Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.
Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones.
El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).
La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.
Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.
El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.
A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).
Persecución coordinada
El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.
El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.
Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.
En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses.
Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital.
