Foto de portada: Red de Comunicación Regional
En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.
En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.
“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.
Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.
Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras
El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.
“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.
Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.
Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.
“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.
En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.
En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.
Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.
