Incertidumbre en Union Hidalgo Oaxaca por la instalacion de un 2º parque eólico

Por Renata Bessi y Eugenia López


La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, vive desde un año la incertidumbre de la instalación de un segundo parque eólico en su territorio. El primero fue el proyecto Piedra Larga instalado en 2011. Después de diversas solicitudes de información por medio de vías oficiales a órganos del gobierno estatal y federal, la comunidad indígena logró obtener en agosto de este año 2017 la confirmación del permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano de la Secretaría de Energía de México, a la empresa Eólica de Oaxaca SAPI de CV, filial de la transnacional francesa EDF Energies Nouvelles.

“Nos enteramos por medio de notas periodísticas sobre las intenciones de la empresa y del gobierno de instalar el parque, hasta que logramos la confirmación de forma oficial, que solamente nos llegó porque nos movimos para eso. Hasta hoy ellos no se acercaron a nosotros para informarnos y mucho menos para pedirnos permiso”, sostuvo Juan Regalado, indígena zapoteca, comunero de la comunidad.

La autorización fue otorgada por el gobierno mexicano en tiempo récord. La empresa francesa solicitó el permiso el 27 de abril de 2017 y se le autorizó el 29 de junio. De acuerdo con el permiso, el inicio de las obras debería ser el 1 de diciembre de 2017 para terminar el 31 de mayo de 2019. La operación del parque debería iniciar el 1 de junio de 2019.

La empresa EDF, contacta por Avispa Midia, contestó por medio de su departamento de prensa en Francia que las obras de instalación del parque en Unión Hidalgo no deben iniciar antes de julio de 2018. El retraso se debe, según la empresa, a los sismos que debastaron la región en el mes de septiembre.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, obtenido por Avispa Midia, EDF tiene como objetivo principal diseñar, preparar el sitio, construir, operar y mantener el proyecto llamado Central Eólica “Gunaa Sicarú” con capacidad total de 300 MW, el cual está integrado por un parque eólico que incluye 115 aerogeneradores de dos alturas diferentes (80 y 93 m), una subestación eléctrica de 300 MW de capacidad (SE “Gunaa Sicarú”), vialidades internas, y una línea de transmisión eléctrica de 230 kV.

Además el proyecto tiene la posibilidad de ser considerado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto establecido en su artículo 12, que permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas implementar este tipo de tecnologías para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), establecidas en el Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Así, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de Unión Hidalgo dice que el proyecto,“contribuirá notablemente en el aspecto medio ambiental al evitar la emisión equivalente de 797,630 toneladas de CO2 a la atmósfera, mitigando de manera significativa los efectos de la acumulación de los gases causantes del efecto invernadero y reduciendo la contaminación atmosférica y el calentamiento global del planeta”.

La poderosa EDF

EDF, Electricidad de Francia (Électricité de France), es la principal empresa de producción y distribución de electricidad de Francia, y uno de los líderes mundiales en el sector de las energías bajas en carbono. Está presente en alrededor de 30 países, tanto en producción o distribución de electricidad como en el sector de los servicios. En 2014, se volvió dueña al 100% de una filial llamada EDF Énergies Nouvelles (EDF “Energías Nuevas”), que se dedica al desarrollo de parques eólicos y solares, así como de centrales hidroeléctricas y de biomasa alrededor del mundo.

De 1946 a 2005, EDF fue una empresa de estado. Alrededor de 10 años, cuando el gobierno francés decide privatizarla, se vuelve sociedad anónima y empieza a cotizar en la Bolsa de París. Sin embargo, su principal inversionista sigue siendo el estado francés, el cual, al 3 de abril del año 2016, era dueño de 84,94% del capital de la empresa.

Su presidente es nombrado por el consejo ministerial del estado francés, con la aprobación de la Asamblea Nacional y del Senado y bajo propuesta del consejo administrativo de la empresa. La relaciones de poder entre el gobierno de Francia y EDF son complejas. La empresa es seguramente la más poderosa del país. Para ciertas personas, el poder de EDF representa una amenaza y debería de ser limitado. Delphine Baltho, ex-ministra de Ecología (2012-2013), relata: “Terminé llamándole irónicamente “el ministro fantasma de las energías” al presidente de EDF, para mostrar que no es el estado el que manda a EDF sino al revés, pareciera que es el jefe de EDF el que manda al estado”.

Sin embargo, observando la situación más de cerca, podemos darnos cuenta de que no se trata tanto de una competencia entre la empresa y el estado sino de relaciones estrechas entre una elite que se mueve en los dos mundos del negocio y de la política, con intereses económicos en común. No es por nada que el nuevo presidente de EDF Jean-Bernad Levy fue nombrado por el ex-presidente de la república François Hollande, su amigo desde la adolescencia. En ese entonces, el ministro de economía era Emmanuel Macron, actualmente presidente de la República.

