Coca-Cola signó un acuerdo el pasado 28 de abril para invertir en una reserva protegida en la selva amazónica de Brasil. Es la octava empresa, junto a la cervecera Heineken, de una lista de empresas transnacionales que se están sumando al programa denominado “Adopt a Park” (Adopta un Parque) para su “conservación”.
Con este acuerdo, la transnacional Coca-Cola ‘adoptó la reserva ARIE (Área de Relevante Interés Ecológico) Javari-Buriti, ubicada en el estado do Amazonas. Un área que comprende más de 13 mil hectáreas. E incluye una de las formaciones más densas de bosque de palmeras buriti del mundo y una región con abundante agua.
Coca-Cola justifica que su apoyo representará una mejoría en la infraestructura para la conservación del área, pero en verdad “está interesada en desarrollar una marca ‘verde’ y sustentable para el mercado”, sostiene el Grupo Carta de Belém, una red de movimientos y organizaciones brasileños que actúan en defensa de la tierra y territorios de pueblos indígenas, comunidades tradicionales, pequeños agricultores.
También una diversidad de organizaciones ambientalistas han catalogado este programa, lanzado en febrero de 2021 por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, como una acción que busca limpiar su incapacidad en cuanto a las respuestas sobre la deforestación y los incendios en la Amazonía, lo que equivale a un “lavado verde”, afirman.
La red de organizaciones que conforman el Grupo Carta de Belém explica que existe la posibilidad de que la corporación explote el área. “En el protocolo de intenciones para la ‘adopción’, firmado entre empresa y el Ministerio del Medio Ambiente, se permite que Coca-Cola reciba contrapartidas en el área, incluso con el uso directo de partes de las tierras destinadas para la protección”.
El programa “privatiza y transfiere la responsabilidad de la preservación a personas físicas y jurídicas privadas, nacionales y extranjeras, promoviendo la gobernanza privada sobre territorios de interés colectivo y social”, sostiene el Grupo Carta de Belém.
Mientras tanto, la transnacional Coca-cola ha sostenido en un boletín de prensa que "la adopción del área Javari-Buriti es otra iniciativa en la que participamos para la protección del bioma en el estado, donde llevamos 30 años".
Además, esta empresa ha agregado que, “esto es parte del compromiso con la agenda de desarrollo sostenible de la ONU, firmado con base en la convicción de que la sostenibilidad es un tema transversal a todo lo que hacemos”.
El Ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, quien participó en la firma de este acuerdo con Coca-Cola, ha sostenido que la transnacional “tiene 79 años en el país e invierte continuamente en acciones orientadas a la sostenibilidad, con foco en la gestión de los recursos hídricos y los residuos sólidos”, además agregó que, Coca-Cola Brasil, “cuenta con nueve embotelladoras, opera en los segmentos de refrescos, jugos, lácteos, bebidas vegetales, agua, aguas especiales, agua de coco, bebidas deportivas y tés, con una línea de más de 200 productos”.
A dos meses de haberse creado el programa, ya son ocho áreas de conservación adoptadas por grandes corporaciones. La primera empresa en ‘adoptar’ un área y que cuenta con amplios antecedentes sobre violaciones socioambientales en su cadena productiva, además de estar asociada a graves episodios de racismo.
El gobierno reservó para el programa un total de 131 unidades de conservación y estableció como pagos valores de 10 dólares para empresas nacionales y 10 euros para empresas extranjeras, por hectárea. “Nos parece evidente que el resultado de este Programa, no podrá ser otro sino lo de poner, oficialmente, Brasil a la venta”, sostiene el grupo.
La creación del programa de ‘adopción’ de áreas de conservación surge en un momento en el cual el gobierno de Bolsonaro anuncia un corte de 42% en los recursos destinados a órganos estatales responsables por la preservación de estas áreas, pero también en un momento de aumento de 34,5% en la deforestación, entre 2019 y 2020, de acuerdo con el Instituto de Pesquisas Espaciales.
Para las organizaciones, el Programa hace parte de una política más amplia del gobierno de “impulsar la privatización y la financiarización de la naturaleza” en Brasil.
