Un vehículo cargado con explosivos estalló la mañana del sábado (6) frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ubicada en la costa de Michoacán, en un ataque que la comunidad vecina de Santa María Ostula, asegura, tiene el propósito de generar terror en la población “y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana”, implementado por las comunidades nahuas desde el año 2013.
El saldo tras el ataque divulgado por autoridades y actualizado en coberturas periodísticas es, hasta el cierre de esta edición, de varios muertos y decenas de lesionados, cifras que difieren según las fuentes consultadas. Los datos más reiterados hablan de cinco personas muertas y entre seis y doce lesionados. Además, resultado de la onda expansiva de la explosión, se reportan afectaciones a viviendas, comercios, vehículos y el centro médico del municipio en la región Costa-Sierra michoacana.
En una entrevista a medios internacionales, Héctor Zepeda Navarrete, líder de las autodefensas comunitarias de Coahuayana, detalló que el vehículo utilizado en el ataque, el cual transportaba plátanos, detonó cuando se aproximó a la puerta de la comandancia. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el conductor de la camioneta se encuentra dentro de los fallecidos, junto a otras dos personas que se encontraban en un hospital cercano.
Mientras las autoridades federales y estatales desplegaron peritos y elementos de la Secretaría de Defensa, Marina, así como de la Guardia Nacional, la población local y aledañas como la comunidad nahua de Ostula exigen el castigo a los responsables, materiales e intelectuales del ataque, así como garantías por parte de las autoridades de los tres niveles para el funcionamiento de sus sistemas de autodefensas, las cuales denuncian han sido obstruidas por las políticas de seguridad estatales y federales.
Mediante comunicado difundido este domingo (7), las y los pobladores de Ostula exigen “paz y justicia verdaderas, no de pura palabra”. La población nahua asevera que el ataque con el coche bomba es parte de una ofensiva sostenida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios”.
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En su posicionamiento, la población nahua señala que, a pesar de la escalada de la violencia, continuarán organizados para garantizar la seguridad de sus comunidades, así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.
Al mismo tiempo, expresaron su solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Zepeda Navarrete debido al “enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década”.
En tanto, la población de Ostula exige, tanto al gobierno federal como estatal, la desarticulación del CJNG, y cualquier otra organización criminal, pues acorde a la comunidad nahua, los discursos del Estado son “puramente demagógicos” al proclamar los derechos de los pueblos originarios, “mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales”, denuncian.
Plan Michoacán, engañoso
El ataque con el coche bomba ocurre en medio de un denominado proceso de “pacificación” en el estado, ejecutado por parte del gobierno federal con la implementación del “Plan Michoacán por la Paz y Justicia”, el cual, acusa la comunidad de Ostula, cuenta con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos, “pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia”.
Dicho plan fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público en la entidad.
Por el contrario, asevera la comunidad de Ostula, mediante el despliegue de las fuerzas federales y militares en Michoacán “han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre”.
Por su parte, tras el anuncio del Plan, y por medio de un pronunciamiento público, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) - conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos en dicha entidad – había advertido que dicha estrategia fue ensamblada sin consulta amplia a las comunidades, por lo que es “discriminatorio, unilateral y engañoso”.
En su denuncia, el CSIM sostiene que, para la conformación del Plan Michoacán, las autoridades únicamente convocaron a 48 de las 500 comunidades que existen en la entidad, dándoles una “participación” solo de dos minutos para que cada pueblo expusiera sus problemas, por lo que califican dichas acciones como una simulación en la consulta de las comunidades.
“Ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas”, detalla su comunicado.
En su posicionamiento, el CSIM sostiene que ningún gobierno ni partido político ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos que se registra en distintas regiones de la entidad, pues han convertido a Michoacán en lo que califican como un “laboratorio de políticas de seguridad y planes nacionales y estatales”. El Consejo asegura que esto ocurre desde la implementación de la llamada “guerra contra el narco” iniciada con el “Operativo Conjunto Michoacán” implementado por el ex presidente Felipe Calderón en diciembre del 2006.
En un repaso histórico, el CSIM señala el fracaso de esta y otras iniciativas implementadas a lo largo de casi dos décadas, que van desde la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el Plan de Justicia P’urhèpecha, el Plan Lázaro Cárdenas del Río y ahora el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “En este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica”, denuncian.
Ante la reciente implementación del Plan Michoacán, las comunidades que integran el Consejo exigieron al Estado mexicano evitar la simulación, tal como aseguran ocurre con el Plan de Justicia P’urhèpecha, el cual señalan por no contar con presupuesto para su operación. En este caso, destacan el que se han ignorado sus demandas para la creación de una “Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos”.
Por último, la comunidad nahua de Ostula enfatiza que la solución no está en militarizar la región, el estado ni el país. Tampoco, sostienen, en la criminalización de las policías comunitarias sino en la desarticulación de las organizaciones criminales “desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado (..) la solución está en el respeto por parte de los gobiernos a las estructuras de seguridad que surgen desde nuestros municipios y comunidades, como es el caso de las policías comunitarias y las guardias comunales”, aseveran.
