Portada: Horacio Santiago
En los últimos 20 años el impulso a la privatización de las semillas se ha plasmado en tratados internacionales, leyes, certificaciones y la propiedad intelectual, que desplaza y criminaliza el uso libre de semillas criollas o nativas.
Para la bióloga Valeria García López, esto sucede en un sistema colonial, patriarcal y colonialista que busca homogeneizar, uniformizar y, en consecuencia, acabar con la vida.
La investigadora trabaja desde hace ocho años con el tema de semillas nativas y su defensa, en México y su natal Colombia, en la investigación de prácticas y estrategias para protección de las semillas en países de Latinoamérica y el mundo.
En su estudio destaca que transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina o Dow-Dupont y Pioneer son propietarias del 60% de semillas comerciales, el 90% de las transgénicas y del 70% de la industria de agroquímicos y de maquinaria agrícola.
También dominan farmacéuticas y alimentación procesada, “fusiones que para el sector agrícola tienen gran consecuencia en la soberanía de los pueblos”, sostiene la bióloga en entrevista para Avispa Midia.
Estas corporaciones aumentan los precios y refuerzan el control de la producción de alimentos a nivel mundial, “que pocas manos manejan”. Desplazan las semillas criollas y nativas, y solo permiten el crecimiento de la industria, argumenta.
La investigadora acompaña un proceso de fortalecimiento de los sistemas locales de semillas de organizaciones de Altos de Chiapas, región fronteriza de México y Guatemala, donde hombres y mujeres manifiestan que no tienen información de los cambios en la legislación que están en trámite en el Congreso de la Nación.
En 1996 se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) y un año después México se adhirió al Acta 78 de la UPOV (Convenio de la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales) como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En la actualidad existe presión por los compromisos asumidos en el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que obligan al país unirse al Acta UPOV-91, versión actualizada que protege las llamadas “variedades vegetales esencialmente derivadas”, es decir, la privatización de la semilla. El tratado debe ser aprobado por el Ejecutivo y después por el Senado. A pesar de la presión, la aprobación todavía no ha sucedido.
Aunque México sigue adherido al UPOV-78, que favorece los derechos de las comunidades campesinas, un proyecto de reforma a la LFVV, que se alinea a la Acta UPOV-91, fue retomado en diciembre de 2021 por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. En 2019, dicha reforma había sido detenida por la sociedad civil.
La iniciativa, de acuerdo con un documento de la ‘Campaña nacional sin maíz no hay país’, plantea prohibir la práctica campesina milenaria de acriollamiento de las semillas, “derivada de su libre uso, selección, intercambio y cruzamiento de variedades tanto nativas como mejoradas, con el fin de obtener variedades mejor adaptadas a las necesidades y condiciones culturales y agroecológicas de cada contexto de producción campesina”.
En un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el investigador Gonzalo Chapela explica que esta iniciativa pretende dar a los campesinos y otros productores agrícolas el mismo trato que a los delincuentes de piratería industrial o de bienes culturales con sanciones hasta de $3,475,20016; prisión de hasta 6 años 17 y una serie de medidas cautelares.
La privatización de las semillas implica que instituciones privadas se apropien de las semillas conservadas por miles de años por campesinos, las desarrollen y cambien a través de un proceso de selección cerrada y controlada para que, a cada generación, se hagan más homogéneas. Entonces pueden patentar los derechos del obtentor, explica para Avispa Midia Malin Jönsson, integrante de la ‘Campaña nacional sin maíz no hay país’.
Los derechos de la agroindustria estarán protegidos sobre las semillas, las cosechas y todas las variedades derivadas. “Se ponen por encima de los derechos de los pueblos, de las comunidades campesinas e indígenas. Lo que se debería hacer es crear leyes y crear protección para las semillas en manos de quien las conserva”, señala Jönsson.
Amenaza
Organizaciones y estudiosos del tema coinciden que las semillas están siendo acaparadas. No es poca cosa, insiste Malin Jönsson, pues se trata de una grave amenaza, no sólo a la cultura alimentaria, también al medio ambiente por el peligro a la biodiversidad y a la contaminación del suelo por el uso descontrolado de agroquímicos.
