La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).
Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.
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En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.
La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.
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“Las suspensiones mencionadas, confirman que se ha tenido que recurrir a juicios para defender nuestro territorio (…). Exigimos a las autoridades respeten y hagan respetar la suspensión de plano otorgada por el Tribunal Colegiado”, sostiene la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) en un comunicado.
Además de las dos suspensiones, González sostiene que las fechas previstas en el permiso concedido por la Comisión Reguladora de Energía, en 2017, para la realización del parque eólico, ya han caducado. “El permiso señala que la terminación de obras tendría que haberse dado el 31 de mayo de 2019 y la operación tendría que haber iniciado el 1o de junio de 2019”, explica.
Así que “no hay condición de ningún tipo para que la empresa pretenda iniciar trabajos para la construcción del parque eólico”, evalúa el abogado.
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Tierras de uso común
En el caso de la suspensión lograda en septiembre de 2021 por los comuneros de Juchitán de Zaragoza, que resisten a la imposición de este proyecto, argumentaron que se pretende construir el parque en tierras comunales sin la autorización del pueblo indígena que vive en Juchitán y sus cinco anexos.
En la decisión, el colegiado declaró: “(…) Que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”.
El abogado aclara que la eólica EDF hizo declaraciones manifestando que la suspensión no le causa ninguna afectación, argumentando que la construcción de la central eólica se va a realizar fuera de los terrenos comunales.
“Quiero dejar claro que no es cierto lo que dice la empresa. La totalidad o la mayor parte de las obras que pretende realizar la empresa EDF se ubica dentro de la superficie que fue reconocida y titulada a la comunidad de Juchitán y sus anexos, mediante resolución presidencial en el año de 1964. Existen los documentos, existe la resolución presidencial. Dentro del expediente agrario están los títulos primordiales que dan fe de la posesión y de la propiedad ancestral que Juchitán y las diversas comunidades que lo componen han tenido desde hace siglos. Son tierras comunales y están constitucionalmente protegidas de acuerdo a la Ley Agraria”, sostiene González.
Actualmente existen 29 parques eólico en el Istmo de Tehuantepec, de los cuales 26 son de empresas privadas. Solamente en las tierras comunales de Juchitán hay una ocupación de 50 mil hectáreas por parte de estas empresas, en su mayoría transnacionales.
