En portada: Protesta de las y los integrantes de la Asamblea por el Agua y la Vida frente a las instalaciones de Conagua en la CDMX.
La Asamblea por el Agua y la Vida responsabilizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo encargado de ejecutar la Ley de Aguas Nacionales, de omisión y complicidad en el saqueo de agua que ha provocado una crisis hídrica en México que se considera irreversible.
Integrantes de la Asamblea se desplegaron frente al edificio de la Conagua en la Ciudad de México, pintaron parte de la fachada y tapizaron con mantas, lonas y pancartas los barandales. Durante el mitin político bloquearon la vialidad en la Avenida Insurgentes Sur y la Avenida Universidad, en Ciudad de México.
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La frase “el agua es de los pueblos” fue escrita en grande en la entrada de la Comisión donde también se llevó a cabo una rueda de prensa en la que dieron cuenta del inicio de la “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida”.
En la lectura del comunicado la Asamblea destacó que en 34 años la Conagua permitió la sobreexplotación de 115 de 653 acuíferos; en 99 de ellos existe la presencia de alguna empresa, particular o asociación acaparadora.
El reclamo también se fundamentó en el mercado internacional del agua que abrió la Comisión otorgando concesiones a bancos como BBVA que tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac cerca de Guadalajara. Así mismo, Banco Azteca que logró concesionar el acuífero sobreexplotado Zona Metropolitana, de la cuenca de México, con 2.2 hm³/año.
Desde la creación de la Conagua el 16 de enero de 1989, “una mínima porción de la población equivalente al 1.1% de todos los usuarios del agua explota más de una quinta parte de toda el agua nacional”, enfatizó la Asamblea.
Esta quinta parte de toda el agua del país es acaparada por un grupo de 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras, que explotan 5,805 hm³/año. Un sólo hectómetro cúbico (hm³) equivale a un millón de metros cúbicos
Se trata, además, de 1,537 personas físicas dueñas de concesiones por 2,547 hm³/año de agua y 801 asociaciones civiles que tienen concesionados 4,856 hm³/año, “lo más grave, sin regulación, ni control y gozando de la impunidad gubernamental, una vez que usan agua, la devuelven contaminada a los mares, ríos, pueblos y comunidades”.
A la problemática se agrega la contaminación del agua en todo el país que, al parecer, se convirtió en un negocio para Conagua que bajo el lema “el que contamina paga” promueve la descarga de desechos tóxicos a ríos, lagos y áreas de tierra a cielo abierto.
“También es tierra fértil para la corrupción, compra de funcionarios que hacen inspecciones superficiales, o bien las evitan mientras reciban sus respectivos pagos por debajo del agua. Así mismo, con la Ley de Aguas Nacionales, las empresas se pueden ahorrar un gran porcentaje de los pagos que por contaminar generan, registrando sus concesiones como de diferentes usos, lo cual los exime de pagar la tarifa del uso industrial”, señala el comunicado.
Las comunidades y organizaciones recordaron que en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
Guerra en defensa del agua
En voz de los otomíes, la Asamblea mencionó el caso de la minera Peñasquito, donde la empresa canadiense Goldcorp explota un volumen de 50 hm³/año, además es acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas.
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El agua en esta entidad también es saqueada por el grupo FEMSA que se estableció como Bebidas Mundiales y Bepensa, que juntas explotan 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola, sostiene la Asamblea.
El volumen concesionado es de 39.4 hm³/año cuando se le suman los demás usuarios que forman parte del grupo Coca Cola como embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo.
El grupo también ha sido denunciado en Chiapas y Tlaxcala por dejar sin agua a la población por sobreexplotar los mantos acuíferos, “Conagua permite que estos acaparadores tengan varias concesiones para distintos tipos de usos, que puedan transferirlas a otros, que un mismo usuario pueda tener varias concesiones a través de familiares o prestanombres que puedan evitar pagar cuotas simulando tener otro tipo de concesión y su supuesta negligencia permitió”, denuncia la Asamblea.
Ligaron el tema de la empresa Bonafont-Danone en la región cholulteca que, por más de siete años, opera una concesión vencida. La acusaron de robar agua durante 29 años y de provocar un desastre ambiental que se manifestó en el socavón en Santa María Zacatepec el 29 de mayo del 2021 con la permisividad de José Cinto Bernal, alcalde de Juan C. Bonilla, Puebla.
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“Quienes integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, sostenemos que el despojo del agua, es parte de la guerra capitalista contra nuestros pueblos originarios; es decir, la guerra por el vital líquido, es una cabeza más de la hidra capitalista”.
Para la Asamblea, esta estrategia de guerra contra la vida se trama desde la cuarta transformación donde el Ejército, la Guardia Nacional, el crimen organizado y los grupos paramilitares, especialmente se imponen para garantizar el desarrollo de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos.
Por ejemplo, en julio del 2022 en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, los defensores y líderes comunitarios Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez fueron detenidos arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento.
En la detención se cometieron violaciones a los derechos humanos, “y llevan más de un año injustamente presos”. Por este acto diversos colectivos condenaron las violaciones por parte del gobierno de Tlaxcala en contra de los pueblos tlaxcaltecas que luchan por defender su territorio, los bosques, el agua y sus derechos colectivos.
También se pronunciaron por el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala. Mientras poblaciones del municipio de La Magdalena Tlaltelulco han tenido que enfrentar a situaciones de despojo inmobiliario, “y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a nuestra comunidad ejidal”.
Esta criminalización de la lucha social también la han documentado en Puebla. La misma resistencia logró la liberación de Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl quienes desde el 2019 fueron perseguidos por defender el Río Metlapanapa.
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En la región choluteca, la empresa Bonafont-Danone no sólo saquea el agua, también contamina cinco comunidades del municipio de Juan C. Bonilla: La colonia José Ángeles, Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco, San Mateo Cuanalá y San Gabriel Ometoxtla.
En la mención del contexto de la defensa del agua en Querétaro, la Asamblea partió de marzo de 2021 cuando tras evidenciar el saqueo del agua y las múltiples irregularidades en que incurrieron funcionarios públicos, la Comisión Estatal de Aguas favoreció a empresas privadas en su mayoría inmobiliarias por encima de los derechos de los pueblos.
“Gracias a las movilizaciones, se cerraron las carpetas de investigación que criminalizaron a tres defensores del agua después de la represión del 10 de junio del 2022 en el contexto de las protestas contra la Ley que privatizó el agua en Querétaro”.
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Por estas razones, la Asamblea solicitó que la Conagua reciba las peticiones de la primera acción dislocada por los casos de Santiago Mexquititlan. “Exigimos al titular del estado de Querétaro, la abrogación de la ley que otorga los servicios de agua potable a la industria legitimando la fuerza pública para catear domicilios”.
En esta entidad la represión incrementó con intentos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura sexual, física y psicológica, “pues en el entendido de que el estado Mexicano busca proteger el poder económico nacional y trasnacional a costa de la violencia de estado en contra de las comunidades indígenas”.
Por su parte, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, en la víspera de cumplir tres años de haber tomado las instalaciones de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, condenó el hostigamiento policiaco y que las autoridades siguen sin resolver sus demandas de educación, trabajo, salud, alimentación y principalmente, vivienda.
Con lo dicho previamente, la Asamblea por el Agua y la Vida reiteró el llamado para que los pueblos, comunidades, organizaciones, redes y colectivos, se sumen a las acciones de la Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida, enviando un correo electrónico para asambleanacionalporelagua@gmail.com.
