México: Indígenas de Oaxaca demandan al gobierno federal y a 18 autoridades

La Secretaría de Economía ha violado no solo el derecho a la Consulta Previa e Informada de la región Chontal, sino de todos los pueblos de Oaxaca, ya que en este Estado ha emitido 322 concesiones mineras para extraer plata, oro, cobre, zinc, entre otros.

Al menos 16 comunidades de la región Chontal, Istmo de Oaxaca, que podrían ser afectadas por la explotación minera, han decidido incursionar por la vía legal para impedir y prohibir el extractivismo en su territorio. La comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, perteneciente al Municipio de Santa María Ecatepec, Oaxaca, ha promovido el juicio de amparo 1208/2018 en contra del título de concesión minera número 238447, perteneciente a Minera Zalamera S.A de C.V. de capital canadiense, y contra la Ley de Minería.

Este juicio de amparo ha sido promovido ante el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el Estado de Oaxaca, a través del cual las comunidades han demando a 18 autoridades federales y estatales por otorgar esta concesión minera, con vigencia de 50 años, a favor de la Empresa Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. Con este recurso legal, estos pueblos han demandado dos actos, “la inconstitucionalidad de la Ley Minera y la expedición de esta concesión, que es violatoria de una serie de derechos”, indica el abogado Armando de la Cruz Cortez, indígena Chontal.

Cruz, quien también es coordinador de la Asociación Civil Tequio Jurídico, señala para Avispa Mídia, que la demanda considera también al gobierno federal porque “la concesión fue otorgada por la Secretaría de Economía, pero ésta, a su vez, se ha fundamentado en la Ley Minera”, que bajo el argumento de que los recursos del subsuelo son de jurisdicción federal, “otorga las concesiones sin pedir autorización a ninguna autoridad comunal, entonces es un acto de autoridad impuesta que desconoce derechos, incluso derechos internacionales, como el de la consulta”, señala el abogado.

Entre los demandados están: La Cámara de diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente Constitucional de México a través de la Secretaria de Economía, el Secretario de gobernación, Director del diario oficial de la federación, Secretario de Economía, el Coordinador general de Minas de la Secretaria de Economía, el Titular de la Secretaría de Economía delegación Oaxaca, entre otros. “Dentro de esas 18 autoridades está un bloque del sector minero a nivel federal, a la cabeza, la Secretaría de Economía y sus representaciones estatales. También, se ha demando a todo el sector minero de Oaxaca”, agrega el abogado.

La demanda fue interpuesta el 18 de diciembre del año 2018 por la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, quien además es integrante de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT). Dos días después de haber interpuesto este recurso, el 20 de diciembre del 2018, el Juzgado Cuarto de Distrito dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “SUSPENSIÓN DE PLANO“. Esta suspensión es una medida preventiva, pero además es una medida que consideramos importante, porque al dictar la Suspensión de Plano, el Juez ha ordenado a todas las autoridades señaladas como responsables, para dejar las cosas en el estado en que se encuentren, es decir, no realizar actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso, en este caso de las comunidades demandantes”, expresó Cruz.

El abogado advierte que, junto a esta suspensión preventiva, el Juez también ordena a las partes que emitan un informe justificado en términos de la demanda de amparo, pero las dependencias del sector minero en Oaxaca, “han respondido que no es de su competencia y que le corresponde a la federación”, señala el coordinador del Tequio Jurídico.

Por su parte, las autoridades competentes a nivel Federal han respondido al amparo con un recurso de queja, a través del oficio No. 110-02-05 659/2019, donde apelan a que la Suspensión de Plano “resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados, no tienen la naturaleza de suspendibles”, también argumentan que, “es ilegal por la inobservancia y contravención a lo dispuesto por la fracción II del articulo 128, interpretado armónicamente con el articulo 129 fracción XIII de la Ley de amparo”, expresa la queja promovida por la licenciada Silvia Meneses Gonzales, directora General adjunta de lo Contencioso de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía.

Los artículos a los que se refieren en la queja, en especifico el Articulo 128, establece que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que se concurran los requisitos siguientes: “II. Que no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público”.

El Articulo 129 dice que se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o contravienen disposiciones de orden publico, cuando, de concederse la suspensión: “XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el articulo 27 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, son los artículos con los que la Secretaría de Economía apela para que sin invalide la Suspensión de Plano.

