Tras casi una década de batallas legales, la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, logró la cancelación de dos concesiones que permitían a la empresa canadiense Almaden Minerals explotar una mina del municipio.
De acuerdo con Fundar y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el 12 de abril un juzgado determinó —acatando una sentencia de la corte— que “no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.
El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla declaró cumplida la Sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado 9 de febrero en cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.
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El juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, reconociendo que, “(...) la autoridad responsable –Secretaría de Economía - consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena (…)”.
“Con este acuerdo cierra la batalla legal que Tecoltemi mantuvo durante 8 años en defensa de sus derechos y su territorio. La lucha de Tecoltemi derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios”, sostuvo la comunidad en un comunicado.
Además, recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.
“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.
