En portada: Desde hace semanas se registran protestas de rechazo al gobierno en Perú. Crédito: Fotosdelucha.pe
El Congreso del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, mediante un procedimiento de vacancia por incapacidad moral votado este jueves (9) alrededor de la medianoche.
En un contexto de crisis de inseguridad, el proceso sumario se inició ese mismo día, tras el ataque de una organización criminal en un concierto realizado la noche previa en Lima.
A seis meses de las próximas elecciones presidenciales, la agresión atribuida a extorsionadores, con armamento de guerra y durante un evento organizado en un recinto militar, apunta a una acción preparada para justificar la remoción de Boluarte, quien asumió la presidencia en alianza con el Parlamento controlado por la ultraderecha, luego del golpe de Estado contra Pedro Castillo ejecutado por esta institución.
Por ello, las demandas populares interpelan al Congreso -que ha aprobado leyes en favor del crimen organizado- y a Boluarte, inerte desde el Ejecutivo ante la ola de violencia por extorsión y sicariato que golpea a la clase trabajadora. En 2024 se registraron 859 homicidios, el mayor índice de la última década, según datos del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud. Hasta septiembre de este año se cuentan 634.
Horas antes de la sesión parlamentaria empezaron las concentraciones en las calles de Lima, focalizadas en las embajadas de Ecuador y Brasil, países a los que la ahora ex presidenta pediría asilo.
Las movilizaciones piden el cierre del Parlamento, el impedimento de salida del país de Boluarte y su enjuiciamiento por los asesinatos de 49 personas en las manifestaciones en defensa del mandato de Castillo. Los crímenes fueron cometidos por militares y policías, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en localidades de los Andes, a excepción de uno perpetrado en la capital. Un manifestante aimara torturado en Lima falleció en su región, Puno, donde las fuerzas estatales mataron a 18 personas en la jornada más violenta.
“La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto”, expresó anoche el encarcelado presidente legítimo, Pedro Castillo, en sus redes sociales.
Las calles en alerta
La vacancia de la ex vicepresidenta de Castillo procedió con el voto a favor de 118 de los 130 congresistas. Su nivel de aprobación se encontraba en 2%, mientras que el Legislativo no llega al 5%. El rechazo de la población es mayoritario, la dictadura peruana se sostiene por la represión armada.
El mandato transitorio fue asumido por el titular del Congreso, José Jerí, de la bancada conservadora Somos Perú, con lo que el Perú suma siete presidentes desde las elecciones de 2016. Los dos que fueron elegidos por votación no terminaron sus periodos.
Jerí tiene en su historial investigaciones por denuncias de abuso sexual, enriquecimiento ilícito y corrupción vinculada a la Comisión de Presupuesto del Congreso.
En los últimos días, un paro nacional de transportistas, ante la violencia que golpea al gremio, confrontó al régimen policializado y coludido con el crimen organizado. Antes, en septiembre, tres semanas de movilizaciones masivas en Lima contra la reforma de pensiones, encabezadas por jóvenes de la llamada generación Z, consiguieron el retroceso de algunos puntos favorables a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
A partir de hoy se esperan protestas contundentes en rechazo al presidente transitorio, por sus antecedentes, y a todos los partidos con representación parlamentaria. Las organizaciones populares advierten la maniobra de las bancadas fascistas y conservadoras de desmarcarse de Boluarte, convenientemente, de cara a las elecciones del próximo abril, para desplegar mensajes de lucha por la seguridad y medidas de mano dura.
