El pueblo chileno rompió con décadas de conservadurismo y neoliberalismo al ganar la batalla por una nueva Constitución, que busca dejar atrás la larga noche del pinochetismo.
Por Andrés Kogan Valderrama
A propósito del histórico resultado del plebiscito en Chile el pasado 25 de octubre, en donde más del 78 por ciento de las personas votaron la opción “Apruebo” para elaborar una nueva Constitución, ahora el desafío es consolidar un proceso democrático que vaya mucho más allá de lo electoral.
Si bien la votación alcanzó el 50,9 por ciento del padrón electoral, nunca habían votado tantas personas en Chile en una elección (7.562.173 de sufragios). Además, es inédita tanta diferencia entre quienes optamos por votar Apruebo y por la Convención Constitucional Paritaria, frente a la opción conservadora del rechazo y convención mixta. De hecho, pudo ser mucho mayor la votación y diferencia en un contexto sin pandemia y con el voto obligatorio.
Una paliza electoral que muestra que la gran mayoría que votamos ese día queremos construir un país distinto, no de unos pocos solamente, y que responda realmente a la pluralidad de voces y experiencias para que la dignidad de las personas, comunidades y territorios se haga costumbre.
No es casualidad, por tanto, que en las llamadas zonas de sacrificio, íconos de la negación y violencia de parte del sistema neoliberal-extractivista, el “Apruebo” haya ganado por más del 89 por ciento de los votos (Freirina, Huasco, Mejillones, Petorca, Illapel, Tocopilla, Chañaral, Andacollo, María Elena, Diego de Almagro). Algo que nos muestra que el Chile más maltratado y pisoteado se levantó para decir basta.
Asimismo, esta gran votación no es solo el resultado de la gran revuelta de octubre del año pasado, sino que es algo que se viene construyendo desde hace décadas, en donde las luchas estudiantiles, socioambientales, feministas, indígenas, de disidencias sexuales, animalistas, de trabajadores, entre otras, fueron generando las condiciones políticas para abrir un proceso constituyente inédito en la historia del país.
Por lo mismo, esas luchas deben seguir articulándose para presionar y exigir grandes transformaciones a la misma Convención Constitucional, la cual es probable que sea cooptada por los mismos partidos políticos tradicionales, ya que el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” restringe bastante el acceso a personas que estén fuera de estas organizaciones para ser parte del nuevo órgano constitucional.
Por eso, como bien plantea el ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, la Constitución no puede ser el resultado solamente del trabajo de quienes conformen la convención, sino de los mismos ciudadanos y ciudadanas, quienes son los y las reales constituyentes, quienes deben ser protagonistas en la construcción de este nuevo proyecto de vida en común.
De ahí que sea tan, o más importante, el proceso de elaboración de la Constitución que la Constitución misma, ya que, si se logra una mayor politización de la sociedad, en donde se instalen cabildos por todas partes, los nuevos integrantes de la Convención Constitucional estarán obligados a incluir las grandes demandas históricas. El desafío, por ende, es encontrar mecanismos ciudadanos para visibilizar lo que más se puedan esas demandas.
Las demandas son muchas, pero es fundamental que tanto los derechos humanos y de la naturaleza sean garantizados en la nueva Constitución, para que así la propiedad privada nunca más se interponga sobre otros derechos y se abra un nuevo camino que impulse múltiples soberanías (alimentaria, hídrica, energética).
Lo mismo con la necesidad de construir una Constitución plurinacional, en donde el centro no sea el alcanzar el progreso o el desarrollo, sino una vida sostenible territorialmente. Tenemos mucho que aprender de los distintos pueblos indígenas y su relación con los ecosistemas, y de cómo estos han aportado en otros procesos constituyentes de la región.
En cuanto a los peligros de que, luego de la aprobación de la nueva Constitución, su cumplimiento sea vulnerado por grandes empresas transnacionales o cooptada por caudillos autoritarios, como le ha pasado a países vecinos, depende de cuán organizada o no esté la sociedad para estar atenta y exigir el cumplimiento de los derechos.
Por todo lo señalado anteriormente, el proceso constituyente que estamos viviendo en Chile tiene que ser un proceso sin fin, como la democracia misma, y solo tenemos que seguir impulsándolo en todos los espacios posibles.
Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta / Foto de portada por Luis Hidalgo / AP
