Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.
Consecuencias de la emigración recae sobre las mujeres
El sistema de usos y costumbres que rige 418 de los 570 municipios del estado de Oaxaca, en México –basado en prácticas sociales y políticas tradicionales de las comunidades indígenas– resiste contra un enemigo que los acompaña desde la década de 1960, la migración. Este sistema, fundado en el trabajo comunitario y en asambleas para elección de sus autoridades –paralelo al sistema de elección partidista–, se encuentra perjudicado en muchas comunidades por la salida de la gente de tierras oaxaqueñas, dejando detrás vacíos en el sistema colectivo de la organización social y político de los pueblos, único en América Latina.
El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) calcula que alrededor de dos millones de oaxaqueños viven en Estados Unidos de América –considerando que en todo el estado de Oaxaca hay 3.1 millones de personas–. De cada 100 migrantes internacionales del estado, en 2010, 98 se fueron a Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100. La mayoría de los inmigrantes son indígenas y trabajan como jornaleros agrícolas, en la industria de la construcción, prestación de servicios domésticos, restaurantes, limpieza, jardineros, obreros; y se concentran en Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y Tucson.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, San Juan Quiahije, municipio de la región Costa, y San Bartolome Quialana, en los Valles Centrales, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en el contexto nacional con mayor índice de intensidad migratoria.
«Oaxaca es el segundo estado más pobre de la República Mexicana. El sueldo mínimo mexicano es aproximadamente $49.50 por un día de trabajo de ocho horas. En Oaxaca existen demasiadas personas que reciben menos que el sueldo mínimo», sustenta el Centro de Orientación al Migrante de Oaxaca. Para empeorar la situación, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), signado en 1994, el maíz, que es base de la alimentación indígena, en este caso el importado, se tornó más barato que el maíz local, en un 30% menos. Esto provocó la emigración de campesinos de las regiones rurales que no pudieron competir con los precios bajos. El resultado es el «abandono del campo y áreas rurales y la pérdida de tradiciones culturales».
Despertar político
La migración es masculina. Según el INEGI, en 2008, 8 de cada 10 emigrantes de Oaxaca, eran hombres. Esto trajo consecuencias para las mujeres que sólo asumían actividades domésticas dentro de las comunidades regidas por usos y costumbres.
«Mientras los hombres se van, las mujeres se quedan y entonces comienzan a ser designadas a cargos en las escuelas, en los tequios, servicios comunitarios, inclusive recae sobre la mujer la responsabilidad de la subsistencia de la casa», afirma para Avispa Midia Carmen Alonso Santiago, indígena zapoteca directora de la organización no gubernamental Flor Y Canto. Para ella, la necesidad de asumir cargos y funciones en la comunidad es uno de los principales motivos que llevaron a las mujeres a despertar para la participación política.
Teotitlán del Valle es un pueblo oaxaqueño de 8 mil habitantes, que se rige por usos y costumbres, con una tradición muy arraigada como tejedores de lana. Los coloridos tapetes y las prendas para el frío son conocidos en diferentes partes de México. Todo se hace con un sistema artesanal, desde el lavado de los hilos y los tintes; la tradición es crear colores para teñir de forma natural con flores, frutos, hojas, corteza de árboles. En mayor medida aún se conserva el tejido de piezas auténticas que reflejan las leyendas y la historia de estas comunidades. No hay casa sin al menos un telar y se enseña el arte de tejer a los niños desde los 10 años de edad.
En este pueblo, hace 17 años un grupo de mujeres tejedoras decidieron juntarse y formar la cooperativa Vida Nueva. «Nos juntamos por pura necesidad. Vendíamos nuestros tapetes para los revendedores, pero el pago era muy poco. Éramos madres solteras, viudas, esposas de hombres que habían emigrado. Teníamos que sacar a la familia adelante», dice Pastora Gutiérrez Reyes, una de las fundadoras. «Hay mucha migración. En la década de 1940 nuestros abuelos comenzaron a irse, después nuestros padres, nuestros hermanos, jóvenes que salen de la secundaria y se van. Nuestro grupo se formó en un sentido de buscar opciones de trabajo. Así nos dedicamos al campo y a tejer », afirma Pastora.
Ahora, además de trabajar en la cooperativa, ellas también ejercen un trabajo político con las mujeres de la comunidad. «Promovemos talleres de sexualidad, salud, autoestima, contra el uso de drogas». De la misma forma Pastora cuenta alguno de los retos que tuvieron que superar: «en el principio de la cooperativa nos criticaban mucho. ¿Puedes imaginar un grupo de mujeres que se organizó hace 17 años? La mujer ni siquiera podía salir del pueblo».
