El gobierno de Andrés López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados, el 1º de octubre, una iniciativa de reforma Constitucional del sector energético. Entre los puntos que han generado intenso debate desde entonces es la propuesta de nacionalizar la explotación del litio, uno de los minerales fundamentales para la producción de tecnología que debe sostener la llamada ‘transición energética’.
En la mañanera del mismo 1º de octubre, Obrador sostuvo que “México tiene suficiente litio y esto nos permite, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, dejar a los mexicanos este recurso para el desarrollo de México. Por eso tomamos esta decisión de que el litio sea de la nación, de todos los mexicanos”.
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Sin embargo, un estudio de la Red Mexicana de Afectadoas/os por la Minería (Rema) revela que el discurso “el litio para los mexicanos” no se sostiene. “Las áreas de litio que le quedarían al Estado serían (…) áreas marginales en comparación con las que ya han sido entregadas” a las transnacionales.
La reforma, si aprobada, respetará las concesiones “otorgadas previamente”. De acuerdo con el artículo, el 84% de la superficie de concesiones asociadas con la extracción del litio ya están en proceso de ser otorgadas.
“Las declaraciones que alientan la arenga política para ganar espacios de opinión antes de que se discuta, modifique y apruebe la iniciativa de ley, son declaraciones que nuevamente nos muestran las contradicciones, ignorancia y visión errónea y patriarcal que tienen el presidente para el ‘desarrollo’ de las y los mexicanos”, argumenta Rema.
Más allá de la discusión de quién explotará las minas, las organizaciones sostienen que el problema está en la lógica de explotación que se quiere imponer. “Romper con el acaparamiento y la explotación de bienes naturales y estratégicos por parte de empresas privadas es algo necesario e importante. Sin embargo, el hecho de que una mina sea explotada por ‘empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales’ no cambia nada en absoluto en términos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios”.
Los pueblos “no necesitamos que ‘nos salven’ o ‘nos desarrollen’”. Más bien, “necesitamos que respeten nuestro derecho a la autodeterminación para decidir lo que queremos para nuestros territorios, nuestras vidas y generaciones futuras”, sostiene la red de organizaciones.
Poder a la CFE
Otra polémica que se destapó con la propuesta de reforma fue alrededor del poder de decisión sobre el sector que se otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Tampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operación y generación de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU”, argumenta .
La dependencia de México y su subordinación a los EEUU y otros mercados del norte global “es un tema complejo y entramado por medio de múltiples acuerdos de libre comercio, que no se solucionan con esta propuesta de reforma energética. Eso lo sabe el gobierno de México”.
Las concesiones
De acuerdo con el informe de Rema, hasta la fecha en México existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil ha. que están en manos de empresas privadas y de las cuales algunos proyectos ya se encuentran en fases iniciales y avanzadas.
El de mayor relevancia y avance es el de Sonora Lithium, impulsado inicialmente por la empresa británica Bacanora Minerals Ltd., la cual acaba de ser adquirida al 100% por la empresa china Ganfeng, quien ya controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial.
Vienen luego las concesiones vigentes de la empresa Organimax Nutient Corp, que cedió luego sus derechos de concesión a la empresa canadiense Advance Gold para proyectos de litio en una decena de salares entre San Luis Potosí y Zacatecas.
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Existen otras 14 concesiones vigentes para litio relacionadas con empresas como Radius Gold Inc. (proyecto La unión 1 y 2 en Chihuahua), Pan American lithium Corp. En Mexicali, Zenith Minerals Ltd en San Luis Potosí e Infinite Lithium Corp. en Sonora, pero esas empresas y proyectos no tienen por ahora ningún avance.
También existen otras 17 concesiones para litio que se encuentran en fase de trámite por una superficie total de 527 mil ha.
