El bosque Tabasco, sur de México, desplazados por inundación. Foto por Aldo Santiago
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó a finales de febrero la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe. En una audiencia inédita, la Comisión recibió los testimonios de personas forzadas a desplazarse por los impactos ambientales de emergencia. La audiencia fue solicitada por 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.
Fueron escuchados testimonios de personas de El Bosque (Tabasco, México), Cedeño (Marcovia, Choluteca, Honduras), Twuliá (La Guajira, Colombia), así como comunidades haitianas en las Bahamas y a lo largo de la región,quienes se han enfrentado a desastres repentinos o progresivos relacionados con los efectos del cambio climático. Entre ellos: huracanes, aumento del nivel del mar, erosión costera, cambios en la biodiversidad marina, sequías prolongadas e inundaciones. Estos vinculados también a las prácticas racistas de despojo y extractivismo de los recursos naturales que agudizan la degradación ambiental y la conflictividad social.
Lupita Mayoral, miembro de la comunidad de El Bosque, en Tabasco, sostuvo que su pueblo es el lugar donde se desprenden la mayoría de sus recuerdos, su historia y su identidad, y rememoró la paulatina desaparición de El Bosque por el aumento del nivel del mar desde 2019.
“Es importante que se impulsen protocolos.Es importante que nos brinden asistencia humanitaria que hasta el día de hoy no hemos recibido. Y también es importante que todos los países se unan, que Latinoamérica se una para poder hacer algo frente al cambio climático”, dijo.
Los efectos del cambio climático han generado pérdidas y daños de carácter económico, pero también humanas y culturales, que han obligado a muchas comunidades a desplazarse, reubicándose dentro de su propio territorio o incluso buscando protección en otros países.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos subraya que los impactos negativos del cambio climático afectan desproporcionadamente a personas y comunidades que ya experimentan situaciones desventajosas debido a dónde se encuentran ubicadas geográficamente, la pobreza, el género, la edad, alguna discapacidad, o incluso su ambiente cultural o étnico.
Como lo ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, múltiples formas de discriminación, como el racismo, el sexismo y el clasismo pueden combinarse, superponerse y converger. “Lamentablemente, estas comunidades, a su vez, son las que menos han contribuido históricamente a la emisión de gases de efecto invernadero”.
Según el IPCC, desde 2008, una exorbitante media anual de más de 20 millones de personas se ha visto desplazada internamente cada año por fenómenos meteorológicos extremos, siendo las tormentas y las inundaciones los más habituales. La intensidad y frecuencia de desastres naturales como huracanes o inundaciones, al igual que otros fenómenos como la escasez de agua o el aumento del nivel del mar, afectan la forma de vida de las personas.
También un estudio del Banco Mundial estima que el cambio climático podría
empujar al desplazamiento a más de 216 millones de personas de seis regiones del mundo, para 2050. Aunque las cifras proyectadas para el año 2030 ya prevén que pueden generarse zonas críticas de migración interna debido al clima y estas se seguirían ampliando e intensificando hasta 2050.
Entre las regiones más sensibles a los desplazamientos relacionados con el clima, de acuerdo con Organización Meteorológica Mundial, se encuentran los Andes, el noreste del Brasil y los países septentrionales de América Central.
La movilidad humana por factores climáticos ha causado un gran debate en torno a términos como “refugiados climáticos” y “migrantes climáticos,” al momento de identificar la manera correcta de referirse a estas personas. En la mayoría de casos, estas personas no son reconocidas legalmente como “refugiados.”Las organizaciones solicitaron a la CIDH la formación de un grupo de trabajo para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, en colaboración con ellas. Propusieron hacer reuniones en conjunto para ejecutar los derechos humanos asociados al desplazamiento forzado y el cambio climático.