En un determinado momento cuando los trabajos estaban más consolidados, las mujeres de la cooperativa tomaron la iniciativa de presentarse con las autoridades locales. «Poco a poco nos empezaron a tomar en cuenta como grupo de mujeres. Comenzamos a participar en las asambleas. Otras mujeres comenzaron a ver nuestra participación. Poco a poco vinieron más mujeres, principalmente las que tienen a sus maridos fuera del país o que son viudas», Pastora suelta un suspiro y empieza a recordar. «Ahora somos tomadas en cuenta en lo social y en lo político. Cuando hay eventos oficiales o políticos somos invitadas por las autoridades locales. La mujer ya desempeña cargos. Los hombres fueron viendo que las mujeres organizadas que trabajan políticamente tienen buenos resultados. Hoy hay un poco más de equidad».
Vida política limitada
El sistema de usos y costumbres ha sido valorizado y defendido por las comunidades durante siglos. Cuando se atenta contra su territorio, es defendido por hombres, mujeres, ancianos y niños. Sin embargo, la participación política de las mujeres, aunque ha aumentado, es bastante reducido dentro de este sistema. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en los gobiernos municipales que se eligen de esa manera, las mujeres tuvieron una participación del 1.68%, para el periodo 2014-2016, y en el régimen de partidos políticos fue de 5.2%.
La directora de Flor y Canto alerta que en las diferentes comunidades la condición de la mujer es diversa, todo es de acuerdo a lo que determinen los usos y costumbres de cada pueblo. «Hay comunidades en que las mujeres pelean por sus derechos, en otras no tanto. Hay comunidades que hasta el momento no es permitido para nada que se elija una mujer para ser autoridad y en otras comunidades no hay discriminación. En algunas otras, las mujeres no son tomadas en cuenta ni para levantar las manos en las asambleas y asumen su papel en otras funciones. Pero hay otros lugares en que desde hace muchos años la mujer participa en las asambleas, vota y es votada», explica.
Mapeo de la participación femenina
En su publicación Participación Política de las Mujeres en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mapeó la participación de la mujer en el sistema de cargos de los municipios regidos por usos y costumbres, con base en las elecciones del 7 de octubre de 2007. En este año, 361 municipios estaban registrados dentro de este sistema.
La pesquisa muestra que existen varias combinaciones de criterios que definen cuáles mujeres votan. En 234 municipios (62.7 %) votan mujeres solteras, casadas y viudas; en 59 las mujeres están excluidas del voto (15.8 %); en 15 de ellos sólo votan las mujeres casadas; en cinco municipios votan sólo mujeres viudas; en 10 votan sólo las solteras; y en siete municipios sólo permiten votar a las solteras y viudas. Aún 48 municipios no reportan información al respecto.
Como parte del ayuntamiento, como regidoras, y en pocos casos, como presidentas municipales, las mujeres están presentes en 21 municipios (5.6 %). Y apenas en 48 de ellos (12,9%) hay mujeres que integran la administración municipal, como tesoreras, secretarias, o contraloras; y en comisiones administrativas, como la de agua potable.
Las mujeres participan más como integrantes de comités –en 195 municipios (52.3 %)– que se forman por iniciativa de las instituciones públicas, como desarrollo integral de la familia, instituciones del sector de salud, educación y programas sociales de combate a la pobreza. Como presidentas de comités aparecen solamente en 14 municipios (3.8 %).
Mujeres en los cargos
En 56 municipios (15%), la CNDH registra que las mujeres cumplen cargos de manera obligatoria en las siguientes categorías: son religiosos y tradicionales como mayordomas, encargadas de templo, catequistas e incluso son policías. Sólo en seis municipios aparece el cargo de policía dado a mujeres (1.6 %).
El servicio comunitario es obligatorio para las mujeres en 64 de los municipios (17.2%). Mientras los cargos son desempeñados por personas autorizadas por la asamblea, el servicio comunitario involucra en una única actividad a la comunidad en su conjunto –generalmente en días importantes de festividad y tequio–.
En 42 municipios (11.3%) las mujeres participan durante las fiestas tradicionales, en el 3.2%, 12 municipios, las mujeres organizan tales festejos. Otros 31 municipios (8.3 %) deciden el servicio comunitario de las mujeres en diversos tequios, que van desde la limpieza de espacios públicos, iglesias, locales de la comunidad y como promotoras de programas comunitarios.
De acuerdo con la publicación, la escasa participación política y presencia de mujeres en estructuras gubernamentales locales se explica por dos factores. «Los de carácter estructural de la desigualdad social reflejado en el nivel del índice de desarrollo humano casi 15 % por debajo del índice de la población no indígena, así como por la prevalencia de los usos y costumbres que son altamente excluyentes de la participación de las mujeres».
Y además, la participación femenina «en espacios públicos municipales se aprecia como una prolongación de sus funciones en el espacio privado del hogar y la familia, puesto que sus funciones están ligadas a la reproducción familiar: educación, salud, servicios de consumo colectivo (molino, lechería); las propias instituciones que desarrollan programas de beneficio social requieren siempre este tipo de “participación” tutelada de las mujeres en el ámbito comunitario», de acuerdo con la publicación.
