En portada: Incendios forestales se multiplican en toda la región amazónica. En el Perú, donde miles de hectáreas han sido destruidas, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal aprobada en enero del 2024. Foto: Aidesep.
Los incendios forestales en la Amazonía peruana devastaron, entre agosto y septiembre, miles de hectáreas de bosques ante la inacción del Gobierno. La catástrofe ambiental, que deja 20 personas fallecidas, no se explica solo por la sequía y el calentamiento global: detrás hay políticas denunciadas por los pueblos originarios.
En territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en conjunto, se perdieron millones de hectáreas en las últimas semanas. Brasil es el mayor afectado, con siete millones de hectáreas quemadas.
No se trata de quema de pastos fuera de control. La agricultura y la ganadería, principales causas de deforestación de la Amazonía, arrasan con inmensas áreas de selva tropical para plantaciones y pastoreo. El fuego también está consumiendo extensas zonas de vegetación en Paraguay y Argentina.
De acuerdo a un reporte publicado en julio por el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP), más de 106 millones de hectáreas de la región, equivalentes al 13% del bioma amazónico, están cubiertas de cultivos. Mientras que el pasto para ganado abarca 76,3 millones de hectáreas, de las cuales Brasil concentra el 92%. La ganadería ocupa el 9% del bioma amazónico.
En el Perú, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal, aprobada por el Congreso en enero de este año mediante procedimientos irregulares. Los cambios en la norma, propuestos por sectores políticos aliados a empresas extractivistas, permiten el saneamiento de terrenos deforestados.
Ley antiforestal le llaman las comunidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas contra la disposición, pues en la práctica se formaliza la deforestación de bosques amazónicos, favoreciendo a los monocultivos (palma aceitera, cacao, café), la tala, tráfico de terrenos, minería (legal e ilegal) y narcotráfico.
Licencia para depredar bosques
Entre las modificaciones a las regulaciones ambientales, se eliminó la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas, lo que facilita la tala y quema de vegetación en predios agrícolas y ganaderos aledaños a bosques. Los pueblos originarios denuncian que la ley incentiva la depredación de la Amazonía peruana, donde el área de bosques afectados por fuego creció en 60% de 2019 a 2023.
“Reiteremos nuestro rotundo rechazo a la emisión de normas y políticas agresivas como la Ley 31973, que agravan la situación y representa un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación, degradación forestal y el cambio climático. El cambio en artículos y la única disposición complementaria final respecto al procedimiento de clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existente, genera incentivos perversos para que las personas puedan obtener tierras, depredando los bosques mediante la tala o quema”, advierte la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
El Gobierno, inoperante ante la catástrofe ambiental, no declaró estado de emergencia hasta una semana después de la propagación del fuego en al menos 20 de las 25 regiones del Perú.
En total resultaron dañadas 1,200 hectáreas de bosques, fueron destruidas más de 2,200 hectáreas de cobertura natural y, además, se perdieron 1,500 hectáreas de cultivos, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. La mandataria Dina Boluarte apuntó responsabilidades a “prácticas ancestrales”.
En respuesta, la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), Ketty Marcela López, recalcó que “las prácticas ancestrales no hacen arder el Perú, el capitalismo sí”.
“El Estado no solo es incapaz de controlar los incendios, lo peor es que no tiene voluntad política para hacerlo. El sistema destructor de la Madre Naturaleza al que sirve necesita arrasar con vidas y derechos para profundizarse y perpetuarse. Por eso el Congreso aprobó la ley antiforestal, que, al promover las actividades ilegales, como la tala y el narcotráfico, y los monocultivos, crea las condiciones para multiplicar los incendios forestales”, expresó la Onamiap.
La posición ante la normativa es unánime en los pueblos indígenas, amenazados por la violencia contra defensores de territorios que ha cobrado la vida de 25 líderes y guardianes de la naturaleza desde 2020.
“Demandamos al Estado peruano, que claramente está afectando nuestros derechos, a que deje sus intereses económicos particulares y derogue la ley antiforestal 31973”, manifiesta el Gobierno Territorial Autónomo Awajún.
Los estudios arrojan que las tasas de siniestros son mucho más altas en áreas que están siendo deforestadas activamente, en comparación con las que no son desmontadas. Se estima que los incendios forestales masivos en áreas naturales de Sudamérica se multiplicarán en los próximos años. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que “podrían ser la nueva normalidad”. En medio de las actuales condiciones políticas y climáticas, la destrucción de la Amazonía ingresa a un punto sin retorno.
