Rebelión en Chile al régimen político: Procesos de transformación y derechos humanos

Por Alfredo Seguel

El 18 de Octubre de 2019 se levanta en Chile una de las mayores rebeliones en la historia republicana que ha sido conocida popularmente como “El estallido o la revuelta social”, impulsado previamente por un movimiento de estudiantes de secundaria y que luego movilizó por meses a millones de personas en el País exigiendo cambios estructurales ante diversas políticas de dominación, exclusión, injusticias, desigualdad y opresión del régimen político y modelo neoliberal reinante y que el gobierno de Sebastián Piñera no sólo adscribe y promueve, también es parte medular de su doctrina y acción junto a grupos del poder económico que han manipulado por décadas al aparato público estatal, con diversas formas conspirativas para sus propósitos. 

La fecha del 18 de octubre además de representar este levantamiento popular y que entre otros logros de resistencia y transformación, está el impulso para un nuevo proceso constituyente que terminará con la ilegítima y antidemocrática Constitución Política impuesta en dictadura (1), hecha para fomentar el saqueo y privatización del País de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de grupos económicos, coartando y negando a su vez una serie de derechos a pueblos-naciones y a personas. Al respecto, seguramente post aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito del 25 de octubre de este año, los grupos neoliberales y los sectores más reaccionarios se volcarán con todo a disputar las cuotas de poder y representatividad en la instancia constituyente para intentar mantener privilegios, ciertos dogmas y criterios ideológicos neo coloniales que han predominado en la actual carta magna. 

Los abusos, atropellos y la ineficiencia del gobierno ante las demandas sociales, llevó también a que el Presidente Piñera haya obtenido la mayor desaprobación en la historia (2), con un 9,1 % de aprobación el 6 de noviembre del 2019 según encuesta Activa Research; un 4,6 % de aprobación el 2 de diciembre del 2019 también por Activa Research; y, un 6 % de aprobación según encuesta empresarial CEP dada a conocer el 16 de enero del 2020, mientras el clamor popular en las calles era la salida de Piñera. 

Lo más crítico sin lugar a dudas ha sido la seguidilla de actos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos contra miles de manifestantes en Chile, incluyendo crímenes de lesa humanidad, que da cuenta de una profunda responsabilidad del ejecutivo y del alto mando de la institución de carabineros, en particular, en las personas de Sebastián Piñera y Mario Rozas, sin olvidar las violaciones cometidas por agentes militares entre el 18 y 28 de octubre del 2019, durante el periodo del estado de excepción constitucional decretado por Piñera.

Asimismo, las graves violaciones a los DDHH han dejado en evidencia la decadencia fatal, el descrédito, la degradación y la tiranía en Carabineros, razones por las cuales diversas voces en el presente exigen su urgente disolución, institución que a su vez viene arrastrando el mayor fraude y corrupción en la historia del actual sistema penal (3). A fines de 2018, el monto fue avaluado en 28.300 millones de pesos. En total, 132 personas han sido formalizadas, lista encabezada por altos mandos hoy desvinculados. 

Durante el denominado periodo democrático post dictadura, el aparato militarizado de carabineros, como las ex fuerzas especiales y GOPE (4), y unidades de inteligencia, en gran parte se ha focalizado para reprimir, criminalizar e intervenir las movilizaciones por derechos territoriales mapuche, las que involucran intereses de grupos latifundistas colonialistas y grandes empresarios forestales, acaparadores de tierras ancestrales. En efecto, diversas operaciones en más de 18 años a causas mapuche, han tenido como desenlace asesinatos, múltiples heridos y cientos de detenciones, muchas veces a punta de montajes y “banderas falsas”, entre ellos: plan operación paciencia, plan operación Tarzán, plan operación Tauro, plan operación huracán, plan operación Andes.

