La Secretaría de Energía (Sener) determinó cancelar la consulta indígena a la comunidad de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló de manera definitiva el contrato de suministro eléctrico firmado con la empresa Électricité de France (EDF), así como el contrato de interconexión correspondiente. El megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado de manera definitiva.
La Sener informó que el procedimiento de consulta llevado a cabo en Unión Hidalgo “ha quedado sin materia”, ya que, al no existir el proyecto, tampoco existe “objeto de consulta”.
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La decisión se da luego de que la comunidad de Unión Hidalgo, asesorada por Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (Prodesc), solicitó a la CFE la cancelación de los contratos de suministro eléctrico de este parque eólico, uno de los más grandes en América Latina.
La decisión fue dada a conocer en la mañana de ayer (2) en el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca, en donde se mantiene desde hace años un litigio relacionado con la construcción de este parque eólico.
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“La cancelación de Gunaa Sicarú hace un hito en la defensa del derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas y para la rendición de cuentas empresariales en México y América Latina”, señaló Prodesc en un comunicado.
El proyecto
Gunaa Sicarú era una central eólica que buscaba asentarse ilegalmente en tierras comunales para construir 115 aerogeneradores con una capacidad total de 300 MW, uno de las más grandes en América Latina.
Dentro de este proyecto de generación de energía se contemplaba además la construcción de una subestación, una línea de transmisión de 230 kV y vialidades internas en un polígono de 79 hectáreas pertenecientes a Unión Hidalgo, un pequeño municipio en el estado mexicano de Oaxaca.
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Fue en 2017 cuando la empresa paraestatal francesa EDF pretendió iniciar con este megaproyecto para vender energía a la CFE. Desde entonces, inició un proceso de defensa de la tierra y el territorio por las violaciones a los derechos de la comunidad y fallas en la identificación de riesgos e implementación de medidas de protección en el desarrollo de su megaproyecto.
Durante este proceso, se detectó que EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.
