Por Irina Llamas-Torres* y Carlos Llamá Ventura**
En portada: Integrantes del colectivo La Esperanza de Sitilpech rechazan la operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de su comunidad. Foto: Katia Rejón/Memorias de Nómada.
Es alarmante cómo en los últimos años, el modelo agroindustrial de producción pecuaria ha generado fuertes conflictos en al menos ocho comunidades de Yucatán: Homún, Kinchil, Chapab, Maxcanú, Celestún, Tixpéual, Sitilpech y Santa María Chí. Estos conflictos se relacionan a la imposición de al menos 400 granjas porcícolas (SEMARNAT, 2023) en territorio yucateco, de cuya producción se ocupa principalmente el Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) y el grupo KUO.
Esta problemática se inserta en una crisis socioambiental goblal que se deriva de una lógica de desarrollo extractivista que impacta de forma desigual a la sociedad. Las poblaciones más afectadas son aquellas en las que se imponen sistemas que impactan directamente a los ecosistemas y modos de vida tradicionales, desajustando la gobernanza, la cultura y la salud integral de la población.
La península de Yucatán no es la excepción, actualmente se llevan a cabo diversos megaproyectos que impactan de forma diferenciada a las poblaciones locales y su territorio, generando diversos conflictos socioecológicos en la región (Rodríguez-Robayo, 2022; Flores y Deniau, 2019).
Ante esta problemática, han surgido diversas manifestaciones y denuncias públicas y legales contra la empresa Kekén, debido a la evidente violación a los derechos de las poblaciones afectadas, entre ellos el derecho a la integridad cultural de los pueblos indígenas, y el derecho sobre el reconocimiento a su valor y su participación en las decisiones que los afectan, derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989). Así como la falta de respeto al derecho sobre sus tierras, por el despojo del que han sido objeto.
Como respuesta a estas denuncias, la empresa señalada se ha asociado con el gobierno Estatal y dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT). Además, ha financiado proyectos académicos a investigadores de Centros Públicos de Investigación pertenecientes al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Yucatán, y contratado a empresas privadas entre ellas Fauna Peninsular.
Estas acciones, han sido punta de lanza de un sólo objetivo: despojar del territorio, deslegitimar las denuncias públicas emitidas y excluir a las comunidades afectadas. Así, la empresa, en alianza con servidores públicos, profesionales y académicos, coopta la producción del conocimiento para justificar la violación de los derechos comunitarios y criminaliza la protesta en pro de un desarrollo industrial al que le han nombrado “porcicultura sustentable” con argumentos de una supuesta conservación de la biodiversidad y compromiso social que solo constituyen un pseudoargumento para legitimar de forma fraudulenta los graves daños que ocasionan al ambiente y a la población.
En el poniente de Yucatán, comenzó hace más de 10 años los intentos de despojo del territorio por parte de la empresa Kekén con su establecimiento en las inmediaciones de los municipios de Kinchil y Maxcanú. Ante este hecho, se han realizado demandas ante el Tribunal Agrario sobre la apropiación ilegal en el territorio del predio denominado Cantukún. Desde ese entonces los posesionarios ancestrales y legales de este predio han sido amenazados y violentados por policías ministeriales y el caso sigue sin resolución (Kantún, 2019). Con el inicio de las obras también se realizaron quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sin embargo estas fueron sorteadas por la empresa y continuaron con la construcción de la megagranja (Medina-Carrillo et al., 2021).
El estado de conservación de la biodiversidad que registran los estudios realizados en las inmediaciones de la granja porcícola establecida de forma ilegal en territorios del poniente de Yucatán (La Jornada Maya, 2023), es resultado de los procesos de manejo y uso tradicional de los recursos naturales por parte de las comunidades mayas que han habitado la zona desde hace más de 3,000 años, no así de las empresas que de forma infame se atribuyen ese logro.