“Ellos se inconformaron porque consideran que la Suspensión de Plano afecta sus derechos. Por un lado, están diciendo que dicha suspensión violenta el interés social y lo están centrado en la facultad que tiene la Secretaría de Economía para explotar los recursos minerales a través de sus concesiones. Por otra parte, argumentan que atenta contra una ley que es de orden público y lo refieren, por un lado, a la Ley Minera”, señala el abogado.

Para el abogado, el “interés social”, pierde su sentido al momento “en que una autoridad otorga el territorio a una empresa privada para su explotación, porque pierde de cierta manera la administración directa de ese recurso. Ese interés ya no es de la nación, se vuelve un interés privado de una empresa frente al interés colectivo de una comunidad que, termina siendo vulnerada por un interés particular. "Todo esto lo tiene que ver el Juez y está obligado a observar las normas internacionales al momento de emitir una resolución”.

La empresa, que en este caso es la parte afectada, “también debió haber sido notificada y debió haber emitido un informe, pero hasta el momento no hay nada por parte de la empresa”, agrega el asesor.

El abogado denuncia que la representante de la Secretaria de Economía “esta llevando tanto la defensa del presidente de la República como el de todo el bloque de la Secretaría de Economía, pero lo más preocupante, es que también está llevando la voz de la empresa. Nos parece preocupante, que este gobierno de la 4ª transformación nos envié este mensaje en este caso concreto. Cuando, por otro lado dicen que están velando por los derechos humanos y por los pueblos indígenas, en defensa de los territorios. Están actuando contradictoriamente”, dice el asesor de las comunidades demandantes.

Por su parte, el congreso de la Unión también ha emitido su informe, dice el coordinador de Tequio Jurídico, “la Cámara de Diputados y Senadores ha dicho que el acto de emitir la Ley Minera ha sido constitucional, que es legal y, que no violenta ningún derecho, ninguna garantía de cualquier pueblo indígena y, por tanto, solicitan que este juicio finalice hasta aquí”.

El común denominador

 El indígena Chontal, Cirino Martínez Flores, no sabe mucho de leyes, pero fue elegido, ante la asamblea de la comunidad de Zapotitlán, junto con otros campesinos para la defensa de su territorio. Cuenta que su pueblo decidió organizarse cuando una de las autoridades tradicionales se dio cuenta de que existía esta concesión minera en su territorio. “Yo vengo acompañando al Comisariado de Bienes Comunales para hacerle frente a esta minera”, expresa con certeza el indígena Chontal, quien es uno de los voceros del bloque de las 16 comunidades de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT).

Como en la mayoría de los pueblos donde se han expedido este tipo de licencias, los indígenas de esta región no recibieron información y, mucho menos una consulta sobre esta concesión. “En el año 2011 acudieron al comisariado de bienes comunales de aquel tiempo y solo dijeron que querían realizar estudios de suelo, pero nunca dijeron que era para una minera. Después de tantos estudios nos pusimos en alerta y pedimos a nuestras autoridades de usos y costumbres que investigaran. Entonces encontramos que hay esta concesión de la empresa Zalamera”, cuenta Martínez para Avispa Midia.

Tan solo en la región que comprende el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Minera Zalamera S.A de C.V cuenta con 7 concesiones mineras para la explotación de oro, plata, cobre y zinc principalmente. Junto a Zapotitlan está también, Jackita en Santo Domingo Zanatepec, San José en el municipio de Ayala, Aurena en Santo Domingo Tehuantepec, Riqueza Marina 1 y 2 en Santo Domingo Tehuantepec, Riqueza Marina 3 en Santa María Mixtequilla. Ninguno de estos municipios ha sido consultado para emitir estas concesiones, mucho menos las comunidades aledañas, que también serían afectadas. Ya que existen otras empresas que también tienen concesiones. “En la región que comprende el Istmo y Chontal estamos hablando de más de 60 concesiones”, señala el abogado de Tequio Jurídico.

