Indígenas son considerados terroristas por defender sus ríos

Fotos: Anthony Guerra, Santiago Navarro F

“No sabemos de donde viene esa gente. Nosotros somos del agua, de ella vivimos. No necesitamos de la presencia de la empresa, nosotros sabemos vivir en nuestro lugar así como estamos. Nosotros queremos tener una vida de paz y lleno de alegría. Antes vivíamos tranquilos y alegres, pero cuando la empresa llegó, sembró el odio. Trabajadores de la empresa vienen a intimidarnos que nos van a matar con sus armas"

Ella es Zara Mercedes Días Velásquez, va caminando junto a otras mujeres que van con sus hijos. Camina con un palo en la mano, lo sostiene fuerte, como apretando la esperanza, arruga la piel, y suelta un grito, “!pedimos justicia, que se vaya ya la policía! ¡Que se ganen la vida trabajando con el sudor de su frente como nosotros! ¡Que se vayan también estos empresarios de la región!”. Mercedes, al igual que el resto de los miembros de su comunidad, ha sido catalogada como terrorista por oponerse a uno de los proyectos más importantes para esta región, un proyecto hidroeléctrico, que a pesar de que ha anunciado que traerá el desarrollo para estas comunidades, solo ha traído la desgracia.

Zara Mercedes es de la Aldea Bella Linda. Ellos pertenecen a los pueblos ancestrales Mayas Chuj, del municipio de San Mateo Ixtatán, en Huhuetenango, al norte de Guatemala. Están ubicados a tan solo tres kilómetros de la frontera con México. En estas tierras, en nombre del “Desarrollo Sostenible”, se ha proyectado la construcción de tres presas hidroeléctricas, Pojom I, Pojom II y San Andrés, que serán alimentados por el desvió de las aguas de los ríos Negro, Pojom, Yalwitz, Primavera, Varsovia y Palmira. En respuesta, las comunidades indígenas de la región, sostienen por más de 4 años una resistencia contra este proyecto energético.

En la visita que realizó el equipo de Avispa Midia, en julio de este año 2018, en la microrregión Yich K'isis (o Ixquisis), perteneciente a San Mateo Ixtatán, pudo constatar la presencia del la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) en diversos puntos estratégicos de la empresa Promoción y Desarrollo Hídrico, Sociedad Anónima (PDH S.A.), encargada de la construcción del complejo hidroeléctrico.

También, existe un destacamento militar instalado desde mayo del año 2014 y seguridad privada, así lo afirmó el director nacional de auxiliaturas de los Derechos Humanos de Guatemala, Miguel Colop Hernández. “La Policía Nacional Civil, aproximadamente 300 elementos, y un destacamento del Ejercito de Guatemala se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa PDH S.A., también hay seguridad privada y eso ha provocado descontento hacia las comunidades. Los elementos de seguridad solo han argumentado que reciben ordenes de sus superiores. Aunque eso no habla bien del gobierno guatemalteco”, dijo para Avispa Midia el funcionario, quien estaba en misión de observador en las manifestaciones pacificas de julio del 2018.

“Fuimos muy enfáticos con la PNC en decirles que no pueden ellos, en ningún momento, estar afectado o estar intimidando para que no se puedan realizar las manifestaciones. También estamos investigando de porque esta la PNC en propiedades de la empresa”,

SEÑALO MIGUEL COLOP HERNÁNDEZ.

Existen antecedentes de cómo es que a estas comunidades se les ha tachado de terroristas. En agosto de 2017 los manifestantes realizaron una de tantas manifestaciones pacíficas en la región de YichKisis, donde se encuentran las principales instalaciones de la empresa PDH S. A. Ahí entregaron un documento al jefe del destacamento militar y otro al oficial encargado de la PNC, exigiendo su retirada. Se habían concentrado más de 2 mil manifestantes con la consigna de mantener una protesta pacifica.

Pero momentos después “unas personas que tenían tapado su cara, quemaron la maquinaria. Púes nosotros pensamos que fueron los mismos trabajadores, pero nos quieren echar la culpa a nosotros”, denuncia para Avispa Midia el presidente regional de segundo nivel de la Microrregión de Yich K'isis, de San Mateo Ixtatán, Lucas Jorge García.

