La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.
El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país.
Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.
Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas - hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 - en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales).
La Colectiva que, durante el proceso de la reforma tuvo un papel activo para exigir un mayor control de la actividad minera, alerta que la iniciativa actual podría “diluir los avances” obtenidos con los cambios legislativos de 2023, cuando se asigno al Servicio Geológico Mexicano (SGM) como responsable por la exploración.
De acuerdo con el profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana y miembro de la Clínica Jurídica para Justicia Ambiental “Berta Cáceres”, Jorge Peláez, la propuesta inicial de la reforma de 2023 garantizaba que la exploración minera estuviera 100% a cargo del SGM, sin ninguna participación de particulares. Por presión de las mineras se aprobó que el órgano puede establecer contratos por medio de licitación con empresas privadas para la exploración.
Para Peláez, a pesar de no haber sido aprobada la propuesta inicial de la reforma, el texto final representó un avance. “Hoy no está vedada completamente la exploración a los privados. Sin embargo, no pueden ellos mismos, como era antes, solicitar una concesión de exploración. Como quedó [en la ley] no es lo ideal, pero el Estado sigue teniendo control de los recursos”, señala para Avispa Mídia.
El abogado subraya que si antes el Estado daba una única concesión minera, que incluía el derecho de exploración y explotación, ahora el SGM es responsable por la exploración y concede, o no, por medio de licitación, el derecho a privados a la explotación.
Uno de los puntos positivos de esta nueva dinámica es que elimina la posibilidad de especulación con las concesiones. “Antes se permitía que una empresa fuera concesionaria por 50 años, exploraba cuándo quería, podía transferir la concesión a quién quisiera y, mientras tanto, cotizaba en la bolsa de valores, aunque nunca desarrollara un proyecto. No explotar no quería decir que no generaba recursos”, explica.
Además, desapareció la lógica de que todo el territorio mexicano estaría disponible a las empresas mineras. Ahora el SGM define los polos mineros.
Para el abogado, es clave que no haya un regreso en estos términos aprobados en la reforma de 2023. “Lo complicado sería que el control de la exploración vuelva a tener los privados [como anunció Sheinbaum con el Plan México]. Este sería el gran riesgo y tenemos que tener todas las alarmas prendidas”, alerta el profesor de derecho.
Ataques
Los partidos PRI, PAN y PRD abrieron procesos de impugnación a la reforma aprobada en 2023, señala Dolores Rojas, de la organización Heinrich Böll y de la Colectiva ¡CambiémolasYa! Para ella, no puede haber una nueva reforma a la ley si no se aclara primero la petición de impugnación por parte de los partidos.
Explica que también ha habido una serie de amparos promovidos por empresas mineras. “Sin embargo, una resolución en la Suprema Corte decidió no resolver estos amparos hasta que no se resuelva la impugnación que hay de la ley. Por lo pronto la ley sigue vigente, con estas indefiniciones”, explica Rojas para Avispa Mídia.
Además, todavía no se publica el reglamento de la ley, que debió ser publicado hasta diciembre de 2023. “El hecho de que no está la reglamentación, limita la ejecución y la operatividad de la ley. Eso hace que haya mucho más margen de interpretación a la ley vigente”, explica la integrante de la organización Heinrich Böll.
Es evidente, señala Rojas, que existe una resistencia a la reglamentación. “De nuestra parte hicimos una propuesta. La Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], en el sexenio pasado, entregó el borrador del reglamento a la consejería jurídica de la presidencia. Hizo lo que le tocaba. Pero faltaba entregar la parte de la Secretaría de Economía. Tuvimos varias reuniones y una comunicación fluida con Economía. De repente ya no nos contestaron y nunca supimos lo que paso con el reglamento”, sostiene.
Señales
Para el profesor de derecho, además de la no reglamentación, existen otras señales que indican que es posible que se esté articulando una nueva reforma a la Ley Minera.
En comisiones de la Cámara de Diputados hay un dictamen aprobado, en agosto de 2024, que establece la prohibición de la minería a cielo abierto y el fracking. La propuesta fue presentada por el ex presidente Andrés López Obrador en febrero de 2024, como parte de un paquete de 20 proyectos que buscaba modificar el artículo 27 de la Constitución. “Sin embargo, no se ha debatido la iniciativa en sesiones plenarias, lo que sugiere que podría no prosperar”, dice Rojas.
Además, existe una clara articulación especialmente entre la Secretaría de Economía y el sector minero. Por ejemplo, están las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien informó a medios locales que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido reuniones preliminares con el clúster (grupo de empresas) minero local. El objetivo sería, dentro del Plan México, desarrollar un “importante proyecto minero” relacionado a la explotación de cobre.
Otro factor apuntado por Peláez es la guerra de los aranceles detonada tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer impuestos altos sobre productos mexicanos. Eso ha generado cierta sinergia entre los distintos sectores económicos mexicanos y el gobierno de ese país.
Una publicación de Ebrard en sus redes sociales resalta una reunión en la que detalla que “el sector privado cierra filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y su defensa del interés nacional frente a cualquier arbitrariedad comercial o de otra índole que debamos encarar en las próximas horas”, escribió en el contexto de la amenaza de Trump.
Para Peláez, “con todos estos problemas de los aranceles y la necesidad de tener a sectores privados e inversionistas contentos, hay el riesgo de que eso [una nueva reforma a la Ley Minera] pueda ser una moneda de cambio”.
