En portada: Un grupo de ecologistas protestan contra la destrucción ambiental y cultural causada por las obras del Tren Maya. Playa del Carmen, México, 6 de marzo de 2022. Foto: NurPhoto
La organización Diálogo y Movimiento en Campeche y el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil interpusieron el primer amparo ante el Primer Juzgado de Distrito de Campeche contra el Tren Maya que, hasta ahora, no tiene resolución definitiva. Lo mismo sucede con otros amparos en los siete distintos tramos del ferrocarril en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
Una suspensión provisional en 2020 abarcó los cinco estados y, después, la suspensión definitiva para continuar el juicio sólo recayó en Xpujil, Quintana Roo.
En el caso del amparo del primer tramo de Palenque a Escárcega fue interpuesto por la organización Indignación de Mérida, Yucatán. Los jueces argumentaron que no se podían realizar trabajos por la pandemia.
Entonces, López Obrador dijo que las actividades económicas prioritarias no podían detenerse por la contingencia sanitaria del COVID-19 y una de esas fue el Tren Maya. En la actualidad la obra lleva avance del 50% a pesar de la declaratoria por la contingencia sanitaria.
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Para Elisa Cruz Rueda, abogada y asesora de Diálogo y Movimiento en Campeche, hubo la violación de derechos porque la declaratoria continúa y, en este contexto, existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para detener los trabajos.
En el tramo de Xpujil existe la suspensión por el amparo, pero las comunidades resienten la militarización y las denostaciones, hasta del presidente, contra los defensores de derechos humanos.
Ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) también se han enfrentado con bloqueos que han retrasado los procesos judiciales. Cruz Rueda ejemplifica un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que ordenó acumular todos los amparos del Tren Maya en el Juzgado de Distrito de Mérida, Yucatán, a pesar de no ser la jurisdicción.
“Nos afecta porque nosotros no recibimos recursos para mantener un amparo. Por cada impugnación se detiene la resolución del juicio de amparo porque se tiene que resolver esas pequeñas impugnaciones, pero nuestro amparo sigue bien vivo en términos de que está en el cauce del procedimiento”, explicó la abogada.
La también antropóloga explicó que en todos los casos el Ejecutivo federal pasa por alto la orden del Poder Judicial y esto violenta el Estado de derecho porque parte de éste es justamente la división de poderes.
A este contexto se agrega el decreto por medio del cual declaran como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura en la cuarta transformación, dijo Cruz Rueda.
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Nueva suspensión y expropiaciones
En los últimos días de abril de este 2022, la organización ‘Defendiendo el derecho a un medio ambiente sano’ obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán que ordena al Gobierno federal de México a detener las obras de construcción del tramo cinco de Cancún a Tulum. Es la segunda suspensión en dos años de procesos judiciales.
“[Andrés López Obrador] llegó a la silla presidencial con un amplio respaldo popular pero está aplicando técnicas peores que gobiernos anteriores porque justamente como se sienten legitimados por este respaldo y creen que por ser simpáticos y populares pueden pasar por encima de la Ley, cuando tenemos un Estado de derecho que tiene un principio fundamental: la Ley se aplica igual para todos”, dijo la Cruz Rueda.
La abogada recordó que el presidente dijo que no habrían expropiaciones, por el contrario, habló sobre asociaciones con campesinos, entre otras promesas no cumplidas como en gobiernos anteriores, “los engañan y los dejan sin nada”.
Hace tres meses la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la expropiación de 231 terrenos más en Quintana Roo: Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.
La defensa
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó, el 30 de marzo de 2022, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
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A decir del Cemda las conductas en que ha incurrido el Poder Judicial perjudican el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.
Coincidió con Elisa Cruz Rueda, al señalar que los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional por no haber admitido la demanda para su análisis a casi dos años de interpuesta.
“Por lo anterior, y a sabiendas de que esta situación ya es del conocimiento del presidente de la Suprema Corte, se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes”, reza la última publicación del Cemda.