Minutos después de estos acontecimientos, la empresa anunció una versión totalmente distorsionada para los medios de comunicación, catalogando las acciones como actos terroristas.

Así también lo calificó oficialmente el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en un comunicado emitido el 31 de agosto. “Condenamos enérgicamente los disturbios en Ixquisis, Huehuetenango, los cuales solo pueden ser considerados como actos de terrorismo”.

También fue el caso de la Asociación de Generadores Con Energía Renovable (AGER). “Repudiamos los actos terroristas que se están llevando acabo en la aldea de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, cometido por criminales”, denunciaron en un comunicado oficial fechado el mismo día 31 de agosto.

 La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) advirtió en su informe de diciembre de ese mismo año 2017, que este lenguaje estigmatizante contra los inconformes ha proliferado en redes sociales y medios de comunicación intentando deslegitimar las exigencias de estas comunidades. Por ejemplo, “organizaciones de la sociedad civil indicaron que las personas defensoras de derechos humanos son señaladas como “alborotadores profesionales”, “bandoleros”, “matones profesionales”, “chusma fratricida fracasada”, “ONGs de izquierda otrora organizaciones terroristas”.

“Aquí somos pacíficos, nunca hacemos violencia. Pero ellos nos echan la culpa de que somos terroristas y que somos guerrilleros. Incluso el monseñor Álvaro Mazzani de la Diócesis de Huehuetenango ha dicho que somos terroristas, pero ese monseñor está a lado de la empresa, porque tiene sangre de los españoles que vinieron hace mas 500 años por eso nos sigue chingando”,

DICE LUCAS JORGE.

Ley Antiterrorista

En medio de estos acontecimientos, en noviembre del 2017, el diputado de la bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Napoleón Rojas, presentó una iniciativa de ley antiterrorista que fue respaldada con los votos de la Comisión de Gobernación del Congreso. Este proyecto denominado “Ley Contra Actos Terroristas”, con número 5239, compuesto por 58 artículos, fue establecido por el compromiso internacional con la lucha contra el terrorismo y conforme a las recomendaciones realizadas por el por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI-LAT), la misma recomendación realizada para el resto de los países latinoamericanos.

La presente ley, en su Capitulo I, establece que “es de orden público y tiene por objeto regular las figuras delictivas relacionadas con el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones; así como prevenir, propiciar la investigación y sanción de los actos de carácter terrorista, para garantizar el orden constitucional, el Estado de Derecho”.

Zara mercedes esta harta de tantas intimidaciones, pero esta resuelta a luchar hasta el final. “Nosotros estamos luchando porque no queremos riegos para nuestros hijos.Pero ahora hay gente que nos salen en el camino y nos amenazan, dicen que somos guerrilleros, terroristas. Nosotros no somos guerrilleros, somos luchadores, no traemos armas, venimos simples, venimos a manifestarnos. La policía es la que esta haciendo escándalo, ofenden a las comunidades y usan gas contra nosotros, ellos son los terroristas"

Zapatistas

En enero del 2017 más de 2 mil manifestantes pretendían instalar un plantón cerca de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. Pero en torno a la finca que se encuentra entre la carretera comunal en Pojom y la frontera con México, un grupo de personas encapuchadas colocó unas mallas del campamento de la empresa y comenzaron a quemar la maquinaria. Así lo documentó Prensa Comunitaria, quien estaba presente en el momento de los acontecimientos. “De la zona boscosa se comenzó a escuchar el ruido seco de los disparos de las escopetas…el periodista Santiago Botón, reconoció el sonido de los disparos: no eran armas de escopeta que pudieran tener agentes de seguridad, estaban usando fusiles militares”, denunciaron los periodistas presentes.

Exactamente a 10 minutos de donde se encuentra el destacamento militar, hombres armados comenzaron a disparar, provocando la muerte de un anciano de 72 años de edad, era Sebastián Alonso Juan. La policía y el ejercito no intervino para apoyar a los manifestantes.