«Las mujeres realizan innumerables labores para el desarrollo comunitario, pero son poco reconocidas y tienen escaso poder de decisión» afirma la profesora del Colegio de Posgraduados en Texcoco, Verónica Vázquez García, en su estudio Los derechos políticos de las mujeres en el sistema de usos y costumbres de Oaxaca.
«Los roles tradicionales de género no sólo no se transforman, sino que se reproducen cotidianamente. Las mujeres rara vez llegan a puestos de poder. Hace falta mucho trabajo para derribar, una a una, estas formas de discriminación, que están profundamente enraizadas en la política de cada municipio», evalúa la profesora que incluyó 19 municipios oaxaqueños en su investigación.
Derechos garantizados por la ley
El día 3 de agosto de 2011, la diputada del Congreso de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, siendo presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó en el Congreso legislativo una iniciativa de reforma constitucional para garantizar el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en los municipios que se rigen por usos y costumbres, y para dar paso a la creación de la Regiduría de Equidad y Género en todos los ayuntamientos de la entidad. La propuesta fue aprobada el día 28 de abril de 2011.
En el Congreso del Estado de los 42 integrantes de la LXI Legislatura, sólo 16 personas son mujeres y de ellas, sólo Eufrosina Cruz es originaria de un municipio indígena que se rige por el sistema de usos y costumbres, de Santa María Guiegolina, distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca.
Cruz Mendoza fue electa presidenta de su municipio en 2007 y el resultado tuvo ser anulado por estipular las leyes tradicionales en que las mujeres no podían ser electas al cargo.
Construcción de la cotidianidad
El sistema de usos y costumbres es mucho más que el sistema de cargos, de elecciones de autoridades, del sistema de decisión por asamblea. Está basado en la construcción de una cotidianidad en que el papel de la mujer es fundamental. «Estamos hablando de formas propias de convivio en la comunidad, de relacionarnos entre nosotros, de educar a nuestros hijos, de labrar la tierra, de preparar nuestros alimentos, de relacionarnos con la naturaleza, de luchar contra quien quiere explotar nuestras tierras. Todo esto es lo que sustenta y permite a las comunidades mantener sus usos y costumbres. Y las mujeres son fundamentales en todos estos procesos», afirma Carmen Alonso Santiago.
La directora de Flor y Canto define lo que ha permitido a las comunidades mantener sus usos y costumbres a lo largo del siglo. «Siento que tenemos una raíz profunda en nuestro ser como pueblo indígena, que se va transformando con el tiempo, es verdad, pero todavía tenemos muy arraigado nuestros valores de solidaridad, hermandad, el trabajo comunitario. Todos estos valores están arraigados en lo más profundo de nuestro ser y se refleja en la forma en que se organiza la comunidad. Es una espiritualidad fuerte, que nos llama a la comunidad, a la unidad. Y todo esto se transmite con la educación que enseñamos principalmente las mujeres».
Santiago recuerda la inserción decisiva de sus abuelas en el sistema de usos y costumbres, aunque no participaban en el sistema de cargos. «Las abuelas no participaban en asambleas, no hablaban el castellano, pero desde siempre fueron las consejeras en la comunidad. Con su sensibilidad, su intuición, ellas eran buscadas para resolver problemas internos de los matrimonios. Eran reconocidas. Cuando era elegido un presidente municipal, la autoridad venía con su esposa, con sus hijos a la casa a platicar con las abuelas. Y llamaban a otras abuelas también de respeto. Y las mujeres daban ahí concejos a la autoridad y decían como se tenían que comportar. Cuando se nombraba una autoridad eran a ellas que se les pedía que estuvieran en las ceremonias. Vengo de una familia de donde no se marginó a la mujer. En mi familia había mucha igualdad y eso traigo de herencia de mis abuelas», cuenta la directora.
María Isabel Jiménez Salinas, que vive en el Istmo Tehuantepec y es parte de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán, afirma que la mujer, así como los hombres, trabaja para el sustento a la vida. «Por aquí los hombres pescan por la noche, traen el pescado por la mañana y la mujer sostiene la comercialización por el día. El hombre descansa mientras la mujer vende el producto. Y los campesinos trabajan la tierra y las mujeres elaboran y venden los productos».
En la cotidianidad de las comunidades hay una participación equitativa entre hombres y mujeres, como en la siembra o en la cosecha, evalúa la directora de Flor y Canto, en que los roles de convivencia y sobrevivencia están bien definidos. «Ahora poco a poco se está acercando a una equidad en la participación política. Es la mujer que está empujando un proceso para aumentar su nivel de participación».
Textos que complementan la serie
⇓⇓⇓
Tierras comunales, teatro de operaciones de la contrainsurgencia
Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas
A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena
