La mañana de este miércoles (12), cientos de campesinos del Bajo Aguán, hombres y mujeres sin tierra del departamento del Yoro e indígenas lencas realizaron una manifestación en la ciudad de San Pedro Sula, en el marco del “Foro de Derechos Humanos y Empresas”, realizado con el apoyo de la Unión Europea en la Cámara de Comercio e Industrias del departamento de Cortés, en la costa atlántica hondureña.
La protesta fue convocada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán y el Movimiento de hombres y mujeres sin tierra de Yoro para rechazar lo que consideran el “lavado de imagen” de gremiales empresariales como la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), el Consejo Hondureño de Empersa Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Acorde a los manifestantes, estas gremiales cobijan a empresas que, “durante décadas se han dedicado a atacar a personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, y al sistema de justicia de nuestro país, promoviendo golpes a la institucionalidad del Estado, corrupción y violencia para convertir el sistema de justicia y seguridad de Honduras en un sistema de impunidad y persecución”.
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Durante la movilización, los participantes rechazaron la utilización de lenguaje de Derechos Humanos para lavar la imagen de las gremiales empresariales, a quienes señalan por estar “manchados con la sangre de defensoras y defensores de derechos humanos y del pueblo hondureño”.
Mediante comunicado, las organizaciones convocantes señalan que las empresas participantes del foro “dependen de la impunidad para despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, su agua y tierra, con fraudes de ley y con violencia”.
Para ejemplificar los casos de violencia e impunidad, destacan el brutal asesinato, ocurrido en el año 2016, de la lideresa lenca y coordinadora del Copinh, Berta Cáceres. Acorde a las organizaciones indígenas y sociales éste es “un crimen perpetuado por la estructura criminal de la empresa DESA propiedad de la familia Atala, con el apoyo explícito de AHER y el COHEP”.
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A su vez, señalan que empresas agroindustriales como Corporación Dinant y mineras aglutinadas en la COHEP y ANDI “contratan empresas de seguridad y grupos criminales que desplazan extrajudicialmente a comunidades campesinas con el objetivo de lucrar de tierras que por ley no pueden poseer, como lo que sufrió el 24 de diciembre la Cooperativa Camarones”.
Destacaron que empresas hondureñas están detrás de los asesinatos de campesinos y defensores del territorio como son los casos de Juan López, Hipólito Rivas, Antonio Trejo y José Angel Flores.
“Destruyen masivamente los cultivos de organizaciones campesinas mientras el pueblo sufre el hambre. Controlan y/o se vinculan con redes violentas y corruptas, quienes utilizan el asesinato, la tortura, la desaparición, y otros crímenes de lesa humanidad para lucrar de los recursos de las comunidades”, denunciaron durante la protesta.
Las organizaciones convocantes enfatizaron que la institucionalidad internacional, en el marco de los Derechos Humanos, es uno de los pocos espacios donde se busca respuestas ante los crímenes de lesa humanidad que el pueblo hondureño sufre por el irrespeto de las leyes en el país centroamericano. “Los convenios ratificados sobre derechos humanos ya forman parte de la jurisprudencia hondureña, no son aspiracionales, son derechos que tienen que ser aplicados en contra de quienes los violen”, exigieron.
Por ello, demandaron sancionar a las empresas violadoras de derechos humanos y hacer respetar las leyes que, entre ellas, prohíben constitucionalmente el latifundio; obligan a la realización de consultas ante megaproyectos y la multitud de leyes que respaldan los derechos de las comunidades sobre las tierras y el agua.
“Las organizaciones víctimas de la violencia empresarial creemos que no es posible utilizar el lenguaje de derechos humanos para encubrir a empresas asesinas y mucho menos invertir en ellas”, acusaron.
