En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters
Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”.
El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM), un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.
La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.
Irineo Mujica de Pueblos Sin Frontera advierte que el documento se entrega de manera informal a los integrantes de las caravanas, incluso lo llenan con tinta, “al aparecer no se está creando ninguna base de datos”, en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (Setram), para que tenga validez. Sin esto, son propensos a abusos y si les rompen o roban el documento no hay forma de saber que tienen permiso de estar en México.
Para algunas personas migrantes, el permiso puede ser aprovechado para llegar a la Ciudad de México y solicitar una cita con las autoridades migratorias a través de la aplicación móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
La CBP One es una aplicación que se descarga en el teléfono móvil y solo funciona si la persona se ubica en entidades del norte, centro del país, y del sur solo en Tabasco o Chiapas. La app fue creada para programar citas en los puertos de entrada terrestres de Estados Unidos.
Pero los migrantes contactados en Chiapas señalan que no logran concluir el proceso por fallas en la app, porque no carga o se satura. Esta situación, sumado a que no pueden salir del sur de México, les orilla a integrarse en caravanas.
“Bienvenidos a México”
Decenas de personas que esperan trámites migratorios viven en condiciones de precariedad en las calles de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Han estado varados por meses, por lo que muchos consideran avanzar caminando al norte del país.
Transcurren los primeros días de 2025 en alguna ciudad chiapaneca y Nico se preocupa porque no ha podido hacer la cita en CBP One y el INM tampoco les permite avanzar al norte del país.
Abandonó su país Venezuela, junto a su hermana y tres sobrinos menores de edad. Muchas veces se arrepiente en silencio de su decisión, pero el sentimiento no tiene la intensidad para hacerlo volver. “Es duro”, dice mientras sirve chicha en un pequeño vaso de plástico.
Juntó un poco de dinero para el viaje, hizo préstamos y vendió algunas pertenencias. “No quedó de otra”. La ruta ha sido larga, le ha tocado caminar y a veces en transporte, pero la selva del Darién la cruzaron a pie, “no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, lamenta Nico, como le dicen, pues su nombre es Nicolás.
“Estuvimos tres días en la selva, la comida se la llevó el río, pasamos muchas necesidades y fue horrible. En el camino nos ha pasado de todo, nos asaltaron, nos secuestraron y nos extorsionaron; en la frontera de Guatemala con México también caímos en las manos de un cártel y pagamos para poder salir”.
Al llegar al río Suchiate, del lado de Tecún Uman, San Marcos, Guatemala, los balseros les dijeron que a unos metros los esperaría un guía para indicarles la mejor vía para llegar a Tapachula, Chiapas. “Fue una mentira, nos metieron a un cuarto que parecía una cárcel, nos dijeron ‘bienvenidos a México’, nos pidieron dinero y tuvimos que pagar 50 dólares por persona para poder salir”.
De acuerdo a la experiencia de Nico, los migrantes menores a 3 años de edad pagan la mitad (25 dólares), pero de 7 años en adelante el costo es parejo y quienes no pagan tienen la “opción de servirle al cártel durante algunos meses”.
Hace cinco meses que Nico, su hermana y sobrinos no pueden abandonar Chiapas y dice sentirse cansado. “Hemos buscado trabajo y no nos dan, por eso pensamos y dijimos: nos podemos defender. Yo vendo chicha y mi hermana empanadas venezolanas, las originales. Gracias a Dios nos va bien”.
Nico vende en 25 pesos el vaso con la tradicional bebida a base de maíz, ofrece agregar cereal y un poco de canela. No se queda en un lugar, va y viene para esconderse de la autoridad municipal que le exige la compra de un permiso para poder vender.
Por todo el contexto, hace unos días consideraron alcanzar a la caravana que se mueve por la carretera costera. “Al menos para salir de Chiapas, porque no hay precisión sobre los procesos que tenemos que seguir, hay confusión. Vamos a recoger un poquito de dinero y seguir”.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, de enero a octubre de 2024, se registraron 31 denuncias por secuestro. Es el delito con más denuncias ante las autoridades, seguido de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con otros fines, explotación sexual de adultos y secuestro de menores.
Luis García Villagrán, agrega que el 50% de personas que cruzan el río Suchiate (frontera de México con Guatemala) son víctimas de secuestro, “el delito también se ha vuelto cotidiano en el tramo de Pijijiapan a Arriaga y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca”.
“Ahora si hablamos de las personas que han salido en las últimas caravanas unas 7,000 vivieron secuestro y la mayoría fueros extorsionadas de diferentes maneras, en algunos casos de manera coercitiva, incluso por la Marina, Sedena y no se diga de los agentes del INM. Da mucha pena”, dice el abogado.
“Me arrepiento”
La familia de Cleyber de 26 años y de Leo de 17 años consiguió un poco de dinero para que ambos se fueran de Venezuela.
Cleyber estuvo activo en las protestas en Venezuela. Relata que fue detenido durante seis meses y acusado de terrorismo. Durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió tortura y cuando lo dejaron salir fue víctima de persecución, hostigamiento y vigilancia, incluso en sus redes sociales.
En octubre llegaron a Tapachula, desde entonces Cleyber recorre las calles para buscar trabajo y comprar comida. Su hermano no puede apoyarlo debido a que padece una discapacidad intelectual. “Ha sido muy complicado, yo me arrepiento de haberme ido, pero no puedo volver porque me meten preso”.
“Aquí donde estoy tengo mucho miedo hasta de la migración que nos tuvo presos varios días en Tuxtla, no nos dieron comida, ni sábanas ni medicamento, aquí en Tapachula también me detuvieron en el Viva México”.
Cleyber recuerda que agentes del INM le ofrecieron trasladarlo de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y le pidieron dinero para agilizar un trámite que es gratuito. “Ofrecen llevarte más lejos, pero en su lugar nos retroceden. Me siento impotente, triste y me siento culpable de traer a mi hermano y no poder avanzar porque no tenemos dinero”.
Por lo pronto, comparten un pequeño cuarto con ocho adultos y dos niños. Aunque no se siente seguro de la decisión, considera que lo mejor será integrarse a las caravanas, pues la falta de empleo le preocupa y la responsabilidad de viajar con hermano. “Avanzar un poco por lo menos acompañados”.
Las caravanas que han salido desde el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, están integradas por personas de 20 nacionalidades, aunque hay grupos constituidos casi en su totalidad por originarios de Venezuela.
Según la Unidad de Política Migratoria, de enero a agosto de 2024 se registraron 925,085 presentaciones de migrantes en situación irregular, lo que corresponde a detenciones. En el desglose se reportaron 266,846 personas originarias de Venezuela, de Ecuador 92,487, Honduras 74,220, Guatemala 67,486, Colombia 59,434, El Salvador 56,300, entre otros países con menor número de detenidos.
Villagrán recuerda la diversidad en la migración y que son, precisamente, las personas que viajan sin presupuesto y en caravanas quienes son mayormente hostigadas, extorsionadas o detenidas por las autoridades con atribuciones de control migratorio.
Mientras esto sucede en la frontera sur, Claudia Sheinbaum ratificó a Francisco Garduño para continuar como Comisionado del INM por algunos meses a pesar del proceso judicial que tiene por el incendio en el que murieron 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se desconoce si Sergio Salomón Céspedes Peregrina será el siguiente Comisionado como se había anunciado desde octubre de 2024.
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