Esta realidad que han vivido de manera aguda numerosas comunidades mapuche a partir del 18 de octubre del 2019, extrapoló a amplias manifestaciones y protestas sociales en todo Chile (5), con múltiples casos de asesinatos, torturas, mutilaciones, detenciones arbitrarias, abusos, vejámenes, en general actos de agentes represores en perjuicio de miles de personas, sumándose diversas planificaciones ilícitas de conspiración bajo montajes y mal uso de recursos públicos, manteniéndose a su vez paralelamente el statu quo de violencia, racismo y discriminación contra reivindicaciones mapuche, las que incluso se han venido agudizando en este último tiempo. 

Derechos humanos en Chile a partir del 18 de octubre del 2019

El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reporta 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020. 

El lunes 28 de septiembre se desarrolló la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.

El actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia, con masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, son cometidas mayoritariamente cuando involucra proteger los intereses de los principales grupos económicos del país vinculados a Afps, educación, salud e intereses extractivistas industriales forestales-celulosas, latifundistas agro industriales, acuicolas, entre otros, que dan cuenta del servil comportamiento de su estructura jerárquica con redes del poder político y económico (6).

El conspirativo entramado neoliberal

El prontuario de Sebastián Piñera en ilícitos es histórico. Fraudes, colusiones, conspiraciones y delitos de lesa humanidad es amplio (7). A través de los diferentes servicios de inteligencia como CAI, la caótica ANI, SIE y la “Fusión Center”, incluida las cuestionadas unidades de Carabineros, habían detectado la venida de un fuerte levantamiento popular, incluso desde el norte se distribuyeron armamentos de alto calibre a diferentes unidades policiales de Carabineros en diferentes regiones previo al 18 de octubre, cuyo plan se basó en acciones de represión incluido el estado de excepción, cizañas comunicacionales con banderas falsas y políticas de cooptación (8). Todo ello fracasó. 

Lo del metro de Santiago y varios casos de atentados incendiarios, evidenció una bandera falsa. Es decir un montaje en espacios que estaban bajo control absoluto de agentes estatales militarizados. Inmediatamente se hacía circular supuestas intervenciones extranjeras como “cubanos” y “venezolanos” en ataques, todas ellas impulsadas desde instancias de difusión falsas o ligadas a grupos hiperideologizados o pro pinochetistas, incluso promovidas desde el extranjero como las realizadas por Juan Guaidó, quien señalaba el 23 de octubre del 2019 que “Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Chile y Ecuador, asegurando que <financia> a diferentes grupos para <infiltrar> las manifestaciones en la región”, esto, mientras diversos fake news se instalaban por parte de detractores de las protestas en Chile.

Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Estas prácticas, desde el poder económico y bélico, se han aplicado constantemente en el marco de conflictos por reivindaciones territoriales mapuche.

Sebastián Piñera el 20 de octubre del 2019, comunicaba a la opinión pública que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar “ambigüedades”, mientras el gobierno se convertía en un gobierno de facto y se intentaba controlar el estallido social a través de un estado de excepción. 

Los principales grupos beneficiados con la dictadura militar y la administración del modelo neoliberal en democracia, han sido: Matte, Angelini, Paulmann, Edwards, Luksic, Ponce Lerou y Piñera Echeñique, con fortunas en miles de millones de dólares, quienes han sido la cúspide de la pirámide del modelo neoliberal en Chile así como los mayores intervinientes del aparato público y redes políticas para mantener el régimen político y sus privilegios, incluyendo una serie de tratados de libres comercio que los han beneficiados en primer orden.

A nivel global, cada vez más avanzan las exigencias para que los acuerdos comerciales multi o bilaterales se establezcan bajo el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos (9). Hasta el momento, es impresentable el prontuario que tiene el estado chileno y en particular el actual gobierno de Sebastián Piñera con respecto a sistemáticas violaciones de derechos humanos. 

En Chile aún sigue vigente la sombra de la dictadura militar, incrustado en diferentes capas del aparato público estatal, lejos del cumplimiento de las obligaciones de los principios, valores y normas en derechos humanos y democráticos, siendo fundamental un profundo cambio del régimen político y la Constitución política, así como la regulación del abusivo campo de acción de los grupos de poder previamente señalados, con un freno efectivo a las redes de corrupción político económico, como también de actos delictivos y criminales, además de múltiples saqueos y depredaciones de territorios y derechos de los Pueblos.