En portada: Habitantes de Puente Madera, entre ellos David Hernández Salazar, reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste
La Asamblea Comunitaria de Puente Madera, población zapoteca ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, se posicionó para repudiar la sentencia dictada contra David Hernández Salazar quien participa en la organización comunitaria para rechazar la imposición de un parque industrial, asociado al megaproyecto del Corredor Interoceánico, en tierras de comunales.
El pasado 30 de enero, Hernández, agente comunitario y también integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) fue declarado culpable por ataques a las vías de comunicación y daños por incendio.
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En audiencia este miércoles (7), el Juez de Distrito ratificó la sentencia contra Hernández Salazar por 46 años y 6 meses de prisión, así como una multa por 182 mil pesos y un pago por reparación de daños que rebasa el millón de pesos.
Para las organizaciones indígenas del Istmo que acompañan el caso, “estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”.
Tanto la APIIDTT, como la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reclaman que las autoridades ignoraron y desecharon pruebas e información “que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante”.
Por ello, acusan, tanto el ministerio público como el juez decidieron incriminarlo por delitos fundamentados en lo que consideran falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. “Esto deja claro la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”.
Persecución judicial
Las organizaciones indígenas detallan que Hernández ha sido objeto de criminalización desde el año 2017 debido a su lucha por la defensa de las tierras de uso común de Monte Pitayal, donde en aquel momento se pretendía imponer una subestación eléctrica a cargo del ejército mexicano.
También, en 2021, siendo agente comunitario de Puente Madera e integrante de la coordinación general de la APIIDTT, fue judicializado y persegudio por autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas incluyen al municipio de San Blas Atempa, el gobierno del estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, las Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Tras una primera demanda federal, cuya carpeta judicial es 269/2021, no fue vinculado a proceso.
No obstante, a inicios del año 2022 se gira la Causa Penal 446/2022, con lo cual, el 16 de enero del 2023 acontece su detención ilegal -de la cual fue liberado horas después- y abrió la carpeta de investigación por la cual se le dictó sentencia actualmente.
Cabe destacar que, en octubre de 2023 se le notificó de una nueva demanda federal cuya audiencia inicial se realizará apenas el próximo 21 de febrero. “En estos tres procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo”, enfatizan las organizaciones indígenas.
Aún con la sentencia reciente en su contra, la condena no es absoluta ni se ejecuta de manera inmediata. Las organizaciones indígenas detallan que esto se debe a que poseen amparos contra las órdenes de aprehensión de Hernández, así como contra otros 17 pobladores de Puente Madera incriminados en la Causa Penal 446/2022.
“Continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda”, declaran la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT.
Arrecia represión
Por otra parte, nueve pobladores de Santa María Mixtequila que fueron aprehendidos el 27 de enero, también en el Istmo oaxaqueño, fueron vinculados a prisión preventiva. Fue el pasado 2 de febrero cuando el juez de control de Tanivet dictó auto de vinculación a procesos contra los integrntes de la Resistencia Civil Mixtequillense.
Los indígenas detenidos han participado en las protestas de la comunidad mixteca contra la imposición de un “polo de desarrollo”, complejo industrial previsto a ocupar 502 hectáreas para albergar empresas agroindustriales, metales y textiles como parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
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La Resistencia Civil Mixtequillense señaló que, además de castigar a las personas que integran dicha organización, la actuación de las autoridades “busca acabar con todo tipo de oposición a la imposición del Polo de Desarrollo”, por lo cual han interpuesto un amparo para obtener la libertad de los procesados.
