasiones. Nos llegaron a decir, los encargados de la Unidad de Medidas Cautelares, que aunque lo solicitáramos cien veces, cien veces los iban a negar porque era un orden de arriba. Al denunciar eso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y públicamente, ante una rueda de prensa, se generó una mayor molestia por parte de las autoridades de la Comisión Estatal del Agua”, recuerda.
En una “situación totalmente atípica”, en enero de 2021, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento presentó un recurso de apelación, bajo el argumento de que no había sido informada de la audiencia del 29 de enero de 2020, en la cual se liberó el indígena de dos de los tres cargos. La apelación resultó en la decisión del 16 de marzo de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Puebla de revocar la decisión del 29 de enero de 2020 y citar a una nueva audiencia para el 29 de marzo de 2023.
“Insisto que es un absurdo que la Comisión Estatal del Agua dijera que no sabía que Miguel había salido libre. También reitero que, en esta situación atípica, hubo una audiencia el 10 de septiembre del 2022 donde estaba la Comisión Estatal del Agua. Ahí mismo se mencionó” la situación, explica el abogado.
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Está claro que la “intención del gobierno del Estado era volver a encarcelar a Miguel por el delito de estarse organizando, por el delito de mantenernos unidos como pueblos”, agrega Flores Solís.