Mapeo de la comunidad

La Evaluación de Impacto Social (EIS) del proyecto, otro de los requisitos para obtener el permiso, fue presentado por la empresa al gobierno mexicano en enero de este año. De acuerdo con Elena Villafuerte, responsable del programa de incidencia del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) – organización que ha acompañado y diseñado la defensa jurídica de la comunidad de Unión Hidalgo desde el año 2011, con la instalación del proyecto eólico Piedra Larga – el documento es una especie de guía de la empresa para saber como desarrollar sus relaciones con las personas de la comunidad.

“El objetivo es hacer una radiografía de la comunidad, incluso identificando aquellos que potencialmente podrían oponerse al proyecto. Ciertos grupos de la comunidad se estén catalogando como opositores al proyecto cuando no necesariamente es así. No ha habido un dialogo entre la empresa y la comunidad. No ha habido un acercamiento por parte de la empresa para poder presentar el proyecto y dialogar. Entonces nos genera dudas la perspectiva con que están catalogando algunos grupos de la comunidad”, dijo Villafuerte.

Su organización obtuvo el documento por vías judiciales: la EIS tiene carácter publico, pero no es de fácil acceso, para obtenerlo es necesario hacer una solicitud de información al gobierno mexicano.

 

¿Pedir permiso?

Mientras gran parte de los trámites y acuerdos para la implementación del proyecto ya están listos – por ejemplo, las tierras ya fueron adquiridas por la empresa, autorizaciones ya fueron otorgadas, estudios ya fueron pagos por la empresa y aprobados por el Estados – EDF garantiza a Avispa Midia que el proyecto está condicionado a la consulta pública: “La CRE nos ha otorgado un permiso a nosotros y a muchas otras empresas también, a través de su procedimiento normal. El permiso es sólo uno de los pasos requeridos para construir un proyecto. Los municipios no concederán el permiso de construcción antes de que se concluya la consulta pública y cualquier otro permiso también será condicionado a la conclusión de este proceso de consulta”.

Pero este punto de vista no es compartido por los comuneros de la comunidad y por la abogada de ProDESC. Antes de entregar la autorización a la empresa francesa, sostiene Villafuerte, la comunidad debió haber sido consultada ya que se trata de una comunidad indígena y estas tierras están reconocidas jurídicamente como propiedad social y pertenecen a la asamblea de comuneros, pero no sucedió. Lo que es cierto es que difícilmente el Estado mexicano echará por atrás el proyecto del parque eólico justamente porque muchos intereses y acuerdos están en juego. Villafuerte explica: “si ya se establecieron una serie de plazos para la instalación del parque es porque EDF ya tiene una serie de contratos firmados con las empresas que serán beneficiadas con la producción de energía de su parque”. Y contratos como estos difícilmente se echan para atrás.

Se sabe por medio de notas periodísticas que los gobiernos estatal y federal crearon de forma apresurada el Comité Técnico para la Consulta Unión Hidalgo, en el que participan la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca. Pero hasta ahora la comunidad no ha sido informada.

A pesar de eso, la empresa confirma a Avispa Midia de que ya está en la comunidad haciendo su trabajo de información y de distribución de beneficios. “EDF en México ha trabajado de cerca con las comunidades, comunicando acerca de los beneficios que trae este tipo de proyecto”. Tras el terremoto, “el apoyo a las comunidades ha sido extenso, permanente y muy efectivo desde el primer día”, dice la empresa.

Para los comuneros de Unión Hidalgo, la intervención de la empresa en la comunidad antes de se establecer el proceso de consulta viola los acuerdos internacionales, que hablan de una consulta libre, informada y previa a la elaboración del proyecto. “Lo que hemos notado es que la empresa, junto con las personas que han abogado por ella, han ido a las escuelas y han hecho algunas obras de caridad para que cuando venga la consulta la gente agradezca a la empresa porque construyó un baño, o porque hizo un pozo, porque entregó un trofeo. Entonces cuando se hace eso previamente a la consulta pues ya no es de buena fe, pues ya se está induciendo hacia un lado la consulta”, José Arenas López, vecino de la comunidad e integrante del colectivo Binni Cubi, que mantiene una radio comunitaria en Unión Hidalgo.

Además lo que están tratando de hacer es intimidar a la gente que no piensa como ellos, dijo Arenas. “Dicen que nosotros nos oponemos al desarrollo. Estas empresas ya tienen definido el proyecto, ya hay una aprobación por parte de la Secretaria de Energía. Entonces cuando se refieren a consulta previa, pues eso no tiene nada de previo. El primero a no respetar las leyes es el propio Estado. Con estas situaciones está claro que lo que quieren hacer es un tramite para legitimar la entrada de más proyectos eólicos”.

