El pueblo de Chapab mantiene una lucha contra la granja aparcera Unión de Aparceros Chapab y Productora Agrícola Pecuaria debido a la contaminación y despojo de tierras. Foto: Memorias de nómada
Miembros de la comunidad maya de Chapab, en Yucatán, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga una demanda de amparo en contra de la operación de la mega granja porcícola de las empresas “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán” que cuenta con capacidad de producción de hasta 48 mil cerdos.
Ejidatarios y pobladores mayas denuncian que esta mega granja se instaló en su territorio, sin su consentimiento, desde el año 2017.
Mediante comunicado de prensa, las y los pobladores de Chapab, quienes forman parte del colectivo Kanan Lu’um Moo (“cuidar la tierra”, en lengua maya), enfatizan que, si la SCJN atrae su caso, “abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para la comunidad indígena”.
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La comunidad organizada de Chapab detalla que las empresas porcícolas operan desde 2018, aún cuando nunca consultaron a la población maya y a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).
Entre las irregularidades, destacan que no realizaron estudios geohidrológicos, de vientos y olores; tampoco contaron con la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
“Fue hasta julio de 2020, y propiciado por el inicio de las acciones de defensa por habitantes de Chapab, que la empresa porcícola declaró haber ‘cumplido los requisitos’”, contextualizan.
No obstante, las y los pobladores de Chapab señalan que la SDS no corroboró el cumplimiento de los requerimientos ambientales, conforme lo demostraron con el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán”, elaborado por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Fundación para el Debido Proceso.
“La SDS señaló el cumplimiento de todos (requisitos ambientales), pero sin jamás comprobar fehacientemente que la información vertida por la empresa era adecuada o en verdad existía un adecuado funcionamiento”, señalan las organizaciones en dicho informe.
Las violaciones a las regulaciones ambientales fueron evidentes cuando, en el año 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros proveniente de la mega granja, que arrojaba aguas residuales, desembocando en sus tierras de cultivo. “Estos desechos ya habían inundado parte de esta tierra y la vegetación estaba muriendo”, enfatizan las y los pobladores mayas.
Por ello, en diciembre de ese mismo año, el colectivo Kanan Lu’um Moo interpuso una demanda de amparo en contra de la operación inconstitucional de la mega fábrica de cerdos. “Más de 100 personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y adultas mayores, decidieron promover un juicio de amparo por violaciones a sus derechos a un medio ambiente sano”, detalla el comunicado de prensa.
Kekén, empresa afecta selva y agua
En la península se han identificado 257 granjas industriales, de las cuales 86% están ubicadas en el estado de Yucatán, debido principalmente a la alta disponibilidad de agua dulce. Mediante el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán” organizaciones destacan que aún se estima que hay más granjas operando en clandestinidad.
“Sin control estricto, esta industria ha crecido tanto hasta el punto en el que solo Yucatán provee el 9% de la producción nacional de cerdos y su carne”, destacan las organizaciones sobre las grandes cantidades de recursos naturales requeridas para producir masivamente y monetizar esa producción.
El mercado de la producción de cerdo está dominado por una sola empresa que controla la selección genética, reproducción, sacrificio y distribución de carne: Grupo Porcícola Mexicano S.A de C.V, generalmente conocido como “Kekén”.
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Kekén opera un 80% de su producción con grandes empresarios y el 20% restante con ejidatarios de 18 sociedades de producción rural mediante lo que denomina “esquema de parcería”. Ésta consiste en que ella se encarga de la reproducción para después transferir los animales a otras granjas para su cría y engorda hasta el momento, siete meses después, en que volverán a Kekén para ser sacrificados y comercializados.
“Es responsable del 40% de las exportaciones de carne de cerdo principalmente al mercado asiático, y que además también tiene granjas ubicadas en zonas de conservación o reservas naturales”, destaca el informe.
El colectivo Kanan Lu’um Moo enfatiza la importancia en defender sus territorios pues la península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el continente americano, tras la Amazonas, y conforma la mayor recarga de agua en el país. “Por lo cual la contaminación del manto acuífero y la pérdida de los ecosistemas forestales deberían ser temas de vital importancia para el Estado mexicano”.
Amparo
La demanda de amparo fue admitida por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien concedió medidas cautelares provisionales para proteger a la niñez de Chapab. Sin embargo, en marzo de 2021, un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió en favor de la mega granja, revocando la demanda, y con ello las medidas que protegían los derechos de las personas.
Fue en 2022 cuando habitantes de Chapab plantearon una solicitud para la realización de una consulta previa que definiera la operación de la mega granja. “En ella argumentan violaciones a la Constitución, al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y al Acuerdo de Escazú. Obtuvieron una sentencia favorable, pero la empresa porcícola promovió un recurso de revisión para que el caso de Chapab sea desechado”, contextualizan.
De acuerdo a la argumentación de la empresa, la demanda presentada por Chapab es “extemporánea” debido a que debió haber sido presentada dentro de los primeros 15 días en que se estableció la mega granja.
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“Este no es un argumento nuevo, ha sido utilizado al menos tres veces por el empresariado y el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, para desechar los litigios emprendidos por comunidades mayas”, reclaman las y los habitantes de Chapab.
Destaca el papel del magistrado Eden Wynter, quien en por lo menos tres ocasiones ha dado la razón a la industria porcícola, por lo que “después de años de buscar justicia a nivel local sin éxito, Kanan Lu’um ahora solicita la atracción de su juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios internacionales y nacionales de derecho”, demanda la comunidad maya.
Las y los habitantes mayas señalan haber visto afectada su salud con enfermedades en la piel, problemas estomacales y fuertes casos de dengue entre la población. “Esto se debe a la contaminación por los residuos que se generan desde la granja hacia la tierra y el agua”, sostienen.
También acusan que no son la única comunidad indígena afectada. “Los pueblos mayas han sido despojados de sus tierras con impunidad por la mafia agraria; conformada por empresarios, políticos, funcionarios, notarios públicos y comisarios ejidales. La contaminación, la deforestación y el despojo de tierras por mega industrias es un tema ampliamente cuestionado y de interés social, que no solo compete a la región de Yucatán”, reclaman.
