En portada: Parque Eólico en Unión Hidalgo. Foto: Santiago Navarro F.
Miembros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, han iniciado en los últimos meses una serie de acciones en territorio francés con el objetivo de detener el proceso de instalación de un parque eólico de la Electricité de France (EDF) en su territorio, el cuarto de la empresa francesa en la región del Istmo de Tehuantepec.
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Una de estas acciones, inédita en el tema de estrategia de defensa territorial en América Latina, fue la presentación en París de una demanda civil en contra de la empresa por violación a Derechos Humanos. La acción está basada en la Ley sobre el Deber de Vigilancia, aprobada en 2017, que obliga a las empresas francesas a prevenir y remediar los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente en los países donde tienen sus actividades.
EDF, según la argumentación presentada por los indígenas zapotecas, firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta, la cual fue paralizada debido a la pandemia de Convid-19, pero que está en su fase final.
Denuncian además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.
Miembros de la comunidad zapoteca, desde por lo menos 2016, han buscado frenar las acciones de la empresa en los tribunales mexicanos. A partir de un amparo presentado en octubre de 2018, un Juzgado Federal en México falló en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los estándares internacionales. Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió. Los tribunales, hasta el momento, no han imputado a la empresa ninguna punición.
El juicio en la corte de París apenas inicia. El 26 de octubre ocurrió la primera audiencia, donde la jueza de la Corte Judicial de París que lleva el caso escuchó argumentos orales de las abogadas que representan a la comunidad, así como de EDF.
La demanda en Francia es asesorada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) y apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas y europeas, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, elObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).
Gira de visibilización
Una delegación de Unión Hidalgo inició una gira en Europa para visibilizar las violaciones vividas en la comunidad zapoteca. Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros y Comuneras de Unión Hidalgo, está en la delegación que recorre Francia. “Desde 19 de agosto iniciamos este recorrido por varios espacios solidarios, denunciando ante los ciudadanos franceses lo que está haciendo EDF en nuestro territorio, que es el acaparamiento y privatización de nuestras tierras con profunda violencia”, dijo.
De acuerdo con Manzo, la delegación ha tenido reuniones con distintos sindicatos y organizaciones francesas, además ha sostenido charlas con parlamentarios europeos en Bruselas.
Presión en el parlamento europeo
El 26 de octubre, los europarlamentarios Manon Aubry, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann y Marie Toussaint pidieron al gobierno francés defender la legislación que garantiza la protección de los derechos humanos, sociales y medioambientales por parte de las empresas europeas. “Durante casi tres años, Francia ha incumplido sus obligaciones internacionales y el Estado se ha negado a aplicar su ley sobre el deber de vigilancia. Es urgente que la justicia francesa haga respetar a EDF los derechos humanos de la comunidad de Unión Hidalgo”, se pronunciaron en un comunicado.
Además, sostuvieron que “si la soberanía energética y el desarrollo de las energías renovables son una necesidad y una urgencia, las empresas francesas no pueden escudarse en el imperativo de la transición en Francia y en el mundo para despreciar los derechos humanos. La transición debe ser justa y respetuosa con los derechos”.
Mientras Francia ya posee una ley que responsabiliza a sus empresas en materia de derechos humanos y ambientales, el parlamento europeo estudia una legislación europea sobre la responsabilidad de sus empresas. “La pasividad deliberada y persistente de Francia ante las violaciones de EDF en México empaña su credibilidad en los debates en curso en Bruselas para la legislación de la UE [Unión Europea] sobre la responsabilidad de las empresas”, dijeron los europarlamentarios.