Prensa Comunitaria había obtenido el informe de los hechos, que realizó el destacamento de la PNC, quienes operan desde dentro de la empresa PDH S.A., fue enviado a sus superiores de la PNC en Huehuetenango. En este informe se afirma que, “siendo las 22 hrs. del 14-01-2017, un grupo de personas armadas zapatistas (del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) procedente de México, ingresaron al municipio a la Aldea Ixquisis del Municipio de San Mateo Ixtatán, con el fin de incendiar casas deshabitadas y tomar una finca ganadera”. El informe afirma que en su recorrido identificó una manta que rezaba lo siguiente, “ se dan 24 horas a la Policía Nacional Civil, Ejercito Nacional y a las personas de PDH para que se retiren del lugar”.

Nunca se comprobó la presencia del Ejercito Zapatista en esta región, por el contrario, el 5 de junio de 2017, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la CIDH señaló su preocupación por el asesinato de Sebastián Alonso Juan, por lo que, en el Comunicado de Prensa No. 072/17, anunciaba que durante la visita en terreno al poblado de Ixquisis, la CIDH se reunió́ con los familiares de Sebastián Alonso quienes señalaron que después de haber sido abatido, trabajadores de la hidroeléctrica habrían procedido a golpearle en un lado de la cara y el cuello cuando se encontraba agonizando.

Así mismo, en el informe de la CIDH, presentado en diciembre del 2017, llamado “Situación de Derechos Humanos en Guatemala”, documentó durante su visita a Ixquisis y Santa Eulalia, en el departamento de Huehuetenango, que la situación es de grave conflictividad derivada de los diversos proyectos hidroeléctricos y que por lo menos 278 defensoras y defensores se encuentran sujetos a procesos judiciales y captura. “Esto es frecuentemente utilizado contra las comunidades que ocupan tierras de interés para el desarrollo de mega proyectos y explotación de recursos naturales. Solo en la región norte de Guatemala existen 500 ordenes de captura vigentes”, dice el informe.

Comando Sur

Por si fuera poco, el 13 y 15 de febrero de este año 2018, elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM por sus siglas en inglés), con sede en la Base Aérea Soto Cano en Comayagua, Honduras, se movilizaron al municipio de Nentón, en Huehuetenango, en la frontera guatemalteca con México. Participaron 66 miembros de la FTC-Bravo, entre médicos y militares, en conjunto con la 5ª Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala. Los militares también contaron con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de Guatemala (SOSEP), liderada por la Primera Dama de la Nación, Patricia de Morales.

Medios locales documentaron, que a parte de sus acciones en Nentón, sobrevolaron 3 helicópteros militares por los municipios de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas.

Los vieron salir desde la cabecera departamental de Huehuetenango sin conocer su rumbo. Las personas de las comunidades se percataron de las aeronaves por su gran tamaño. Sobrevolaron el cielo de San Mateo Ixtatán, unos minutos después llegaron a Yichkisis y descendieron en la pista de aterrizaje que existe en las instalaciones la empresa PDH S.A.

“Aproximadamente a las 10 de la mañana, tres helicópteros militares (UH-60 Black Hawk) del ejército norteamericano, llegaron a la finca Ixquisis y aterrizaron en las instalaciones de la empresa PDH”,

DENUNCIARON LOS COMUNITARIOS.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la presencia del Comando Sur en esta región. El gobierno de Guatemala aun no ha anunciado nada sobre ello.

Seguridad Privada

Por otra parte, la seguridad privada que custodia los bienes de la empresa es el grupo Serseco, dijeron los voceros del ministerio de gobernación de Guatemala en enero del 2017, en un dialogo entre el Partido de Convergencia y los ministros de energía y minas.

El Grupo Serseco (Servicios de Seguridad Consolidados) fue fundado en 1986 y considerado así mismo como líder en Soluciones Integrales de Seguridad, con el abanico de servicios para empresas, hogares, seguridad personal y, además diversos productos. Tiene presencia en diversos países de Latinoamérica como Venezuela, Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador. También tiene empresas aliadas en España.

“Como parte de su estrategia de negocio, Grupo Serseco ha traspasado fronteras y conquistado otros mercados, con el propósito de replicar su know-how y experiencia en otros países. Tal es el caso de Serseco International que surge en el año 2006 y opera desde Estados Unidos para atender la demanda internacional en lo que a productos de seguridad se refiere”, reza su portal oficial.

