El Poder Judicial de la Federación quitó el pasado 25 de marzo la suspensión a las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, que había sido concedida, en marzo de 2021, a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.
El proceso judicial fue enmarcado por contradicciones en las decisiones tomadas por los tribunales de Yucatán, como explica para Avispa Midia el abogado Miguel Anguas, de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, organización que asesora a las comunidades mayas desde 2020, cuando empezó la pandemia de Covid-19 y el gobierno mexicano declaró el proyecto como prioritario.
Ya en 2020, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal empezó los amparos contra el proyecto Tren Maya, por considerar que viola el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la información, los derechos de los pueblos.
Sin embargo, en noviembre de 2020, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la fase uno del Tren Maya, que incluye los tramos 1, 2 y 3. Al autorizar la MIA da luz verde para el inicio de las obras. “Entonces se inicia un amparo contra esta autorización en específico”, explica el abogado.
En marzo de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. “Es decir, obliga la Semarnat y a Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] a que suspendan las obras, los permisos, hasta tanto se termine el juicio de amparo [contra la obra]”.
Ante la suspensión, Fonatur y Semarnat interpusieron, de manera individualizada, recursos de revisión buscando impugnar la resolución.
Al resolver el recurso de Fonatur, en noviembre de 2021, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa optó por revocar y negar la suspensión del Tren Maya, pero en enero de 2022, ante el recurso de Semarnat, ordenó paralizar las obras. “Aquí es donde se da la contradicción. Teníamos la inquietud de cual decisión iría prevalecer”, dijo el abogado.
Fonatur decide, entonces, presentar una solicitud de aclaración a los tribunales sobre las dos decisiones. El pasado 25 de marzo decide que lo que prevalece es la primera decisión, que revoca la suspensión de las obras. “Le da luz verde al proyecto del Tren Maya, a pesar de que continúan los juicios de amparo”, explica Anguas.
Principio Precautorio
Lo que se cuestionó en el amparo fue la viabilidad ambiental de las obras y la forma en la cual se está realizando la MIA del proyecto. “Los estudios están siendo hechos por pedacitos. Existen los estudios de la fase. Luego hay el estudio del tramo 4. Van a sacar del tramo 5. Hay tramos que no tiene manifestación de impacto ambiental”, relata el abogado, “aún así no fue suficiente para suspender la obra”.
El abogado considera la decisión un retroceso en materia ambiental. Los proyectos que tengan o puedan tener impactos negativos en el medio ambiente “aplica el principio precautorio, en el cual ante la falta de certeza de los impactos que puedan llegar a tener un proyecto, es preferible proteger al medio ambiente, es decir, en caso de duda, mejor proteger a la naturaleza”. Pero se desconsideró totalmente este principio.
A eso se suma la violación a los derechos de los pueblos. “Sí se da una consulta indígena en 2019. Pero esta consulta se da en el margen de la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Solamente sacan aspectos positivos. Ni siquiera se tenía los estudios de impacto ambiental, entonces qué información se les iba a dar a los pueblos indígenas para que se aprobara o no el proyecto”.
No se cumplió
A pesar de la resolución de los tribunales de suspender el proyecto, en marzo de 2021, las obras jamás fueron paralizadas.
“El poder judicial al notificar la autoridad sobre su decisión sí le pide un informe de cómo está cumpliendo”, explica Anguas.
En el caso del Tren Maya, las autoridades nunca rindieron este informe de cumplimiento de las suspensiones, cuenta el abogado. “Bastó con que las autoridades interpusieran sus recursos para que el juzgado se hiciera a un lado y no continuara con la supervisión de cumplimiento de estas suspensiones”.
Indignación interpuso incidentes de violación a las suspensiones, sin embargo, “debido a la burocracia” nunca se resolvieron.
En un comunicado, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal e Indignación sostienen que todo eso evidencia “las autoritarias decisiones de los Poderes de la Unión para imponer un proyecto en la península. También se continúa con la obstaculización de la defensa de derechos con base en intereses políticos sobre los territorios mayas, y con ello se pone en riesgo total y alta vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos”.
La experiencia del abogado corrobora que existe “un actuar generalizado del Poder Judicial de revocar las suspensiones para que el proyecto continúe”.
¿Qué sigue?
Ahora el objetivo es continuar con los juicios contra el proyecto. “A pesar de que nos revocaron las medidas de protección, los juicios continúan hasta que se emita una sentencia final. Eso nos puede llevar a las últimas instancias e incluso intentar que la Suprema Corte atraiga los casos”, explica Anguas.
