Entre los días 26 y 29 de julio se organizaron en Lima protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
En las movilizaciones participaron delegaciones de las regiones andinas donde hubo el asesinato de 49 personas, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras concretarse el golpe de Estado contra Pedro Castillo direccionado desde el Parlamento por la ultraderecha, en alianza con la oligarquía empresarial y las fuerzas militares-policiales.
Una consigna relevante fue la sanción penal para los responsables de las masacres en Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín. Desde los barrios populares de la capital se organizaron marchas hacia el centro de la ciudad, vigiladas por cientos de policías. Fueron detenidas cuatro personas.
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Por un lado, se archivó la imputación de genocidio contra Boluarte, mientras que el 30 de julio la Fiscalía de la Nación denunció a la mandataria de homicidio calificado y lesiones graves contra las víctimas.
Las voces en defensa de los territorios, la agricultura y los guardianes de la Amazonía se escucharon en las marchas por la capital, en un contexto de arremetida de la megaminería en comunidades campesinas y de emergencia en los pueblos originarios por la violencia del crimen organizado y la desprotección del Estado.
En la capital hizo eco el rechazo a maniobras legislativas para controlar los órganos electorales. En los siguientes meses, el Congreso decidirá las contrarreformas constitucionales promovidas para dominar los órganos judiciales y el próximo proceso electoral, programado para 2026.
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![La Fiscalía de la Nación denunció a la presidenta de Perú por homicidio calificado y lesiones graves contra manifestantes](https://avispa.org/wp-content/uploads/2024/08/marchaLima6-AV-1024x683.jpg)
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Las bancadas autoritarias, con el fujimorismo a la cabeza, impulsan la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar a jueces, fiscales y la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, pretenden modificar la elección de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE, y someter a procesos de antejuicio y juicio políticos a las autoridades electorales, lo que amenaza su autonomía.
En mayo la aprobación de Boluarte era del 5% y del Parlamento del 6%, de acuerdo a sondeos del Instituto de Estudios Peruanos.
Fotos: Fran Florián
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