“La seguridad privada de la empresa son los que nos han provocado constantemente. Nosotros vamos a continuar con nuestra lucha hasta que se vaya esta empresa de nuestras comunidades, no importa que nos digan terroristas, porque nos van afectar, van afectar a nuestros hijos. Es por ellos que luchamos”, agrega Zara Mercedes.

Un campesino de no más de 60 años, que no quiso mencionar su nombre por seguridad, muestra el Río Negro al equipo de Avispa Midia, bebe algunos sorbos de agua y se lava la cara en señal de que el agua es limpia. Cuenta que cuando llegó la empresa, “muy al principio vino a decir que iba a construir una pequeña plantita, para tener alumbrado publico y energía para las 31 comunidades que no cuentan con el servicio, también dijeron que lo iban hacer por el cambio climático. Después comenzaron a desviar el río”.

Según los inversionistas de este complejo hidroeléctrico, que está a cargo de la empresa Promoción y Desarrollo Hídrico, Sociedad Anónima (PDH S.A.), tienen proyectado evitar emisiones de gases de efecto invernadero que equivalen a las de casi 25.000 automóviles al año, esto es más que suficiente para que este proyecto sea considerado como “desarrollo sostenible” para la región, según los empresarios. Por tanto, adicionalmente a los beneficios adquiridos por la venta de energía, los inversionistas se harán acreedores de una compensación, por medio de Certificados de Reducción de Emisiones (CER por sus siglas en inglés). Cada CER equivale a una tonelada de dióxido de carbono (tCO2), usualmente vendidos en la bolsa de valores como Bonos de Carbono para los países o industrias, quienes buscan compensar sus limites de contaminación o para contaminar más, pagando su derecho con estos certificados.

Los comunitarios discrepan con este desarrollo sostenible. “No estamos de acuerdo con su desarrollo, queremos que nos dejen en paz en nuestro territorio. No creemos en ese desarrollo que mata, que viola y que utiliza a la policía y al ejercito. Además destruyen nuestras comunidades. Es aquí donde tenemos respeto por nuestra santa tierra”, dice el presidente regional de segundo nivel de la Microrregión de Ixquisis.

Maril Hernández Martínez, una joven de 17 años, denuncia que la empresa PDH S.A. los han amenazado de muerte por vivir cerca de sus instalaciones. “No sabemos de donde viene esa gente. Nosotros somos del agua, de ella vivimos. No necesitamos de la presencia de la empresa, nosotros sabemos vivir en nuestro lugar así como estamos. Nosotros queremos tener una vida de paz y lleno de alegría. Antes vivíamos tranquilos y alegres, pero cuando la empresa llegó, sembró el odio. Trabajadores de la empresa vienen a intimidarnos que nos van a matar con sus armas”, cuenta la joven para Avispa Midia.

Cambio de nombre

El 3 de octubre del año 2017, PDH S.A. anunciaba públicamente que la empresa finalizaba un ciclo, por tanto, evolucionaba a un nuevo modelo de negocio. “Ahora somos Energía y Renovación, y apostamos por el desarrollo sostenible”, anunciaba en su comunicado.

Lucas Jorge se muestra escéptico cuando le preguntamos sobre el cambio de nombre, sin titubeó alguno, afirmó que “la empresa cambió de nombre por la cantidad de denuncias que se le fueron sumando, por la violación de los derechos humanos en contra de las comunidades en resistencia pacifica”, pero además de ello, porque la “PNC y la seguridad privada de la empresa dispararon contra nosotros. Ahí mataron a Sebastián Alonso Juan de la comunidad Yulchen Frontera”, cuenta el presidente de Ixquisis.

“Ya nos han dicho que nos van a chingar, que nos van a matar. Nuestros esposos están siendo señalados por la misma gente de otras aldeas que nomas les ponen el uniforme de la PCN para crear conflicto entre nosotros”,

DENUNCIA ZARA MERCEDES.

