En portada: Los residentes de Nuevo Morococha se quejan de que el antiguo pueblo tenía una economía mucho más dinámica y afirman que las promesas de Chinalco nunca se materializaron. Foto: Marco Alegre/Convoca.
Las últimas cinco familias que permanecían en Morococha, pueblo desplazado por la minería en la zona altoandina de la región Junín (sierra central del Perú), fueron desalojadas de sus viviendas, sin un proceso de reasentamiento.
A partir del año 2012, la mayoría de las 1,200 familias que habitaban este distrito se trasladaron a la Nueva Morococha, donde fueron construidas más de mil casas por la empresa Chinalco S.A., propiedad de Aluminum Corporation of China, dedicada a la explotación de cobre y molibdeno a tajo abierto. Quienes no se marcharon resistieron ante la amenaza de la expansión del proyecto cuprífero Toromocho.
La diligencia de desalojo se realizó el viernes 19 de septiembre, sin presencia del juez a cargo del caso, impidiendo la posibilidad de evaluar en el terreno las condiciones socioeconómicas de los afectados. Un contingente de policías y trabajadores de la minera se llevaron los objetos de las pocas casas habitadas que quedaban en un pueblo hoy desaparecido.
“Ahorita nos han dejado sin techo, no sabemos dónde se han llevado nuestras cosas. Yo no tengo otro predio aparte del que tenía, me han dejado en la calle. No sabemos dónde vamos a pernoctar, en las noches hace frío, tenemos niños. Nosotros siempre hemos dicho queremos un traslado digno, en un lugar seguro, allá es más peligroso, no hay garantías para vivir allá”, declaró una vecina de Morococha a medios de comunicación que fueron impedido de ingresar al pueblo.
La negativa de estas familias a trasladarse a la Nueva Morococha se debe a que allí hay una alta concentración de metales pesados, detectados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del reasentamiento. Esta información fue ocultada a la comunidad durante el proceso de reubicación. Según el EIA, los niveles de arsénico y plomo son comparables al vecino distrito de La Oroya, uno de los más contaminados del planeta. Además, el suelo es inestable, con riesgo de licuefacción.
Para incrementar su producción, la minera modificó en 2021 el EIA presentado en 2010. En la primera versión consideraban a toda la población para las afectaciones a compensar, pero en la segunda sustentaron la ampliación del área de actividades obviando la existencia de las familias que no aceptaron el traslado voluntario.
Orden judicial irregular
La orden de desalojo del Poder Judicial aduce la intención de resguardar a los últimos habitantes de Morococha de explosiones y efectos de la actividad mineras. Sin embargo, el riesgo no se debe a causas naturales, por lo que no aplica el desalojo forzoso. Por el contrario, la solución, dejarlos a la intemperie a más de 4,000 metros de altura y con temperaturas por debajo de los cero grados, pone en peligro la vida de las familias campesinas.
“La decisión judicial fue tomada fuera de la mesa de diálogo, la empresa no puede ejercer derechos de posesión en zona de riesgo no mitigable, el Poder Judicial no puede ejecutar este derecho, está prohibido por la ley. En más de 12 años no se arribó a un reasentamiento voluntario. La población demostró que presentaron el pedido de reasentamiento según la ley”, explicó el abogado Carlos Castro en vísperas del desalojo.
La reubicación se hizo en condiciones desiguales, bajo presiones de la minera. A algunas familias las excluyeron de las negociaciones para comprarles sus casas. Desde Nueva Morococha, a 15 minutos del antiguo pueblo, la población reasentada señala falta de oportunidades de generar ingresos.
“Esto es injusto, para eso se presta el Poder Judicial, nadie nos ha apoyado. Se han atrevido con cinco familias, pedimos tener una reunión, nadie se pronunció, todos están de parte de la minera porque todos han recibido dinero, alcaldes, gobiernos regionales, los jueces”, expresó un vecino de la hoy llamada antigua Morococha.
En la región Junín, hasta el año 2023, el 18% del territorio se encontraba concesionado a explotaciones mineras, de acuerdo a estudios de CooperAcción. El Perú es el tercer productor mundial de cobre y la extracción del mineral va en aumento este año, a costa del despojo en zonas de sacrificio.