Otro factor importante es el terremoto de 7 de septiembre que devastó el Istmo de Tehuantepec. “No vemos que hayan condiciones para llevar a cabo una consulta en medio de un proceso de crisis y psicosis colectiva. Todavía hay replicas y más temblores, todavía siguen los daños. En medio a un proceso de reconstrucción parece complicado que se impulse un proceso de consulta”, dice Villafuerte.

Vea también: México: Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca

Diversas organizaciones de Derechos Humanos de Oaxaca hicieron un llamado al gobierno federal y estatal para que deje sin efectos el permiso a la empresa francesa y realice un proceso de consulta. “Lo que queremos es una consulta organizada por nosotros”, afirma Regalado.

“Estamos agotando las vías de acceso a información y de las instancias jurisdiccionales del estado mexicano. Si las obras llegan a la comunidad justificada por un proceso de consulta lleno de vicios, cuando las maquinas lleguen al territorio se va a generar una resistencia física. No se descarta una ola de violencia. Lo que no queremos es que llegue a eso”, dijo el integrante del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio, Romel Matus.

“No somos gente de violencia, pero si nos vamos a inconformar”, sostuvo el comunero Regalado.

Avispa Midia preguntó a la empresa si tiene conocimiento de que existen muchas indagaciones por parte de la comunidad hacia el proyecto. La respuesta: “A lo largo de su experiencia en México, EDF EN ha podido ver que la población apoya y recibe de forma abrumadora a los nuevos proyectos”.

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¿Qué dice EDF sobre el diálogo?

Irónicamente, uno de los compromisos prioritarios de la empresa EDF en sus proyectos de “energía limpia” es lo que llama de “diálogo y concertación”. Según su página en internet, concretamente el concepto significa que, para cada proyecto, la empresa deberá: identificar las partes interesadas, iniciar la concertación lo más temprano posible, informar de forma clara y transparente acerca del proyecto, recolectar las opiniones de las distintas partes y darles respuestas, establecer un sistema para procesar las propuestas y los reclamos, cuidar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de concertación.

Memoria viva

Las malas experiencias con empresas eólicas no son nuevas para la comunidad de Unión Hidalgo. En 2011, fue instalado en su territorio el parque eólico Piedra Larga, perteneciente a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la transnacional española, Renovalia Energy. Ningún proceso de consulta a la comunidad fue realizado.

De acuerdo con documentos de ProDESC, representantes de Demex en 2004 llegaron a los domicilios de los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo y les solicitaron que les rentarán sus terrenos ofreciéndoles grandes beneficios económicos y la posibilidad de seguir utilizando sus tierras. Mediante engaños, con poca información proporcionada además en idioma español cuando en la región se habla zapoteco y sin contar con datos sobre las implicaciones del proyecto que se construiría en su territorio, de 2006 a 2011 los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo firmaron contratos de arrendamiento a título individual con la empresa DEMEX.

Al firmarse los contratos no se respetó el carácter comunal de la tierra ya que en los documentos se asentó la calidad de los firmantes como pequeños propietarios y no como comuneros o posesionarios. “Tomando en cuenta que es una comunidad indígena debió haber un dialogo con la asamblea comunal, y no simplemente firmar contratos individuales como si fueran pequeños propietarios. Justamente por ser tierra comunal no se podría firmar contratos individuales”, explica la abogada de ProDESC.

Desde la llegada de la empresa, comuneros han sido víctimas de constantes intimidaciones, han visto obstruidos los caminos que van hacia sus tierras de cultivo y han sido testigos de la contaminación de sus tierras a causa del aceite vertido por los aerogeneradores. La contaminación ha derivado en la disminución de la productividad de sus tierras y, por lo tanto, en la afectación de la economía local. Los vecinos se dieron cuenta que los aerogeneradores no permitían ninguna convivencia con las otras actividades económicas que estaban acostumbrados a realizar.

Los comuneros empezaron entonces a organizarse en contra de la empresa. Por eso, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo han sido víctimas de actos violentos y amenazas. Ante estas acciones, se han interpuesto denuncias penales y se han implementado medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca.

En junio de 2013, los comuneros de Unión Hidalgo, acompañados por ProDESC, interpusieron una demanda agraria en contra de DEMEX ante el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Veintidós en la que solicitan la nulidad de los contratos celebrados con la empresa. “La defensa jurídica en los tribunales agrarios lo que plantea es que los contratos al ser individuales, estando en una propiedad comunal, son contratos nulos”, explica la abogada.

Hubo una sentencia en el año de 2016 en el cual el tribunal reconoce la calidad de las tierras comunales, reconoce la asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, pero valida los contratos firmados. “Lo que para nosotras nos parece fuera de lógica. Entonces hubo que ampararse ante esta sentencia. El proceso sigue todavía”, explica Villafuerte.