Este contexto de violencia contrasta con la posición de la empresa Energía y Renovación, cuando se jacta en su portal oficial de respetar “la diversidad y riqueza cultural del área”, y también asegura promover la sostenibilidad ambiental y la apertura al diálogo y el consenso, asumiendo que son “respetuosos de los derechos humanos y creemos en la rendición de cuentas”, señala el portal.

Para los inconformes el diálogo se rompió desde un primer momento en que la empresa y el gobierno guatemalteco desconocieron los resultados de su ejercicio de consulta realizada de buena fe en el año 2009, junto con el alcalde de San Mateo Ixtatán, que en ese momento era Andrés Alonso Pascual. Se promovió la Consulta Comunitaria con 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el municipio, con una participación de 25,646 personas, del cual el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

La empresa y el gobierno de Guatemala han intentado negociar más de una vez con los comunitarios, los han intentado seducir con carreteras, con escuelas y centros médicos y también les ha vuelto a proponer una nueva consulta, pero los comunitarios están resueltos en no aceptar ningún proyecto en sus comunidades. “Como jóvenes nosotros pedimos el retiro de la empresa PDH, ya no hay nada que consultar. No queremos nada de ellos. Nosotros no nos queremos quedar sin agua, por eso exigimos al gobierno que retire a la policía, que retire esta empresa. Porque están metiendo su drenaje en el agua que tomamos. Nos han ofrecido agua potable, pero no lo necesitamos, porque tomamos agua del rio y de ahí vivimos, pero ellos lo están contaminando”, denuncia la joven Maril Hernández.

Continuidad

A pesar de que la empresa PDH S.A. cambió de nombre a “Energía y Renovación” aun conserva los mismos objetivos trazados desde un inicio, así lo afirma su nuevo portal oficial. “Lograr la ejecución estratégica y sostenible de los proyectos hidroeléctricos GSM (Generadora San Andres S.A. ) /GSA (Generadora San Mateo S.A) y el proyecto de Trasmisión Eléctrica ETN en plazo, calidad y costo en el marco de un acuerdo y aceptación social, política y cultural; local y regional; sostenibilidad ambiental bajo el marco de legalidad y mejores practicas internacionales”.

(GSM) Generadora San Mateo S.A., conformada en el 2012 por su apoderado legal, Otto Manfredo Armas Oliveros, fue creada para desarrollar, construir y operar el proyecto de energía hidroeléctrica al filo de agua con una capacidad estimada de 120.087 MWh por año, ubicado en la municipalidad de Ixquisis, utilizando las aguas de los ríos Negro y Pojom. (GSA) Generadora San Andres S.A. también es una empresa guatemalteca establecida en 2012 para desarrollar, construir y operar un proyecto de energía hidroeléctrica al filo de agua con una capacidad estimada de 10,65 MW, ubicado en la municipalidad de Ixquisis, Departamento de Huehuetenango. El proyecto utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Palmira y se prevé que generará unos 44.300 MWh por año. Ambos proyectos fungen como subsidiarias de Energía y Renovación.

“Aquí en el Río Negro caían muchas nubes antes, pero la empresa vino y comenzó a escarbar y se llevó los minerales. Así comenzó a meter los tubos y pues ya no hay nubes”,

RELATA EL PRESIDENTE REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DE LA MICRORREGIÓN DE IXQUISIS.

“El Río Negro nace aquí mismo en la finca que se llama las camelias. Desde que llegó la empresa comenzaron a destrozar los ríos. Las amenazas de estos ríos es la maquinaria que están ubicadas a la orilla. Ya los están contaminando. Este río sale a Bella Linda, en la parte de México. Antes habían muchos pescaditos y caracoles, ahora ya no hay nada. También el otro río, en san francisco, donde la gente bebe el agua, también esta contaminando. Puro lodo esta bajando”, dijo Zara Mercedes.

La construcción de los dos proyectos están estimados con un costo de 57,901,000 millones de dólares, de los cuales, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) aprobó un préstamo de hasta US$9 millones a Generadora San Mateo S.A. (GSM) y de hasta US$6 millones a Generadora San Andrés S.A. (GSA) para la construcción de las dos centrales hidroeléctricas. También incluye la construcción de una línea de transmisión y subestaciones para transmitir energía.