“Con las semillas que llaman mejoradas, o las semillas certificadas viene un paquete tecnológico que implica fertilizantes químicos, plaguicidas y químicos que matan al suelo y provocan problemas de salud”, aunque es una práctica añeja que se efectúa a través de programas del gobierno.
Por ello, con la reforma a la Ley de Variedades Vegetales se violan diferentes derechos humanos: derecho a la conservación y uso sustentables de la biodiversidad que está plasmado en el Convenio de Diversidad Biológica en el marco de la ONU; además de la Declaración Nacional de los Pueblos Indígenas que menciona el derecho de las semillas nativas y patrimonio cultural.
“Nosotros estamos convencidos que se debe parar la iniciativa; es un reto porque se necesita más labor en las comunidades”, dijo Jönsson.
A pesar de los esfuerzos de los trabajadores del campo mexicano, los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía presionan a favor del cambio de la ley.
La ‘Campaña nacional sin maíz no hay país’ envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir frenar la privatización de las semillas, pues están en riesgo más de 100 especies que son base de la cultura alimentaria.
“La apropiación corporativa de las semillas mediante los derechos de propiedad intelectual genera una producción agrícola dependiente de semillas del exterior, al obligar la compra de éstas en cada ciclo agrícola”, dice la carta.
Resistencias
En la sierra norte de Oaxaca, en San Pablo Ayutla, Alma Delia Ruiz representa a un grupo de mujeres mixes que a través del proyecto Los frutos del Kämtunp (trabajo del campo) buscan conservar y rescatar semillas nativas y criollas de manera artesanal.
Se unieron durante la pandemia del Covid-19, cuando notaron el abandono del campo.
Entonces crearon un proyecto para dar valor agregado a los excedentes de la producción y enseñar estrategias para sembrar en estos contextos, “con técnicas que los abuelos nos heredaron y con otras que son necesarias cambiar por las condiciones del clima y el suelo, que se está deteriorando”, señaló Delia Ruiz.
Las mujeres mixes que se unieron al proyecto notaron la mejoría hasta en el sabor de los alimentos que producen y que comercializan de manera local en apoyo de las familias que viven en zonas marginadas de Oaxaca que, en muchos casos, tienen que migrar por mejores oportunidades laborales.
El proyecto busca llegar a más productoras y productores locales para abonar en la protección de las semillas. “Es la oportunidad para que no dejen de sembrar”.
Para Delia Ruiz, agrónoma de profesión, con la reforma a la ley, no sólo se llevan las semillas, también desintegran comunidades valiosas para México en la conservación cultural, “desde nuestras comunidades nos merecemos vivir muy bien”.
Coincide con Malin Jönsson al señalar que seguir sembrando variedades nativas es un acto de resistencia contra un sistema agrícola dominante.
La organización Grupo Vicente Guerrero también resiste en Tlaxcala y por 24 años ha organizado la Feria del Maíz y Otras Semillas Nativas que pretende lograr seguridad alimentaria, mayor producción de alimentos y de mejor calidad.
“Cuando comienza la cosecha mujeres y hombres del campo buscan en su parcela los primeros elotes para consumo de sus familias. Es cultural, en todos los estados donde hay maíz, que se disfrute y que ahora puede perderse”, añade el campesino de Tlaxcala, Pánfilo Hernández Ortiz, quien junto a organizaciones en todo el país realizan acciones para llevar información a las comunidades.
Mundo
Las amenazas de privatizar las semillas la viven varios países de América, Asia y África. En la última década el problema se ha profundizado por los cambios en las leyes que provocan la pérdida de la soberanía y celebran los acuerdos agroindustriales de destrucción.
“Es una alerta lo que está pasando en el mundo en este momento” y ante ello, países como Ecuador han logrado una ley igualitaria donde las semillas tienen un rol fundamental”, explicó la bióloga.
En Venezuela el movimiento Vía Campesina promueve en millones de familias del mundo mantener y sostener la soberanía alimentaria.
“Es muy importante reiterar la importancia de la diversidad a todos niveles. Las semillas, como el agua, como la tierra, son parte de un regalo de la naturaleza que no debemos maltratar y con los que debemos convivir de la forma más sana, justa y equitativa para todos y todas”, insiste la investigadora.
