La campaña Sin Maíz no Hay País, constituida por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, científicas, académicas en la defensa del ambiente, denunció que la compañía Bayer-Monsanto se había amparado legalmente para evadir el decreto presidencial expuesto el 31 de diciembre del 2020, en el cual se prohíbe la siembra del maíz transgénico, al igual que el uso, adquisición, distribución e importación del herbicida glifosato. Hace unos días, un tribunal decidió retirar dicha suspensión para alinear a la empresa internacional a los decretos federales, resolución que fue corroborada por un juez.
Ahora, es el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) quien ha solicitado un amparo y pretende quedar eximido de las normativas impuestas el año pasado. Con la suspensión provisional que han logrado, podrán continuar utilizando glifosato aun cuando el Ejecutivo Federal lo prohíbe.
En una carta publicada el 7 de mayo del año en curso, firmada por 6932 personas y organizacioes, se solicita al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martin Adolfo Santos Pérez, y a la Secretaria del Juzgado Octavo, Claudia Marcela Vargas Zamarroni, que revoquen la suspensión provisional al CNA.
En la epístola se expone que se están mermando los intereses generales de la sociedad mexicana en su esfuerzo por desarrollar autosuficiencia y soberanía alimentaria, mientras que se inmunizan los intereses de la Consejo Nacional Agropecuario. Igualmente, se subraya en la carta que, de no suspenderse los amparos otorgados a la CNA, se pone en riesgo la salud de los consumidores de maíz, que ingieren sustancias nocivas por el uso de semilla transgénica y glifosato.
Para ahondar en esta temática y entender la trama legal, el abogado Julián Zúñiga, que hace parte de la campaña Sin Maíz no Hay País, ha participado en una entrevista con Avispa Midia. El abogado explica que de los diez amparos (a favor de los usuarios del glifosato) que han monitoreado, únicamente dos de ellos han sido admitidos y entre estos se encuentra aquel que privilegia a la CNA, organización que representa los intereses comunes de sus 252 socios y asociados pertenecientes al sector agropecuario y agroalimentario privado.
El abogado Zúñiga refiere que el proceso para conseguir la suspensión definitiva del amparo (es decir, revocar el amparo que favorece el CNA) sigue diferentes etapas de juicio. Inicialmente, la organización Sin Maíz no Hay País procedió a denunciar desde la colectividad. Lo siguiente es que un tribunal de segunda instancia -que se encarga de resolver sobre esta decisión provisional- analice el caso a partir de las evidencias proporcionadas por los denunciantes. Una vez que tengan un argumento sólido sustentado en pruebas, el tribunal provisional apelará la decisión inicial del juez, que es a favor del CNA.
El juez, finalmente, volverá a analizar la decisión del tribunal y decidirá si proporcionar o no una suspensión definitiva.
En este escenario, un factor imprescindible es la denuncia. Zúñiga expresa que “para conseguir la anulación definitiva del amparo la colectividad afectada tiene un recurso jurídico para alienarse al juicio como terceros y terceras interesadas, es decir, aquellos productores afectados por el uso de glifosato pueden ejercer su derecho para manifestarle al juez, de qué manera se está cometiendo un agravio en su contra y como viven las afectaciones”.
Por su parte, representar y validar a los terceros interesados es complicado, pero, como Zúñiga recalca aun así pueden aportar al juicio, porque “eso no nos impide hacerle llegar a los jueces, a las juezas o a cualquier miembro del poder judicial los argumentos y evidencia científica que creamos convenientes para que puedan resolver”.
Aunque el proceso aparentemente es simple, el revocar un amparo demanda acciones meticulosas y argumentos firmes sustentados en pruebas sólidas. Para que el juicio encuentre su fin podrían transcurrir incluso siete años y los afiliados al CNA podrían seguir utilizando semilla transgénica y glifosato durante este periodo. En otras palabras, mientras el juicio dure ellos tendrían el derecho de conservar su licencia de manipulación del agrotóxico, aun si es después del 2024 (plazo límite para vetar el glifosato
de los campos mexicanos, acorde a los decretos presidenciales), e incluso podrían prepararse para negociar esta situación con el próximo sexenio gubernamental.
¿Qué pretende la CNA?
Para contextualizar, es menester indicar que el Consejo Nacional Agropecuario es una asociación civil establecida en 1984. Actualmente es presidida por Juan Cortina.
Según se indica en InfoRural, la CNA invirtió 12 millones de pesos para poder presentar 10 amparos, la contratación de un numeroso equipo de abogados, y forjar una campaña de comunicación para dar mayor impacto a las acciones legales. Dicha sociedad civil argumenta que el decreto (presentado a finales del 2020) vulneró el procedimiento de mejora regulatoria y "presenta violaciones tanto a diversas leyes federales como a varios acuerdos internacionales".
La CNA pretexta que el decreto presidencial viola el T-Mec (acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio -TLC- entre Canadá, México y Estados Unidos), lo cual a la larga podría provocar represalias de los países socios, así como copiosas pérdidas económicas y hambre para la sociedad mexicana.
No obstante, la mayoría del maíz que Estados Unidos exporta a México es maíz amarillo, que generalmente se destina para la alimentación de animales, pero igualmente -y en menor medida- se destina a la elaboración de cereales, productos procesados y alimentos altos en hidratos de carbono para el consumo humano. Esto, aunado a que México prácticamente se abastece a si mismo con maíz blanco, debilita el argumento de que el país pasaría hambre en caso de dejar aceptar maíz transgénico venido de EUA.
Arguyen que el principio de riesgo precautorio es absurdo, pues consideran ilógico prohibir el uso de algún producto únicamente porque se cree que este podría ser nocivo, además de refutar la existencia un remplazo efectivo que se compare al glifosato. Sin embargo, existen pruebas científicas de que, efectivamente el glifosato tiene una repercusión en la salud de los individuos que las consumen en alimentos e incluso es pernicioso a los trabajadores del campo y la cosecha misma. Por su parte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja para crear un sustituto adecuado.
Comprado a Estados Unidos
El uso de glifosato ha sido condenado hasta el punto en que 125 mil ciudadanos norteamericanos han interpuesto demandas legales individuales y colectivas por afectaciones. No obstante, en México experimenta una relación distinta a la de EUA, donde las demandas colectivas no únicamente son efectivas, sino que buscan compensaciones monetarias para resarcir los daños experimentados por los quejosos; por su parte, México carece de este tipo de cultura judicial, según el abogado. Conlleva una elevada complejidad el que este tipo de demanda proceda, asimismo de ser costoso y tardío, es difícil encontrar abogados que cuenten con el conocimiento para someterse a este tipo de procesos.
Otro factor que desfavorece la lucha contra el glifosato y uso de maíz transgénico es que a pesar de que el decreto presidencial exige la sustitución gradual de estos dos elementos, la promoción de la reforma de ordenamiento jurídico puede quedar pendiente hasta el 2023, por ende, no existe aún una normativa que indique como debe realizarse el abandono de la práctica, por lo cual tampoco puede fiscalizarse.
Como Zúñiga refiere, en este punto todos los afectados tiene la responsabilidad de denunciar, pues cada reclamo tiene un peso favorable para que las autoridades nieguen cualquier amparo, y así evitar que los herbicidas sigan contaminando los campos mexicanos y a los ciudadanos que consumen el maíz transgénico