“Tenemos conocimiento de que esa energía se va a vender para otras ciudades, para las industrias transnacionales. Esa energía no es para las comunidades. Entonces de que desarrollo están hablando. ¿Desarrollo para quien?”, cuestiona para Avispa Midia el presidente regional de segundo nivel de la Microrregión de Ixquisis, Lucas Jorge García.

Justamente, la Corporación Interamericana de Inversiones señala que para que fluya la energía al sistema eléctrico nacional, será a través de una línea de transmisión y subestaciones desde la central de generación cercana al río Yalhuitz a un centro de maniobras del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cerca de la ciudad de San Mateo Ixtatán. La electricidad se transportará desde la central generadora hasta una subestación elevadora que se construirá entre Ixquisis y Nuevo San Mateo mediante una línea subterránea que será mayormente paralela a la tubería y los conductos de San Mateo a lo largo de unos 6 km. Desde la estación elevadora, se transportará la electricidad mediante una línea de transmisión aérea de 69 kV y 26,14 km de longitud hasta la conexión al SEN cerca de San Mateo Ixtatán.

“El agua representa la vida para nosotros y no estamos dispuestos a cambiarla por luz. Porque la luz no nos da de comer, la luz no hace crecer las plantas”, comparte Lucas Jorge.

La contaminación de estos ríos es contrario a las necesidades de las comunidades en Guatemala. Según los datos recabados por la CIDH cerca de tres millones de personas guatemaltecas carecen de acceso al agua potable y aproximadamente seis millones no tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado. Entre la población en situación de pobreza extrema, el 40% no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua. Guatemala es el único país de Centroamérica que no cuenta con una Ley de Aguas. La información recibida indica, además, que en las zonas rurales hay graves problemas de acceso al agua potable por sequias, desvíos de ríos y acaparamiento de agua por el sector empresarial.

En esta región, donde brota el agua por doquier, con las centrales hidroeléctricas en su conjunto se pretende generar más 170.000 MWh anuales de energía renovable que fluirán para su comercialización por medio de las Redes de Interconexión para el Mercado Regional Centroamericano (MRC). “Hasta hoy, los esfuerzos por avanzar en la integración eléctrica regional se han materializado en el diseño y ejecución del proyecto “Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central” (SIEPAC), la construcción del primer sistema de transmisión regional y la puesta en marcha de un mercado eléctrico competitivo con participación de todos los países centroamericanos”, anunció el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017 en su informe de Integración Eléctrica Centroamericana.

La interconexión

La empresa PDH S.A., hoy “Energía y Renovación”, fue registrada oficialmente en el año 2007 con su apoderado legal, Carlos Eduardo Rodas Marzano.

Marzano fungió como Comisionado Presidencial del Gobierno de Guatemala, teniendo el cargo de Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores con Rango de Embajador en Misión Especial para el Plan Puebla Panamá (PPP), hoy conocido como “Proyecto Mesoamérica”. Este proyecto de integración fue presentado en el año 2000 por el entonces presidente de México, Vicente Fox Quezada, desde ese momento ha predominado la agenda y el flujo de capital de Estados Unidos.

Los objetivos han sido la expansión del libre mercado desde el sur de México hacía el resto de Centroamérica, donde los gobiernos se comprometieron a impulsar las llamadas “Iniciativas Mesoamericanas”, esquematizadas en ocho componentes, en su orden: Desarrollo sostenible; Desarrollo humano; Prevención y mitigación de desastres naturales; Promoción del turismo; Facilitación de intercambio comercial; Integración vial; Interconexión energética; Integración de los servicios de telecomunicaciones.

En el año 2001, en el marco del PPP y para promover la integración en la región mesoamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaba el proyecto de interconexión eléctrica Guatemala-México, la cual complementa “el SIEPAC, un proyecto de $ 320 millones para desarrollar la primera red regional de transmisión de la red eléctrica de América Central y un mercado mayorista de electricidad”, señalaba el BID, asumiendo el compromiso, junto con empresas españolas, de apoyar este proyecto.

