En portada: Sierra Norte de Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F
En Oaxaca, el gobernador del estado, con el aval del Congreso local, decretó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, mediante la cual promueve la privatización de las tierras de propiedad social.
Según el discurso de Salomón Jara, y acorde a lo aprobado por los diputados en el inciso B de dicha ley, se busca fortalecer los ingresos estatales mediante la incorporación a la propiedad privada de las tierras ejidales y comunales.
Además, en su artículo 25, plantea otorgar estímulos fiscales para que los ejidatarios y comuneros promuevan los trámites para la certificación de derechos agrarios bajo la modalidad de dominio pleno.
No obstante, dicha política encendió las alarmas en los ejidos y comunidades del estado al sur de México, donde de acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta el 2022 existen más de 7 millones 600 mil hectáreas de tierras de propiedad social. Es decir, más del 80% del territorio oaxaqueño.
Ante ello, se pronunciaron por lo que califican como “política económica neoliberal” pues acorde a los ejidos y comundiades, la ley vulnera la seguridad jurídida de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos consagrado en el artículo 27 de la Constitución mexicana.
Por ello, mediante pronunciamiento, ejidos, comunidades, autoridades agrarias y organizaciones oaxaqueñas exigen la derogación de dicha ley que consideran “política recaudatoria neoliberal”.
“La parte del decreto que se cuestiona es, una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por Carlos Salina de Gortari (ex presidente de México) mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el Estado de Oaxaca”, contextualizan en el documento.
En el pronunciamiento, argumentan que la pretensión del gobierno oaxaqueño de incrementar la recaudación de impuestos mediante pago por derechos catastrales y registrales “demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales”
El decreto, califican, socaba la base de la propiedad social en Oaxaca y manifiesta una “política neoliberal salinista” de privatización de la tierra de los ejidos y comunidades. Por ello, exigieron al gobernador ordene la derogación del artículo 25 de la Ley.
Además, demandan también la anulación del programada denominado “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, pues argumentan que las comunidades agrarias y los ejidos ya cuentan con la certeza jurídica en sus carpetas inscritas ante el RAN.
“El programa que pretende implementar, en lo absoluto beneficia a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos impuestos en la región del istmo y las concesiones mineras”, sostienen.
Por último, llaman a pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos y organizaciones sociales para realizar acciones que exijan la derogación de “la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad social”.