En zonas como el territorio de Kinchil, cuyas selvas fueron deforestadas como resultado del cultivo de henequén y posteriormente abandonadas, los ecosistemas se ha recuperado y mantenido gracias al manejo y conservación que realizan las poblaciones mayas actuales que habitan el territorio. Resultado de esto y como bien han constatado los académicos asociados a Kekén, quienes violando los derechos de sus legítimos posesionarios ingresaron sin consentimiento a esas tierras, en Kinchil la biodiversidad y el estado de conservación de la selva es sobresaliente.
No obstante, y con base en los muestreos de agua realizados por las comunidades locales en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los realizados por la misma SEMARNAT (SEMARNAT, 2023), hay una evidencia de que la calidad del agua en la zona se encuentra gravemente deteriorada, afectando directamente la salud del ecosistema y modos de vida de la población local. Ejemplo de ello es la pérdida de la certificación orgánica de apicultores de Maxcanú miembros de la Alianza Kaabnalo'on debido a la presencia de la granja en su territorio (Eleisegui, 2023). Las afectaciones por la contaminación del agua, suelo y aire, se recrudecen con las afectaciones económicas acaecidas a los productores de miel.
Aunado a ello, el intento de la empresa Kekén de argumentar su supuesta propiedad de las tierras en las que se establece, constituye uno de sus atropellos más evidentes, el caso del predio denominado CANTUKUN que han intentado desaparecer con diversas estrategias legales y con la complicidad de autoridades administrativas y jurisdiccionales corruptas. Su imperante necesidad de convencer que no contamina la hace trastabillar ante lo evidente de sus abusos y hacerse pasar como una empresa socialmente responsable, se vuelve solo un mito.
Los esfuerzos de la empresa Kekén por deslegitimar las denuncias realizadas por las comunidades afectadas, evidencian una fuerte desigualdad, falta de justicia socioambiental en el territorio e irrespeto sobre sus posesiones ancestrales. Reflejan una evidente discriminación hacia las poblaciones mayas. Demuestran que los medios por los cuáles se ha tratado de afrontar la situación, responden a soluciones basadas en intereses productivos y económicos de las empresas y gobiernos que perpetúan las dinámicas de poder.
En la actualidad, y derivado del aprendizaje y discusiones críticas entre académicos alrededor del mundo, se ha llegado a la conclusión de que para la construcción de estrategias justas y sostenibles, es indispensable transitar hacia estudios que comprendan la complejidad sistémica de las problemáticas asociadas al manejo de recursos naturales (Pichler, 2016; Martínez-Alier, 2004).
Para ello, es indispensable dejar de lado la generación de estrategias con beneficios a corto plazo basadas en el crecimiento económico, el cual se sabe que hasta la fecha sólo ha provocado el detrimento de la naturaleza. Por el contrario, es necesario incorporar los valores que las comunidades locales y pueblos indígenas le han dado a la naturaleza que en general han protegido y mantenido a lo largo de la historia (Pascual et al., 2023). Valores que han sido marginalizados en los estudios que avalan la supuesta “porcicultura sustentable”.
Es urgente situar los derechos de las comunidades indígenas y locales en el centro de esta problemática a partir de procesos inclusivos y realmente participativos, no sólo en la representatividad, si no en su participación activa en los espacios de toma de decisiones. Detener la violación a los derechos humanos, hacer justicia y asegurar la reparación de daños ocasionados a todas las localidades afectadas por la agroindustria porcícola alrededor de sus más de 400 granjas establecidas en el territorio yucateco.
Como se observa, el asunto estriba más allá de la fauna que sobrevive e intenta adaptarse a un ecosistema contaminado, al agua llena de amoniaco y coliformes fecales de cerdos, de su discurso ambientalista sobresalen los intentos desesperados por seguir justificando el despojo de territorios y la afectación directa a las comunidades y su entorno, de lo cual el gobierno local guarda absolutos silencio, ante la complicidad de sus funcionarios.
*Irina Llamas-Torres, Estancia Posdoctoral de Incidencia, CONAHCYT-INECOL
**Carlos Llamá Ventura, Consejo Maya del Poniente de Yucatán, Chik’in-já y Colectivo Cantukún