Oaxaca es un estado mayoritariamente indígena, de los 56 pueblos reconocidos en México, 16 se encuentran en esta entidad federativa con sus propias formas de gobierno. Alrededor de 78% de la geografía oaxaqueña es propiedad social y está en manos de los pueblos originarios, que representa 7 millones 359 mil 680 hectáreas. La Secretaría de Economía ha violado no solo el derecho a la Consulta Previa e Informada de la región Chontal, sino de todos los pueblos de Oaxaca, ya que en este Estado ha emitido 322 concesiones mineras para extraer plata, oro, cobre, zinc, entre otros. “No tenemos el conocimiento de que alguna de estas concesiones haya sido con permiso y autorización de los pueblos, no se ha informado sobre los daños que pueden causar. Por eso, nosotros creemos que es un acto que atenta contra la misma constitución, contra derechos del marco internacional, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de derechos y cultura indígena. Y en el resto del país, éste es el común denominador, porque se han impuesto estas concesiones violando derechos fundamentales de los pueblos originarios”, arguye el abogado.

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 Una decena de empresas transnacionales están detrás de la mayoría de las concesiones mineras en México, es el caso de Minaurum Gold Inc. quien utiliza a su filial Zalamera S.A de C.V. Esta transnacional está liderada por un experimentado equipo de exploración y administración “al que se le ha acreditado el descubrimiento de más de 200 millones de onzas de plata y 8 millones de onzas de oro en México”, según el informe oficial del año 2018 de la empresa. En su sitió oficial aparecen 12 concesiones distribuidas entre Oaxaca, Puebla, Guerrero y Morelos, una de ellas es el Cinturón de Oro del estado de Guerrero, considerado uno de los estados que se ha destacado por ser un gran productor de oro en los últimos años. En contraste este estado figura como uno de los más pobres de México, con un alto índice de violencia y fragmentación del tejido social.

Fondo minero

 Desde antes que Andrés Manual López Obrador, actual presidente de México, asumiera su cargo, anunció a través de Graciela Márquez, funcionaria de la Secretaría de Economía, la creación de un fondo minero, en el que los impuestos que pagan las empresas, que explotan las minas, se utilicen para resarcir los daños que dejan las empresas.

Este Fondo Minero fue creado con la reforma fiscal de 2013, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, y que cobra un impuesto especial a las mineras de 7.5 por ciento sobre sus utilidades para destinarlo al “desarrollo de comunidades” cercanas a la extracción de minerales. Este fondo es actualmente controlado por la Secretaría de Economía.

Los indígenas Chontales saben de que va el Fondo Minero y no están de acuerdo con lo que proponen. “Tenemos conocimiento que desde antes de este gobierno existía este programa para compensar a los pueblos afectados por la minería. Pero es una estrategia que fortalece el despojo de los territorios, porque esos recursos no van a satisfacer las múltiples necesidades que tienen las comunidades. Además este recurso no va a resarcir ni un mínimo de lo que va a dejar una empresa de este tipo”, señala el asesor.

A los Chontales tampoco les seducen las expectativas que les han propuesto los diversos gobiernos en torno a lo que llaman desarrollo para las comunidades. “Para nosotros como campesinos el desarrollo está en nuestras tierras, en nuestra comunidad, porque es nuestra madre tierra y ahí trabajamos, ahí vivimos. Para nosotros, el desarrollo ahí esta y no nos interesa lo que el gobierno piensa que es mejor para nosotros. Porque sin que nadie nos diga, lo estamos viendo, si se llega a explotar esa mina, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y nietos? Nos van a desaparecer como pueblo Chontal. Nosotros somos los que nos vamos a ser los más perjudicados”, denuncia el indígena Martínez Flores.

A las entradas de Zapotitlán hay una caseta de vigilancia que cuida para no dejar entrar a ningún extraño a la comunidad. “Ya estamos bien organizados y pues estamos en resistencia. A nuestras autoridades las vigilamos para que no haya negociaciones con el gobierno, porque la máxima autoridad es la Asamblea Comunitaria y cualquiera que se venda será expulsado de la comunidad. Hoy decidimos luchar por la vía legal y estamos dispuestos a todo por defender nuestro territorio. No vamos a dejar entrar a esta empresa y no hay nada que negociar. Esto ya es un acuerdo de las 16 comunidades que luchamos”, agrega Martínez Flores.

Independientemente de que ganen o no este amparo los pueblos, esta acción es una “herramienta que otros pueblos podrán usar para la defensa del territorio y, eso es lo que esperamos, que otros pueblos se organicen”, comparte el abogado.