En portada: Cientos de habitantes de Juanacatlán, Jalisco, se manifiestan para exigir la cancelación de la termoeléctrica “La Charrería”. Foto: David Bogarín
Cuarenta organizaciones y comunidades mexicanas se pronunciaron este martes (4) frente a los planes en materia energética de la actual administración federal. Mediante conferencia de prensa, argumentaron que durante los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han encendido las alertas debido al anuncio de nuevos proyectos de gas fósil, los cuales, argumentan, contradicen la supuesta política de transición energética en México.
Entre los proyectos, las organizaciones identifican 19 nuevas plantas termoeléctricas en planeación o ya en proceso de construcción que se suman a las edificadas en sexenios anteriores. “Estas plantas provocan graves impactos a la salud de las poblaciones donde se ubican, con la quema ininterrumpida de gas y la contaminación del aire”, sostienen mediante comunicado en el que exigen que durante el sexenio actual se ponga freno a la expansión de los proyectos de gas.
Te puede interesar - Gasoductos en México: la realidad detrás de los 20 mil km de infraestructura
Entre las organizaciones que se posicionaron se encuentran la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño”, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los Comités de Cuenca Río Sonora, Ucizoni y Corason Huasteca Totonacapan. Para ellas, los gasoductos para la transportación del gas -que a su vez se asocian a las termoeléctricas y plantas de Gas Natural Licuado (GNL)- conllevan un enorme costo ambiental, social y económico para las comunidades por donde traviesa esta infraestructura. “En construcción y proyecto, hablamos de 4,623 km3 de nuevos gasoductos en nuestro país”, denuncian.
Proyectos
Entre los emprendimientos de gas que amenazan a las comunidades, las organizaciones destacan los ubicados en el Golfo de Caifornia. Ahí se encuentra el Proyecto Saguaro, infraestructura planeada para edificarse en Puerto Libertad, Sonora, para la exportación de 15 millones de toneladas anuales de GNL. También señalan otras dos terminales en la misma región para la exportación del gas metano: una en Topolobampo, en una zona de humedal, y otra en Guaymas, ambas en Sinaloa.
“Solamente el proyecto Saguaro generaría una cantidad de emisiones equivalentes a las emisiones de Suecia y Portugal juntos”, alertan las organizaciones.
A su vez, está la ampliación del Puerto de Manzanillo, en Colima, anunciada a finales del año 2024 y que contempla lo que las organizaciones califican como “un agresivo perfil para la importación y distribución de gas fósil”.
Estos proyectos, señalan, ya han recibido el rechazo de las comunidades. Resalta el caso de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, que se oponen a que se agrave aún más la situación de contaminación exacerbada alrededor del Río Santiago, donde la asociación civil Un Salto de Vida ha promovido acciones de protesta contra la instalación de centrales termoeléctricas en una región donde un corredor industrial ha devastado las fuentes de agua y contaminado tierras.
Otro proyecto que destaca por los impactos que ya está provocando es el gasoducto Puerta al Sureste ubicado en la costa de Veracruz, en el Golfo de México. “Este gasoducto submarino amenaza el sistema de arrecife de coral veracruzano y ya enfrenta una fuerte oposición de comunidades pesqueras y campesinas de la región. La empresa canadiense TC Energy es la responsable de construir este gasoducto que ampliará el alcance del gas proveniente de Texas”, acusan.
Dependencia con EEUU, en aumento
Acorde al análisis de las organzaciones, la construcción de nueva infraestructura de gas incrementa la dependencia de México con respecto a los EEUU, toda vez que es de este país desde donde se importa el 90% del gas que consume el sector eléctrico mexicano.
Aún más, las organizaciones aseveran que las recientes políticas de la administración del presidente Trump en EEUU, las cuales muestran una fuerte hostilidad hacia México, demuestran las razones por las cuales se debe evitar profundizar las dinámicas de dependencia. “Nuestra matriz energética ya depende severamente del gas, 71% de la electricidad es generada por este combustible fósil. Se necesita reducir este porcentaje, no incrementarlo”, sostienen.
Principalmente, señalan, es la iniciativa privada quien empuja la construcción de nuevas terminales de exportación de GNL y que coloca en amenaza directa a las comunidades localizadas en la costa de México. “Este tipo de infraestructura se pretende usar para exportar gas proveniente de Texas hacia Europa y Asia. Las plantas de GNL son altamente contaminantes, tan solo en EEUU se les atribuyen directamente 60 muertes anuales por las afectaciones que provocan en la calidad del aire”, argumentan.
Te puede interesar - El gas en la reestructuración energética de México
A lo anterior se suma que, durante el traslado del gas a través de grandes buques, se destruye las economías locales, que dependen de la pesca o el turismo, y se pone en grave riesgo a las especies marinas que habitan dichas zonas, incluyendo a 31 especies de cetáceos (entre ellas ballenas, delfines y una marsopa).
Fracking y crisis climática
El gas fósil está principalmente compuesto de metano (CH4), un potente gas de efecto invernadero, el cual se calcula es hasta 80 veces más dañino que el dióxido de carbono. Además de acelerar el calentamiento global, el gas metano es extraído mediante la técnica de fracking (fractura hidráulica), un método que durante el sexenio previo, en el gobierno de Manuel López Obrador, se prometió su prohibición mediante reformas a leyes ambientales que en la actualidad no han cumplido su cometido.
“Pedimos que México retome con claridad y decisión la agenda y el compromiso asumido por la presidenta para prohibir esta técnica de extracción de hidrocarburos, que es una amenaza vigente de convertir a comunidades de Veracruz, Puebla, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en zonas de sacrificio como ya ocurre con las comunidades de Texas, Luisiana y Nuevo México”, exigen las organizaciones.
La exigencia de prohibición del fracking, argumentan, es debido a que México ya enfrenta escenarios críticos de escasez de agua, por lo que permitir una técnica que utiliza más de 19 millones de litros de agua para la extracción de hidrocarburos por cada pozo “es irresponsable con esta y las futuras generaciones”, sentencian.