México, como presidente permanente de “Proyecto Mesoamérica”, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), ha promovido la creación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), con una extensión de 1800 KM y también una red de 65.000 kilómetros de fibra óptica para telecomunicaciones. Una red que va desde Guatemala hasta Panamá y se extiende hasta Colombia, una infraestructura por donde se ha abierto el Mercado Eléctrico Regional (MER) que inició operaciones en el año 2014. El capital de inversionistas mexicanos es del 11% de la empresa propietaria del SIEPAC, también figuran capitales de empresas estadounidenses, de España y del resto de Centroamérica y Colombia.

De acuerdo con el Informe Estadístico, Dirección General de Energía de Guatemala del año 2016, en este año se había logrado cubrir más del 58% de la demanda de energía de este país con recursos renovables. En total fueron instalados 440.56 MW, de los cuales el 59.95% corresponden a plantas hidroeléctricas y el 40.05% son plantas de generación de electricidad que utilizan procesos térmicos. En total para el año 2016 se instalaron aproximadamente 2,444 kW más, de los cuales la empresa DEORSA representaba el 57%, seguido de EEGSA con 37% y finalmente DEOCSA con 6%, las tres empresas eran de capital transnacional de la empresa española Gas Natural Fenosa.

En mayo de 2011 el Fondo de Inversión Británico Actis adquirió las acciones de Deorsa y Deocsa por un monto de US$345 millones a la transnacional española Gas Natural Fenosa y rebautizó las dos empresas con el nombre de Energuate. Posteriormente en el año 2016 la empresa IC Power LTD, del Fondo de Inversiones Estadounidense I Squared Capital (ISQ), a su vez subsidiaria de Kenon Holding Israel, empresa israelí que es operadora de redes eléctricas en Perú, Colombia, Chile, parte del Caribe e Israel y ahora Guatemala, adquirió la empresa Energuate.

En el mismo Informe Estadístico se había anunciado que desde el 2016 “Guatemala exporta energía eléctrica al Mercado Eléctrico Regional (MER) y a México”, y que tan solo en este año se exportó alrededor del 11% de la producción nacional. “El 98% de las exportaciones fueron hacia el MER y se observaron las primeras ofertas de exportación de energía hacia México por parte de agentes guatemaltecos”.

“Sabemos bien que esta energía no es para las comunidades, es para las transnacionales. Están metiendo unos cables bien gruesos. Muchos dicen que van para México. Nosotros no importamos para las transnacionales”, comparte Maril Hernández.

Uno de los puntos del flujo de energía de Guatemala hacia México es por la línea eléctrica de 80 kilómetros y 400 kilovoltios que conecta con la subestación mexicana en Tapachula y la subestación guatemalteca en Los Brillantes y que comenzó a funcionar desde el año 2010. Hasta mayo de este año 2018 las ventas hacia México ascendían en a US $7 millones 21 mil. Mientras que las exportaciones de energía a Centroamérica generó US $44 millones 156 mil, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido promotor de SIEPAC como uno de los motores de la agenda de desarrollo y competitividad de Centroamérica. En una de las últimas reuniones en su sede, en abril de 2018, con una representación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, así como del Gobierno de México y autoridades del MER, de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, reafirmo su compromiso. “El BID está comprometido a continuar siendo el socio estratégico y a apoyar el proceso de integración eléctrica regional. Con este objetivo el Banco apoya y acompaña con recursos de cooperación técnica y recursos de financiamiento”.

En dicha reunión también se mostró el compromiso de continuar la obra de interconexión eléctrica entre Guatemala y México con la consolidación de la interconexión de México y el SIEPAC. “Este año (2018) se finalizará el desarrollo del estudio para el Diseño General del Mercado Eléctrico México-SIEPAC, y también se avanzará en el desarrollo del estudio de factibilidad que se concluirá en el primer semestre del año 2019”.

“A nosotros solo nos queda luchar. Sino hacemos la lucha ahora, mañana ya no tendremos nuestros territorio. No tendremos el agua y no habrá maíz. Vamos a morir de hambre. Que entienda la empresa y el gobierno, su desarrollo es muerte para nosotros”, finaliza Marlin, la joven de 17 años.